En el marco de las festividades por el Día de la Primavera y la Juventud, el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigo Chamorro, extendió un mensaje de felicitación e invitación a la comunidad, destacando la energía y los sueños que caracterizan a los jóvenes del departamento de Alto Paraná. Bajo la premisa de encarar el futuro con esperanza y en familia, se anunció la realización del “Gran Festival de la Juventud”, concebido como una jornada de esparcimiento y encuentro social para toda la ciudadanía.

“¡Feliz Día de la Primavera y la Juventud! Hoy celebramos la llegada de una nueva estación y con ella la alegría, la energía y los sueños que caracterizan a nuestra juventud. Que esta primavera nos encuentre con esperanza, compartiendo en familia y mirando siempre hacia adelante. ¡Feliz Primavera y Feliz Día de la Juventud!”, expresó Chamorro en redes sociales.

El evento se celebrará el próximo domingo 27 de septiembre con una masiva caravana que partirá desde el sector de Integral, a la altura del kilómetro 12, para recorrer las principales avenidas esteñas con el entusiasmo de las delegaciones participantes. La comitiva tendrá como destino final las instalaciones del Club 3 de Febrero, punto central de la convocatoria.

La apertura de portones en el predio deportivo está programada para las 15:00, mientras que el arribo de la comitiva de la caravana se prevé para las 18:00. A partir de esa hora se dará inicio al festival artístico, que contará con un despliegue musical en vivo sobre el escenario principal a cargo de reconocidos grupos y solistas como Talento de Barrio, Marilina, Solange Anahí, Cumbia Juan y Richard Duarte.

La organización confirmó que el acceso al evento en el estacionamiento del Club 3 de Febrero será totalmente libre y gratuito para todo el público. Se invita a los jóvenes, amigos y familias a sumarse a esta celebración destinada a promover el talento nacional y el esparcimiento sano en la capital altoparanaense.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi cumplió 29 años de trayectoria institucional, reafirmando su compromiso de atención integral. A lo largo de casi tres décadas desde el 19 de septiembre de 1997, el centro hospitalario ha experimentado una profunda transformación estructural para responder a la creciente demanda de la patronal asegurada. Esta evolución se traduce en la ampliación progresiva de su cartera de servicios, el incremento de su capacidad resolutiva y la constante actualización de sus recursos tecnológicos.

La actividad en los quirófanos constituye uno de los pilares más sólidos en la gestión del establecimiento. Entre enero y mediados de septiembre de 2026, el centro alcanzó la cifra de 14.246 cirugías realizadas, un indicador que refleja el volumen prestacional y el fortalecimiento sostenido de sus equipos asistenciales. A esta producción se suma una intensa labor en el área de Urgencias, donde se registran aproximadamente 25.000 consultas mensuales, consolidando su rol de contención en el sistema de salud.

Actualmente, el hospital cuenta con una diversa oferta de especialidades de alta complejidad para el tratamiento de los pacientes. Su cobertura abarca campos como Traumatología, Cirugía General, Urología, Neurocirugía, Mastología, Coloproctología, Cirugía Torácica y Cirugía de Cabeza y Cuello, además de servicios diagnósticos en Endoscopía Digestiva. De forma paralela, la institución continúa expandiendo sus prestaciones clínicas y ambulatorias para agilizar el acceso y optimizar los circuitos de atención.

Este desarrollo médico va de la mano con una significativa incorporación de equipamiento tecnológico de punta en el país. Entre las innovaciones introducidas destacan la adquisición del primer neuronavegador del Instituto de Previsión Social, la implementación de la Suite Robótica Brainlab y diversos sistemas de navegación quirúrgica de última generación. Estas herramientas permiten ejecutar procedimientos mínimamente invasivos y de alta precisión, garantizando mayor seguridad al paciente.

No obstante, las autoridades institucionales remarcan que el verdadero motor del hospital radica en su capital humano. En el marco de este 29.º aniversario, la dirección rinde un especial reconocimiento a médicos, personal de enfermería, técnicos, administrativos, trabajadores de limpieza y personal de apoyo. La labor coordinada de cada uno de estos sectores permite mantener operativas las instalaciones los 365 días del año y sostener el crecimiento de la entidad.

Al cumplir un nuevo año de vida, el IPS Ingavi renueva sus proyecciones hacia el futuro con el desafío de seguir optimizando sus procesos. La institución proyecta continuar fortaleciendo la calidad de sus prestaciones mediante la modernización de infraestructura y la capacitación continua de su personal. De esta manera, el nosocomio apunta a consolidar un modelo de atención seguro, eficiente y humanizado al servicio de miles de familias paraguayas.

El abogado Samir Sánchez expuso en redes sociales cómo la administración del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, del partido Yo Creo, estuvo marcada por varios hechos de presunto nepotismo que no solo lo salpican a él, sino también a varios concejales durante su mandato.

En el caso de Prieto, Sánchez señaló que este utilizó sus influencias como autoridad del municipio esteño para incorporar a cuatro primos a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Se trata de Martín Vallejos Ferreira, quien ocupó un cargo administrativo en la Dirección de Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, quien se desempeñó como herrero en obras municipales; Meribed Alonzo Vallejos, quien fue jefa de Impuestos Inmobiliarios, y Sergio David Prieto Figueredo, quien ocupó el cargo de fiscal de obras municipales.

Pero eso no fue todo. Seis concejales municipales también habrían incurrido en la misma práctica, según la denuncia expuesta por Sánchez.

Se trata de Víctor Torales, Valeria Romero, María Ester Portillo, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez y Alision Anisimoff, quienes también habrían beneficiado a familiares.