La fiscal Alicia Fernández confirmó que Blas Ramón Serafini Báez, de 23 años, señalado como el presunto autor del triple homicidio de su expareja, su hijastra y su suegra el pasado fin de semana en la ciudad de Capiatá, fue imputado por homicidio y abuso sexual en niños. El Ministerio Público pidió su prisión preventiva.

Serafini Báez se habría presentado ante la Fiscalía para la audiencia indagatoria pero se abstuvo de declarar aconsejado por la defensoría pública, esto tras aceptar la autoría del hecho y de manifestar que habría estado intoxicado en el momento del crimen.

“Tenemos la imputación por el homicidio de la señora Ana Liz de 36 años, de la niña Yulice, de 12 y la abuela Magdalena de 80 años; los tres casos se caratulan como feminicidios y abuso sexual en niños son los cargos. Este hombre está detenido y se solicitó la prisión”, indicó la fiscal en conversación con la 1020 AM.

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En cuanto al cargo de abuso a menores, señalo que si bien los resultados de la pericia y la inspección forense arrojaron signos inespecíficos de abuso, de igual manera es obligación del Ministerio Público abrir una investigación en torno a este hecho para dilucidar lo ocurrido.

La representante fiscal expresó que a partir de hoy serán llamados también a declarar múltiples testigos, ya que se cuenta con información de que habrían existido varios actos de violencia y discusiones entre la pareja antes de que se diera el homicidio.

Así también, precisó que Serafini Báez se expone en el caso de los feminicidios a una pena de entre 10 y 30 años más medidas de seguridad, remarcando que, de encontrarlo culpable, solicitaron la pena máxima atendiendo a la magnitud del crimen.

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La violencia de tintes racistas vivida en días pasados en el sureste de España ilustra las crecientes tensiones en el país ante la inmigración, un tema que en pocos años ha entrado de lleno en el debate político azuzado por la extrema derecha.

Torre Pacheco, una ciudad de 40.000 habitantes cerca de Murcia y la costa mediterránea, ha sido escenario de enfrentamientos nocturnos entre grupos de extrema derecha y residentes de un barrio de mayoría inmigrante, principalmente de origen marroquí.

La violencia se desencadenó por la agresión el 9 de julio a un jubilado de 68 años, quien relató a varios medios españoles, con el rostro magullado, que fue atacado sin motivo aparente por tres jóvenes de origen magrebí.

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Dos días más tarde, la alcaldía de Torre Pacheco, dirigida por el Partido Popular (PP, derecha), organizó una manifestación contra la inseguridad, que degeneró rápidamente, ya que grupos de extrema derecha se unieron con consignas hostiles hacia los inmigrantes.

A partir de ahí y por varias noches, estallaron disturbios en las calles de la ciudad, si bien el despliegue de numerosos miembros de la Guardia Civil permitió evitar enfrentamientos directos entre los grupos rivales y limitar el número de heridos.

Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas, incluidas tres vinculadas a la agresión del jubilado y que no residían en Torre Pacheco. Entre los arrestados también figura un responsable del grupo de ultraderecha “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), que animó en Telegram a una “cacería” de inmigrantes.

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El alcalde de Torre Pacheco, una ciudad donde aproximadamente el 30% de los residentes son personas de origen extranjero llegadas en su mayoría para trabajar en el campo, hizo un llamado inmediato a la calma, pidiendo no confundir a los autores de la agresión con la población inmigrante de la ciudad.

Pero el partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el Parlamento español, multiplicó sus declaraciones hostiles hacia los inmigrantes, como las de su líder regional José Ángel Antelo, quien atribuyó el clima de inseguridad en Torre Pacheco a la “inmigración ilegal”.

A su juicio, esa inmigración irregular “es la misma que agrede a nuestros ancianos” o “viola a nuestras hijas en nuestras calles”, una postura respaldada por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien pidió “deportaciones inmediatas” ante la “invasión migratoria criminal”.

Unas declaraciones duramente criticadas por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a Vox de “echar gasolina al fuego”, y por su socio de extrema izquierda, Sumar, que le reprochó “promover la violencia”. La Fiscalía de Murcia abrió una investigación contra Antelo.

“Es un ejemplo muy claro de esa tensión que va creciendo por los problemas de la inmigración” en España, consideró en declaraciones a la AFP Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el fenómeno guarda relación con “el auge de la extrema derecha”, que ha convertido este tema en un asunto central.

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 637.000 extranjeros vivían en el país en 1998, el 1,6% de la población. Hoy en día son 6,95 millones (14,13%), de ellos 920.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera. El Gobierno de izquierda, que desea regularizar hasta 300.000 inmigrantes por año de aquí a 2027, ve la inmigración como una oportunidad.

Según el INE, la inmigración explica gran parte de la buena salud económica del país, cuyo PIB creció un 3,2% el año pasado.

Según el informe anual de Ipsos sobre el populismo, solo el 34% de los españoles piensa que el país sería “más fuerte” si se limitara el número de llegadas de inmigrantes (frente al 46% en Alemania). Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

Pero eso no impide que haya tensiones en el país, como por ejemplo por la distribución de los menores no acompañados, que saturan el dispositivo de acogida de las islas Canarias, el archipiélago próximo al noroeste de África que es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular.

Unas tiranteces explotadas por Vox, que propuso a principios de julio un programa masivo de expulsiones, denominado “remigración”. “En un país que gracias a la inmigración crece, es un poco contradictorio”, señaló Paloma Román, para quien la dureza de Vox se explica por su rivalidad con el PP, en medio de la creciente fragilidad política de Pedro Sánchez por varios escándalos de corrupción.

Fuente: AFP

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcio­naba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embol­sillarse millonarias sumas per­tenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el pro­ceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo ope­raba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien pla­neado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económi­cos como elementos para seña­larlos por las figuras penales de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y plati­llos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se con­cretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publi­cando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gas­tos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del che­que que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el direc­tor administrativo de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Áva­los a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Mar­tínez, quien ya contaba con millonario contrato de ali­mentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue sola­mente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.

El Departamento de Crimen Organizado realizó verifica­ciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figu­ran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país ale­jados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser con­signadas por los beneficia­rios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simu­lar la entrega de los kits.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, pidió a los directores y jefes ejercer mayor control sobre el personal, tras el hallazgo de droga en el ropero de un agente en la Agrupación Especializada.

Contó detalles del caso que involucra al suboficial Pablo César Franco Torres (38), de cuyo poder el Ministerio Público se incautó de varios paquetes de marihuana y cocaína, además de somníferos.

“Lo que nosotros sabemos es que el director de Apoyo Táctico, el comisario general Carlos Acosta y su segundo en el mando Enrique Martínez estaban haciendo un seguimiento discreto porque se tenía información de que probablemente desde la Agrupación Especializada algún elemento estaba introduciendo droga y sacando nuevamente para su venta”, relató a la 1000 AM.

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Se procedió a la verificación bajo las sospechas y han encontrado en poder del policía “una importante cantidad de droga”, que tenía guardado en una mochila, dentro de su ropero.

“Eran casi 1 kilo de cocaína, casi 5 kilos de marihuana, también crack y pastillas. Entonces, él rápidamente fue puesto a disposición del Ministerio Público”, indicó el comisario Benítez.

Así también se dio intervención al personal especializado antidrogas y al departamento de Asuntos Internos, subrayó.

“De hecho que hoy en día nosotros promovemos, alentamos a nuestros directores generales, directores y jefes que sean mucho más proactivos en el control del personal. Porque si uno se deja estar y no controla al personal, tal vez en muy poco tiempo nosotros nos convertiríamos en una amenaza a la sociedad si no atendemos estos casos”, remarcó.

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