El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que las cinco denuncias presentadas por el interventor Carlos Pereira sobre la administración de Óscar Rodríguez como intendente de la ciudad de Asunción, se encuentran en la Unidad de Delitos Económicos. Indicó que estas serán analizadas como corresponde y posteriormente conformarán un equipo de investigación.

“En la mesa de entrada de denuncias penales no hay ninguna información referente a causas penales, por estos hechos que son de público conocimiento. En este momento, me informan que la Unidad de Delitos Económicos tiene cinco carpetas que deben verificar, porque son innominadas y a determinarse un hecho punible”, refirió este jueves en la 1080 AM.

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Refirió que en este caso, se trata de una unidad no natural, ya que se trata de hechos punibles contra el patrimonio y que afecta al Estado. “Probablemente hoy sí con eso estamos en condiciones de empezar a analizar, examinar los datos que se tiene para conformar eventualmente un equipo de trabajo o una sola persona, son los mecanismos que adoptamos últimamente en todo lo que es crimen organizado y la receptividad a estos hechos voluminosos”, indicó.

Agregó que la Unidad de Delitos Económicos “examinará su perspectiva y con eso se iniciarán a crear las condiciones de una investigación efectiva, examinar correspondencia”.

Por otra parte, con relación al informe final tras el proceso de intervención, “en este caso fue una intervención dispuesta por la autoridad parlamentaria y esa conclusión es la que se informa seguramente por los conductos adecuados, pero la entidad que debe investigar es definitivamente el Ministerio Público”.

Mientras tanto en el caso del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuenta con 50 denuncias, de las cuales dos ya se encuentran en procesos judiciales. La primera tiene que ver con un acusación por lesión confianza en el caso Tía Chela, el cual a través de una resolución judicial se destrabó el proceso penal para Prieto y el juez Humberto Otazú tiene vía libre para fijar la audiencia preliminar donde se definirá si el exjefe comunal de CDE va a juicio oral.

La segunda causa, se trata de una acusación por lesión de confianza por un perjuicio de G. 306 millones, para la cual se debe fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si se eleva a juicio oral y público el segundo caso de Prieto.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.

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Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de des­tituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malver­saciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sos­tuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contra­loría General de la República detectó una serie de irregu­laridades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interven­tor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pue­den quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irre­gulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fisca­lía debería actuar ya de ofi­cio”, expresó.

El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inme­diato es aguardar la noti­ficación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elec­ción del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente muni­cipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipula­ciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de ins­talar que esto es una perse­cución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contralo­ría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanza­ría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fis­cal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su con­tra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fis­cales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la munici­palidad.