El presidente de la República, Santiago Peña, realiza este viernes la entrega de 43 viviendas sociales en las ciudades de Itá y J. Augusto Saldívar, departamento Central, construidas a través del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).

“Nos emociona encontrarnos con tantas familias que hoy están cambiando sus vidas, están mejorando sus vidas, que han luchado muchísimo. Me imagino que la espera ha sido larga, ha sido dura, pero finalmente hoy puedo decir va a mejorar la calidad de vida”, expresó el mandatario en su discurso.

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Ratificó que aún queda mucho por hacer desde el Gobierno para llegar a más familias y cumplir con el sueño de la casa propia. “No vamos a descansar, con el compañero Juan Carlos Baruja estamos hace 20 meses trabajando y hoy ya se han hecho más viviendas de lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, y estamos todavía empezando, estamos calentando los motores, todavía vamos a hacer muchísimo más”, sentenció.

En la comunidad de Itá se entregan 30 viviendas impulsadas por la Comisión de Fomento Urbano Don Merenciano Pereira, en el territorio social Nueva Esperanza, barrio San Antonio – Segunda Fase. En J. Augusto Saldívar 13 familias del asentamiento Tapyrã acceden a una casa mediante el proyecto promovido por la Comisión Provivienda 22 de Octubre.

Cada vivienda cuenta con dos habitaciones, baño familiar, cocina, comedor integrado, sala y lavadero externo. Además de mejorar las condiciones de vida de cientos de personas, estas obras generan empleo local y fortalecen la industria nacional de materiales de construcción.

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El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, informó que su movimiento Nuevo Liberalismo apeló la decisión del Tribunal Electoral de la capital y Central, primera sala, que suspende el adelantamiento de las elecciones internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el 17 de agosto.

“Nosotros apelamos, existen muchos antecedentes y jurisprudencia consistentes en que varios partidos políticos hicieron sus elecciones internas el pasado año mediante las papeletas. Nosotros planteamos hacer lo mismo, pero lastimosamente la Justicia Electoral sacó una medida cautelar y trancó todo el proceso”, indicó a la 1020 AM.

Estigarribia sostuvo que la medida cautelar surgió exclusivamente ante la imposibilidad del TSJE de proveer las máquinas de votación y no por el hecho de que hayan violado las leyes electorales, al decidir mediante una convención extraordinaria el desdoblamiento de los comicios internos de las elecciones municipales previstas para el 2026.

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“El PLRA es un partido grande con autonomía, pero nosotros como movimiento, iremos el próximo año a unas elecciones si es esto lo que desean. Las elecciones queríamos realizar para organizar al partido que está muy golpeado después de las últimas elecciones”, afirmó.

La medida cautelar fue firmada por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En el documento se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.

De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.

La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.

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El presidente de la Junta Municipal de Luque, Enrique “Kike” Quintana, lleva adelante el proyecto de acercar servicios esenciales a diferentes barrios de su ciudad; en este marco, organiza jornadas de atención integral para la ciudadanía, con servicio en varias especialidades clínicas.

Para mañana viernes 25 de abril, de 8:00 a 11:30, se desarrollará una jornada de atención en la Cooperativa de Luque, y por primera vez contará con 80 médicos y 15 especialidades de manera gratuita.

Las especialidades que estarán a disposición son traumatología, urología, ginecología, pediatría, oftalmología, neumología, dermatología, clínica médica, kinesiología, podología, odontología y nutrición.

Además, se habilitarán 25 cupos para trámites de identificación, permitiendo a quienes lo necesiten renovar o gestionar por primera vez su cédula de identidad.

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“Estoy muy contento de que podamos acercar estos servicios directamente a los barrios, sin que la gente tenga que trasladarse largas distancias. Eso hace una gran diferencia en la vida de muchas familias”, refirió el presidente de la Junta Municipal.

Quintana indicó que estas jornadas seguirán en los diferentes barrios de la ciudad de Luque. “Lo más valioso es ver que la gente participa, que los servicios son aprovechados, y que realmente estamos respondiendo a necesidades concretas", aseguró.

Por último, reiteró que seguirán trabajando en todos los rincones de Luque, porque creen en “una ciudad más cercana, más justa y con oportunidades para todos”.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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