Luego del quíntuple homicidio que tuvo como escenario la ciudad de Capiatá, y como autor al suboficial Isidro Casco Salinas, el departamento de Psicología de la Policía Nacional convocó a una conferencia de prensa. El uniformado había acabado con la vida de sus hijos, la de sus suegros y una de sus cuñadas. Posteriormente se suicidó.

La reunión de prensa se hizo para ofrecer mayores detalles acerca de los antecedentes del uniformado. Allí se supo que el suboficial se habría realizado los tests psicológicos correspondientes, pero en que en ninguno encontraron indicios que llamara la atención de algún comportamiento o trastorno que pudiera padecer.

Al mismo tiempo, manifestaron que no sabían qué fue lo que ocurrió, o qué factores desencadenaron el terrible episodio, pues las exámenes psicológicos se realizaron hace apenas dos meses.

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Desde la Policía Nacional señalaron que anualmente realizan el test psicológico a 6.000 personales aproximadamente, en especial cuando hay condiciones de ascenso, arrojando como resultado que el 50% presentan indicadores de diversos motivos.

Y los resultados son derivados al hospital Rigoberto Caballero o a las dependencias en las que prestan servicio, para su posterior tratamiento. La evaluación se realiza de manera preventiva, además de ser voluntaria.

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Debido a la importancia de la atención a la salud mental, La Nación puso a consideración de sus lectores y preguntó: ¿El control de la salud mental en las instituciones del orden público debería ser una opción o una obligación?

El 10% respondió con que es “Una obligación, la delicadeza del trabajo lo amerita”, solo el 3 % cree que es “Una opción, al menos que hayan señales de alguna anomalía”; mientras que una gran mayoría, el 87% votó por que “Debería ser una exigencia en todas las instituciones”.