Los balnearios ubicados en Asunción, Central, Caaguazú e Itapúa no se encuentran habilitados debido a la situación epidemiológica de dichas regiones a causa del COVID-19, aclaró el Ministerio de Salud este sábado. Al mismo tiempo, instan a los propietarios de estos establecimientos a realizar los trámites requeridos para contar con la habilitación y garantizar a la ciudadanía un tiempo de verano seguro.

Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sostuvo que Alto Paraná y Caaguazú registraron aumento importante de casos. Mientras que Itapúa también cuenta con un aumento significativo de positivos, mientras que Central y Asunción siguen siendo el epicentro de contagios del COVID-19 a nivel país.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recuerda que los dueños de los balnearios que no acaten esta medida se exponen a multas que van desde 3.000 a 20.000 jornales diarios. Además, señalan la vigencia de la Resolución Nº 159/05, por la cual se establecen los requisitos que deben adoptar dichos establecimientos para ser habilitados por las comunas.

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El Mades también aclara que no está entre sus competencias la habilitación o no de los complejos veraniegos. Afirman que dicha responsabilidad corresponde a los municipios, que deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Desde este sábado 16 de enero se habilitan al público en general, bajo medidas sanitarias, un total de 92 balnearios en varios puntos del país. Se anuncian controles aleatorios en dichos establecimientos veraniegos para verificar el cumplimiento de los protocolos.

Sin embargo, los balnearios no cuentan con el visto bueno del Ministerio de Salud con respecto a las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

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Desde este fin de semana los controles arrancarían en Cordillera, mientras que en el resto de los departamentos la semana que viene. Serán en total 12 los fiscalizadores del Mades que se encargarán de los controles.

La asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente y Desarro­llo Sostenible (Mades) pre­sentó denuncia ante la Uni­dad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público. Fueron remitidos todos los antecedentes y el resultado del sumario admi­nistrativo que se le realizó a José Luis Andrés Manzoni Wasmosy, responsable de la ganadera y agrícola Pal­meira SA, ubicada en Cor­pus Christi, Canindeyú, por infracción a la Ley de Evalua­ción de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos.

Al respecto, Hugo Cardozo Pintos, asesor jurídico de Mades, explicó que la denun­cia a la ganadera Palmeira fue por ocultamiento de datos respecto a la deforestación de unas 600 hectáreas ocu­rrida mucho antes de obte­ner licencia ambiental. El caso fue derivado a la Fisca­lía del Ambiente en diciem­bre pasado. Indicó que para acceder a esa licencia, tanto el consultor como el propo­nente, el dueño del proyecto, ocultaron intencionalmente el desmonte que ya había ocurrido antes de solicitar la licencia correspondiente.

“El ocultamiento de datos es también sancionado, inclu­yendo al consultor. En el 2017 presentaron su informe de auditoría también con ocul­tamiento del desmonte que habían hecho desde el 2003, ya desde esa época estaban desmontando sin tener la licencia de impacto ambien­tal del Mades ni de Infona, alrededor de 600 hectáreas. No solo es una sanción por el daño ambiental de 600 hec­táreas, sino el haber iniciado el proyecto antes de tener la licencia y el haber ocultado esos datos en su posterior solicitud”, explicó Cardozo.

Igualmente, señaló que este caso implicará además un sumario interno para cono­cer por qué en el informe de geomática no salió detallado el cambio de uso de suelo y el desmonte de las 600 hectá­reas porque toda superficie boscosa tiene que ser detec­tada, y más un desmonte de estas dimensiones, que causa un daño tremendo a la fauna y flora.

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre el Mades resolvió imponer una multa de 20.000 jornales míni­mos por infracción a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recur­sos Hídricos tras culminar el sumario administrativo a Manzoni Wasmosy, que recibió la calificación como infracción gravísima enmar­cada dentro de las previsio­nes fijadas en varias norma­tivas legales.

Independientemente a la apli­cación de esta multa, el Mades por instrucción del titular de esta institución, Ariel Oviedo, remitió todos los anteceden­tes a la Fiscalía del Ambiente. “Es una norma de esta admi­nistración que todo cambio de uso del suelo, así como cual­quier otro hecho que pudiera ser punible, como el caso de los arroceros, desvío de un arroyo, río; todos estos casos sean derivados al Ministerio Público, principalmente a la Unidad Especializada de Deli­tos Ambientales”, precisó.

Tras conocerse la resolución del Mades de imponer una millo­naria multa de 20.000 jornales mínimos a José Luis Andrés Manzoni Wasmosy, responsable de la ganadera y agrícola Pal­meira SA, este a través de su abogado, Diego Aguilar, presentó al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) un pedido de reconsideración de la multa impuesta.

Al respecto, el asesor jurídico del Mades, Hugo Cardozo Pintos, indicó que están analizando dicha solicitud. Asimismo, men­cionó que en este enero estarán dando una respuesta al res­pecto. Indicó que ellos no pueden decir que el dueño se niegue a pagar la multa, porque aún existe este proceso de reconsidera­ción y la sentencia aún no está firme y ejecutoriada.

­El ex ministro del Ambiente y Desa­rrollo Sostenible (Mades) y ex titular del Ins­tituto Forestal Nacional Rolando de Barros sostuvo que el único objetivo de la expropiación de las tierras de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, es político-económico, y no de cumplir con la deficien­cia habitacional para los com­patriotas que ocupan esas tie­rras en forma ilegal.

De Barros hace un fuerte lla­mado a la sociedad en general para exigir a las autoridades del Gobierno la protección de la Reserva Yberá, patri­monio natural de todos los paraguayos, ya que es la única esperanza de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí.

“No podemos permitir que un patrimonio natural de inte­rés general sea destruido por un sector político con oscuras intenciones, violando leyes nacionales e internaciona­les con el único objetivo de extraer rollos de madera de gran valor económico para poder seguir solventando sus campañas políticas arra­sando con los recursos natu­rales con la supuesta excusa de la falta de respuesta del Gobierno a la problemática habitacional de los diferentes sectores sociales”, sostuvo en comunicación con La Nación.

Indicó que esta misma situa­ción que se da en Marina Cué, se ha visto en varias ocasiones y es de público conocimiento, como ocu­rre con la invasión y depre­dación de la estancia Pindó. En esta última reciente­mente se constató la defo­restación de más de 2.000 hectáreas de bosque nativo para extracción de rollos de especies nativas sin que se pueda frenar la salvaje defo­restación.

“Se sabe que algunos senadores están incitando a su invasión y depredación, lo mismo ocurre con la reserva Morombí, que se encuen­tra al acecho constantes de estos sectores que no respe­tan nuestros recursos natura­les y buscan sacar ganancias económicas y políticas con la explotación y degradación de los bosques nativos. Por eso no podemos permitir una vez más que una reserva de gran valor natural y científico sea destruido por intereses polí­ticos”, enfatizó el ex titular del Mades.

Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a resguardar este patrimonio natural de todos los paraguayos. “El Gobierno debe vetar este inadmisi­ble proyecto y demostrar su compromiso con el medio ambiente y sus futuras gene­raciones. No debemos retro­ceder en todo lo que como país se ha conseguido avanzar en materia ambiental y todo el gran esfuerzo realizado por todos los sectores, en especial el agropecuario, para incor­porar mayor tecnología para ser más eficientes y disminuir los impactos ambientales apuntando así al desarrollo sostenible de nuestro país”, concluyó.

Ante la inminente destrucción de la Reserva Científica Yberá, conocida como Marina Cué, si no se da el veto total del Ejecu­tivo, organizaciones ambien­tales, gremios de la produc­ción así como ex ministros del Ambiente exhortan al presi­dente Mario Abdo Benítez a proteger la Reserva Yberá, que es patrimonio natural de todos los paraguayos, y soli­citan el veto total al proyecto de ley que expropia estas tie­rras a favor de sus ocupantes ilegales.

El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el martes para definir por la promulgación o veto de la ley que expro­pia las tierras, la cual tuvo una sanción récord en 72 horas en ambas cámaras del Congreso sin analizar que la misma era inconstitucional.