Una comitiva fiscal policial detuvo a un hombre que habría participado del crimen de Pedro Alcides Riquelme, jefe de seguridad de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, luego de realizar un allanamiento en una vivienda, este lunes.
Se trata de Nelson David González Garay (28), quien habría sido soporte logístico, de acuerdo a los intervinientes. La fiscala Gladys Torales de Ovelar encabezó el operativo, en el que se incautó un automóvil de la marca Toyota Platz, que habría sido observado en los alrededores del lugar del crimen ocurrido el 8 de julio.
En tanto que los sicarios que se trasladaban en motocicleta, que perpetraron a balazos el homicidio continúan siendo buscados por la Policía Nacional. Torales manifestó que antes del hecho, Riquelme recibió llamadas con tono amenazante.
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El funcionario penitenciario fue asesinado mientras se dirigía en su automóvil a un local comercial ubicado en el centro de la ciudad para realizar compras luego de retirarse de la cárcel.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, manifestó que Riquelme mantenía contacto directo con reclusos de alta peligrosidad en el penal donde están presos más de 20 personas que serían del Primer Comando Capital (PCC) y casi la totalidad de los miembros del clan Rotela, peligrosa organización criminal local. Desde el Ministerio de Justicia repudiaron el atentado sufrido por el jefe de guardias del penal, que contaba con una antigüedad de casi 30 años.
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Ramón González Daher y su hijo fueron trasladados al penal de Emboscada
El Ministerio de Justicia informó que, en el marco de las medidas de fortalecimiento de la seguridad y el control del sistema penitenciario, se dispuso el traslado de Ramón Mario González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada. Padre e hijo fueron condenados por usura y lavado de dinero.
El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, desarrollándose sin incidentes durante todo el operativo. El ingreso de ambas personas privadas de libertad al establecimiento penitenciario se registró en cumplimiento de la Resolución N.° 238/DGEP/2026, quedando a disposición del régimen de seguridad y disciplina vigente en el centro penitenciario.
Esta medida es el resultado directo de las tareas de investigación y monitoreo estratégico desplegadas por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, cuyas alertas tempranas permitieron detectar y desactivar a tiempo la existencia de privilegios y el acceso a objetos prohibidos dentro del penal de origen. Con estas acciones preventivas, el Ministerio de Justicia reafirma su política de tolerancia cero ante cualquier intento de quebrantar el orden, garantizando la gobernabilidad de los establecimientos y el estricto cumplimiento del régimen disciplinario interno.
En paralelo, continúan abiertas las investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la cadena de custodia. De comprobarse cualquier hecho de complicidad, facilitación o negligencia por parte del personal penitenciario, se aplicarán las sanciones disciplinarias y las acciones legales más rigurosas que dicte la ley vigente.
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Corte ratifica condena de 10 años para Carlos Granada quien deberá volver a la cárcel
El exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, deberá volver a la cárcel para cumplir una condena de 10 años de pena privativa de libertad, tras ser declarado culpable por acoso sexual, coacción y coacción sexual.
Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del condenado, con lo cual queda firme la sentencia de 10 años de prisión.
Los ministros de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes concluyeron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación exigidos por la ley, por lo que rechazaron su estudio.
De esta manera, quedó confirmada la resolución dictada en primera y segunda instancia. Granada se encontraba con libertad ambulatoria desde marzo de este año, pero con la presente determinación tendrá que regresar a un centro penitenciario.
En su resolución, la Corte señaló que no es suficiente afirmar que un fallo es infundado o expresar críticas y agravios, sino que tales cuestionamientos deben estar respaldados por argumentos jurídicos pertinentes y suficientes, requisito que, a criterio de la Sala Penal, no fue cumplido en este caso.
Granada fue condenado en noviembre del año pasado, luego de que un Tribunal de Sentencia concluyera que, mientras se desempeñaba como gerente de prensa del Grupo Albavisión, incurrió en conductas reiteradas y patrones similares de acoso y coacción contra las víctimas, aprovechando la posición jerárquica que ocupaba.
La sentencia también tuvo por acreditado que las víctimas eran jóvenes, estudiantes o pasantes que atravesaban una situación de vulnerabilidad económica. Durante el juicio se expusieron episodios reiterados de contactos físicos indebidos y otras conductas agresivas atribuidas al condenado.
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Dos años preso por presunta confusión: esposa de pastor denuncia error judicial y reclama su libertad
Lo que comenzó como un viaje familiar de fin de año terminó convirtiéndose, según denuncia su esposa, en una pesadilla judicial que mantiene desde hace más de dos años privado de libertad a un pastor evangélico, recluido en la Penitenciaría de Emboscada tras haber sido vinculado a un crimen ocurrido a cientos de kilómetros del lugar donde, asegura su familia, se encontraba al momento de los hechos.
La historia de Dionisio Vera Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que su esposa Priscila de Vera brindara una extensa entrevista televisiva a C9N en la que sostuvo que el religioso fue detenido y procesado a partir de una presunta confusión de identidad y de un señalamiento que, según afirmó, nunca fue corroborado con otras evidencias.
“El 28 de diciembre de 2023 viajamos con toda la familia a Santa Rosa del Aguaray, donde viven mis padres”, relató la mujer. Según su versión, el 30 de diciembre, fecha en que ocurrió el crimen por el cual posteriormente fue imputado su esposo, la familia pasó toda la jornada en el departamento de San Pedro, a unos 300 o 400 kilómetros de San Lorenzo, escenario del homicidio investigado.
La esposa del pastor aseguró que existen fotografías y videos que ubican a Dionisio Vera en Santa Rosa del Aguaray durante todo ese día. Explicó que, en horas de la mañana, el hombre participó en compras familiares y posteriormente colaboró con trabajos de albañilería en la vivienda de un cuñado.
“Tenemos fotos de él revocando la casa de mi hermano. Más tarde volvió, se bañó y después fuimos juntos a la iglesia”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, la familia asistió a un culto religioso que se desarrolló entre las 19:00 y las 21:00, actividad de la que también existen registros audiovisuales. “Hay fotos y videos donde aparecemos cantando juntos. Incluso yo le invité a pasar al frente y cantamos una alabanza. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a esa misma hora él estaba en San Lorenzo”, expresó.
La mujer calificó esa hipótesis como “imposible”, argumentando la distancia geográfica y el intenso movimiento vehicular característico de las fechas de fin de año.
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Detención desencadenó “calvario”
Según relató, la situación dio un giro dramático seis meses después, cuando el pastor fue detenido durante un control policial rutinario en la zona de Encarnación, mientras regresaban del hospital junto a uno de sus hijos, quien había permanecido internado por neumonía.
“Nos detuvieron en un control. Primero le dijeron que tenía un problema relacionado con prestación alimentaria. Yo les dije que eso era imposible. Después manifestaron que debía acompañarlos por otro caso y ahí comenzó nuestro calvario”, recordó.
La mujer aseguró que recién posteriormente tomaron conocimiento de que el pastor era buscado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo.
Identificación basada en un nombre
Según la denuncia formulada por la familia, la imputación se habría sustentado principalmente en la declaración de otro procesado, identificado como Sergio Antonio Campo Vega, quien habría mencionado a un supuesto “Dionisio Vera” como autor del crimen.
“Mi esposo se llama Dionisio Vera Rojas. Ellos hablan de un tal Dionisio Vera. Se basaron en lo que dijo una persona detenida y en la identificación que, supuestamente, realizó a partir de una fotografía”, afirmó.
La esposa del pastor cuestionó además la existencia de imágenes de circuito cerrado correspondientes al crimen investigado, señalando que, a su criterio, la persona captada no guarda semejanza física con su marido.
“El hombre que aparece en las imágenes es alto y delgado. Mi esposo es de contextura diferente. Incluso la vestimenta no coincide. Él jamás usa ese tipo de pantalones”, sostuvo.
Dos años de prisión
La mujer describió los últimos dos años como un período marcado por el sufrimiento y la incertidumbre para toda la familia.
Durante ese tiempo, aseguró, el padre del pastor falleció tras sufrir un profundo deterioro emocional provocado por el encarcelamiento de su hijo.
“Mi suegro luchó mucho para demostrar la inocencia de su hijo. Trabajaba en el campo, era una persona sana, sin enfermedades. Esta situación le afectó profundamente. Lloraba mucho y, después de cinco meses de tanta preocupación, sufrió un infarto y falleció”, relató entre lágrimas.
Actualmente, la familia aguarda una audiencia que considera decisiva para presentar las evidencias que, según sostiene, demostrarían que Dionisio Vera Rojas se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen cuando ocurrió el hecho que hoy lo mantiene privado de libertad.
Mientras tanto, la esposa del pastor insiste en una sola petición: que la Justicia revise el caso.
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Confirman condena por feminicidio a 28 años de prisión más 5 por medida de seguridad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Viviana Sánchez, de la Unidad Penal N° 2 de Presidente Franco, consiguió que la Cámara de Apelaciones confirmara la condena de 28 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad, para Eusebio Ovelar Bogado (46), hallado culpable del feminicidio de su expareja.
La segunda sala penal del Tribunal de Alzada, integrada por Efrén Giménez, Lilian Lorena Benítez y Myrian Meza de López, ratificó la sentencia dictada en primera instancia por los jueces Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Edgar Lezcano, tras el juicio oral realizado el 8 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El crimen ocurrió en la tarde del 2 de octubre de 2024, en una vivienda del km 8, Fracción Willy, de Presidente Franco, donde fue víctima Carolina Benítez Vallejos.
Quedó registrado en el circuito cerrado de grabación de ese día que, el acusado trasladó a la víctima hasta el inmueble en un automóvil Toyota Carina.
El vehículo ingresó al predio a las 18:26 y salió a las 19:52. Durante ese lapso, Ovelar Bogado atacó a la mujer con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas en la cabeza, el tórax y los brazos. La autopsia posterior reveló 37 lesiones y estableció como causa de muerte un shock hipovolémico por heridas en el cráneo y el tórax, según se expuso en el juicio.
Al día siguiente, el empleador alertó a la familia sobre la ausencia de la mujer en su trabajo y, entonces, el hermano fue hasta la casa y encontró el cuerpo de la víctima. La Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y el análisis de las cámaras confirmó que el acusado permaneció en el lugar durante el horario del crimen, sin que ingresaran otras personas.
La investigación también estableció que el último contacto de la víctima fue a las 19:19, cuando envió un video a un familiar mientras el procesado seguía en la vivienda. Tras el hecho, desaparecieron de la casa un celular corporativo, un teléfono personal, una tablet, el control del portón eléctrico y una mochila con dinero.
Luego, el 4 de octubre de 2024, el acusado llevó el celular y la tablet de la víctima a un técnico para borrar la información (flasheo) con la intención de venderlos.
La Fiscalía solicitó 28 años de prisión y 7 años de medida de seguridad, con base en informes de Salud Mental del Ministerio Público que concluyeron que Ovelar Bogado presenta rasgos compatibles con psicopatía. Igualmente, se comprobó en juicio que el hombre tenía antecedentes de violencia psicológica, amenazas y hostigamiento contra su expareja.