Resaltan la importancia de proponer políticas de Estado que impulsen a la educación y que la gente tenga un grado de instrucción para que sepa cuándo el trabajo no le conviene. Esto, en el marco del Día Mundial contra la Trata, ocasión que la fiscala Natalia Acevedo, de la unidad de Trata de la Fiscalía, aprovechó para emitir un mensaje sobre la importancia de que la gente entienda que la trata es una realidad.

“Que la gente tome conciencia que la trata existe, te puede pasar a vos. La trata de personas existe en todas sus esferas, nadie es de confianza, siempre tenemos que dudar cuando nos ofrecen algún tipo de trabajo. Tenemos que impulsar el diálogo siempre con la familia, conste que a veces integrantes de la familia también son los que captan y trasladan, por eso tenemos que apostar mucho a la educación”, dijo la representante del Ministerio Público a La Nación.

Seguidamente, enfatizó en la necesidad de proponer políticas de Estado que impulsen a que las personas tengan un grado de instrucción para saber cuándo el trabajo no le conviene. “Mucha gente no tiene esa cultura, esa noción y cae en estas redes porque atacan justamente a personas vulnerables”, expresó y agregó que actualmente existen 56 víctimas de trata con fines de explotación laboral.

La profesional señaló que se trata de un caso muy llamativo, porque estas víctimas provenían del Brasil y fueron captadas en Paraguay. “Fueron trasladadas hasta la ciudad de San Pablo en su mayoría, algunas a Foz para trabajar en fábricas textiles, en todo lo que sea trabajo de costura, la mayoría eran menores. Esto pudimos notar a través de la pandemia, porque tuvieron que regresar a Paraguay”, expuso.

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Explicó que en función al protocolo debían realizar la cuarentena y fue así que detectaron que salieron del país sin autorización judicial de sus padres, y que por lo tanto se tenía un movimiento migratorio irregular. “Como tenemos fronteras muy vulnerables, eso no se puede a veces controlar, no tenemos un control migratorio estricto, eso conllevaría tener políticas de Estado que mejoren esa situación”, agregó.

Acevedo mencionó que cuentan con un equipo técnico multidisciplinario que trabaja en la unidad especializada en coordinación con otras instituciones, con relación al abordaje de las víctimas y las medidas a tener en cuenta.

“Con la emergencia sanitaria nos encontramos ante una dificultad de trasladarnos hasta el lugar donde se encuentran las víctimas, porque las que ya han salido de los albergues regresan a su domicilio particular, se integran nuevamente a su familia y la situación de pandemia a veces imposibilita llegar hasta el lugar donde se encuentran para hacer un abordaje y saber qué realmente pasó. Todos ya han regresado con sus familias”, relató.

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Prohibición del trabajo infantil

La fiscala dijo también que el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia están haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio Público para la asistencia integral de estas víctimas, sobre todo tratándose de menores, ya que la ley, además de acuerdos y convenios internacionales, hablan de la prohibición del trabajo infantil.

“Una de las peores formas de trabajo infantil que habla la ley es el servicio doméstico, otra es el trabajo que puede de alguna formar perturbar la salud o las condiciones de desarrollo integral de los niños y adolescentes”, comentó.

Por otro lado, habló sobre la naturalización del trabajo infantil y que anteriormente se visibilizaba sólo la trata con fines sexuales, lo que no quiere decir que haya desaparecido, sino que actualmente se visibiliza más el trabajo infantil de los adolescentes.

“Nosotros tenemos estipulado en el Código de la Niñez los adolescentes que pueden trabajar y la carga horaria que tienen que tener, que es solamente de 4 horas y tienen que continuar con sus estudios, tienen que tener momento de recreación. El trabajo no tiene que afectar su salud ni su desarrollo integral. Son muchos los requisitos que, en los casos de trata, están vedados”, explicó.

La representante del Ministerio Público lamentó que la gente naturaliza que hay que trabajar para ayudar en la casa. Inclusive, los padres no lo ven como un delito o una situación que pueda afectar a sus hijos. “Muchas veces se arriesgan porque la pobreza y la necesidad son tan extremas que el connacional tiene que salir a exponerse”, subrayó al referirse al flagelo.

Acevedo refirió que por eso muchas víctimas no se ven como tales. “Es un problema social, pero nosotros como operadores de Justicia no podemos no notar eso, no podemos dejar de investigar y de trabajar con esas víctimas. La ley existe y hay que cumplirla”, aseguró.

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Evaluación psicosocial

Por su parte, Alice Resquín, del Minna, comentó que durante la pandemia la institución tuvo que asumir una serie de acciones para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes que estaban retornando del exterior.

“Pudimos detectar gracias a un trabajo organizado que venimos haciendo con Migraciones y Cancillería también la presencia de adolescentes que retornaban desde el exterior no acompañados, de una franja etaria de 12 a 17 años, quienes estaban en el exterior sin ningún tipo de cuidado parental o algún referente familiar”, expuso.

Manifestó que todos los que ingresaron presentan indicadores de algún tipo de explotación, laboral, sexual, trabajo doméstico en el exterior. “Nosotros trabajamos para hacer la evaluación psicosocial a las familias de las cuales provenían estos adolescentes, en un trabajo coordinado también con Interpol, que nos ayudó a saber los datos y poder ubicar rápidamente a las familias. Además, hacer en conjunto una evaluación de riesgo y a partir de ahí ver si se le comunicaba al Ministerio Público según cada caso. En un 80% son provenientes del departamento de Caaguazú y el resto se divide entre Canindeyú, Alto Paraná, Concepción, Itapúa”, agregó.

Resquín explicó que trabajan con las familias con una mirada psicosocial, para saber cuál es la problemática y el porqué estos chicos estaban sin el cuidado parental en el exterior y al hacer las evaluaciones, vieron que todas estas familias presentaban características similares.

“Estas características eran de una extrema pobreza, gran cantidad de hijos, una familiarización hacia la mirada de la explotación, normalizan que los adolescentes trabajen. Ven como una oportunidad de vida y de mejora esta condición de trabajo infantil en condiciones de explotación, deserción escolar, embarazo adolescente, uniones tempranas, una gama de problemáticas que se desarrollan ”, apuntó.

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No obstante, ellos creen que todos los adolescentes que estaban en el exterior permanecieron en condiciones de algún tipo de explotación y que seguramente en el transcurso del tiempo se irán certificando a más a partir de lo que el Ministerio Público considere.

Trabajo protegido

Resquín indicó que están gestionando con el Ministerio de Trabajo para que ellos puedan tener alguna salida laboral en condiciones de protección, porque los adolescentes deben tener un trabajo, pero protegidos hasta los de 17 años, por ejemplo.

“Se les hizo un plan de vida a estos adolescentes que tienen que ser monitoreados por las autoridades locales. El plan comprende una restitución de derechos. Se habló también con el MEC para ver por qué se tiene la deserción escolar en estos chicos que estaban en el exterior”, concluyó.

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