Tras un año de vivir en Antofagasta, Chile, Víctor Silva volvió a Paraguay mediante un vuelo humanitario junto con otros 51 connacionales. El joven paraguayo regresó para establecerse definitivamente.
En conversación vía telefónica con nuestra redacción, Silva comentó que al llegar a nuestro país fueron muy bien recibidos y directamente alojados en la Academia Militar (Academil), donde recibieron una excelente atención en todos los aspectos.
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Una vez instalados todos los compatriotas fueron sometidos a los test para la detección del coronavirus, testeos que tuvieron como resultado 7 positivos. Luego, los contagiados fueron trasladados a un hogar de retiro llamado Casa de la Familia Salesiana (Cafasa), ubicado en la ciudad de Ypacaraí.
Al llegar a las instalaciones se percataron que el lugar estaba sucio y desordenado, además de ya contar con otros huéspedes que también dieron positivo al COVID-19. Debido a dicha situación, los infectados recurrieron a reclamos pertinentes, denuncias y hasta publicaciones para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
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Al mismo tiempo, el entrevistado manifestó que posterior a eso los responsables se hicieron eco y rápidamente realizaron los cambios correspondientes dentro del albergue. Ahora aguardarán 12 días para volver a realizarse los análisis para volver a sus hogares. Cabe mencionar que en dicho establecimiento se encuentran entre 20 y 30 personas guardando cuarentena.
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Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Las dos denuncias últimas sobre el actuar del personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, derivaron en el cambio de los jefes de la citada unidad. El comisario principal José Delgado y el comisario Hugo Sosa, asumieron hoy como jefe y subjefe, respectivamente de la repartición policial, siendo apartados del cargo los comisarios Javier Maldonado y Francisco Talavera.
El comisario general inspector Marcelino Espinoza, director del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue el que realizo el traspaso de los cargos y reconoció que los cambios obedecen a los hechos punibles denunciados.
“Para que no se pueda truncar una investigación, el jefe y el subjefe fueron apartados quedando en reemplazo dos profesionales capaces de llevar adelante en forma conjunta la investigación con la Fiscalía”, refirió.
Asimismo, sostuvo que “el comando institucional ha creído conveniente apartarlos al jefe y al subjefe, a raíz de las denuncias ya divulgadas, de las cuales una de ellas ya tomó cuerpo, ya que en estos momentos hay cinco agentes declarando en el Ministerio para deslindar responsabilidades”.
Se refería a los cinco policías con detención preventiva e imputados por la fiscal Zunilda Ocampos, por privación de libertad y extorsión agravada. Fueron denunciados por haber retenido por cuatro horas a dos adultos y una menor para ser extorsionados con el pago de dinero a cambio de la libertad. Se habría pagado 30 mil dólares para que dejen libre a los raptados.
El comisario Espinoza informó que Asuntos Internos de la Policía Nacional envió personal a Alto Paraná para trabajar en forma coordinada con el Ministerio Público para que, de comprobarse los hechos investigados, sean apartados de la fila policial.
La otra causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y tiene que ver también con secuestro y extorsión. En este caso, el agente fiscal refirió que aún no tiene identificado a los supuestos responsables y una vez avanzadas las diligencias podrá llegar a los supuestos responsables.
El nuevo jefe de Investigación, estuvo en Canindeyú y ya pasó por otras dependencias como Homicidios y Crimen Organizado.
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Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
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SEN alista varios frentes de asistencia por inundaciones, frío e incendios
- Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Apostado a un costado de la fangosa vía que alguna vez fue una carretera, están aguardando Lucio, Juan y Andrés, embarrados hasta las rodillas, apoyado sobre sus biciclos. A lo lejos se oye el típico ruido de un helicóptero, que pertenece a las Fuerzas Armadas y que está llegando a la comunidad de ex Obraje San Carlos, en el departamento de Alto Paraguay, con la asistencia humanitaria que brinda el Gobierno nacional.
Ubicado a unos 750 kilómetros de Asunción, esta comunidad, al igual que otras más en el Chaco, han sido afectadas por las constantes lluvias e inundaciones que han dejado caminos intransitables dejando a cientos de miles de familias en condiciones de vulnerabilidad y aisladas sin la posibilidad de conseguir para sus sustentos.
Esta situación de emergencia en el Chaco se ha activado desde el pasado 12 de marzo, cuando la Secretaría Nacional de Emergencia comenzó a brindar asistencia por las inundaciones, comenzando por el departamento de Boquerón. Posteriormente, en los primeros días de abril se registró una importante caída de lluvia en el departamento de Alto Paraguay y, últimamente, esta situación alcanzó al departamento de Presidente Hayes.
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Dificultad terrestre
El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, destacó durante una charla con La Nación/Nación Media que, a la fecha, esta ayuda humanitaria se está haciendo llegar por todos los medios posible, teniendo en cuenta que hasta hoy existen problemas de conectividad.
“Continuamos con la dificultad de llegar por tierra con la ayuda humanitaria. Quiero resaltar que esta dificultad se está superando gracias a la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes han puesto a disposición de la SEN sus respectivas aeronaves”, remarcó.
Familias asistidas
El secretario de Estado informó que se ha brindado asistencia humanitaria a unas 30.250 familias chaqueñas, entregando unos 720.000 kilos de alimentos no perecederos hasta la fecha.
Destacó que inicialmente se ha estimado una asistencia a 38.000 familias que estarían necesitando la asistencia del Estado, por lo que por ahora estarían faltando llegar a unas 8.000 familias para llegar a cumplir con la primera ronda de asistencia.
“Seguimos asistiendo, en el departamento de Boquerón llegamos a la población que requiera de asistencia del Estado paraguayo. También tenemos noticias que en Toro Pampa y María Auxiliadora, así como ex Obraje San Carlos, estaban con una necesidad imperiosa de asistencia del Estado, por lo que también ya hemos llevado asistencia”, expresó Zárate.
El ministro informó que persisten las dificultades con la conectividad terrestre prácticamente en todo el departamento de Alto Paraguay, por lo que seguirán utilizando los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para acompañar el trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional.
“Ojalá en el futuro no tengamos lluvias tan intensas para que podamos restablecer la conectividad de las rutas y caminos, trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gobernación, autoridades municipales y las comisiones de caminos que también nos están ayudando para restablecer la conectividad”, precisó.
Perspectivas de lluvias
En cuanto a las previsiones sobre el clima durante el invierno, el ministro señaló que por estadísticas que maneja la SEN, de acuerdo a los datos que brinda la Dirección de Meteorología e Hidrología, se sabe que el periodo de lluvias abarca desde finales de octubre y principio de noviembre hasta los primeros días de mayo del año siguiente.
Mientras que, para junio, indicó que esperan que la cantidad de lluvia que pudiera precipitarse en la región Occidental no supere los 20 milímetros, cuanto menos; esta condición se mantiene de vuelta hasta finales de octubre.
“Ahora arranca la temporada de frío, se viene las heladas, y a partir de agosto puede aparecer otro fenómeno que son los incendios forestales. El Chaco siempre tiene sus bemoles”, acotó.
Crecida del río Paraguay
Por otra parte, el ministro de la SEN indicó que constantemente están monitoreando el comportamiento del río Paraguay, sobre todo en lo que respecta al aumento de la cota del cauce hídrico.
Expresó que la actual crecida que se está observando es producto de la gran cantidad de lluvia que cayó en el Chaco, y que -tarde o temprano- termina desembocando en el río Paraguay, por el declive que tiene ese territorio.
“Es efecto de esas grandes lluvias en el Chaco, es lo que estamos viendo la crecida, sobre todo en el área de Asunción y la bahía, con un repunte importante, recuperando su nivel normal, lo que a su vez está facilitando la navegabilidad de nuestros ríos. Esto nos permite un ahorro importante al comercio interno e internacional; ya que prácticamente el 90 % de las importaciones y exportaciones son a través de la hidrovía”, precisó.
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Señaló que, de acuerdo a los reportes que reciben de la zona del Brasil, donde nace el río Paraguay, no pasa de 3 centímetros de subida del río. “En el sector del Pantanal, conforme a los datos que manejamos no existen lluvias importantes, por lo que por ahora se podría decir, que no se tendría una crecida importante del río en la zona de Asunción y alrededores en las próximas semanas”, agregó.
Respecto a las familias que hoy se están viendo obligadas a abandonar sus viviendas precarias, es porque prácticamente se han instalado en el cauce natural del río, y que con esta pequeña crecida que se está dando el río está buscando su cauce natural, obligando a todo los que se hayan instalado ahí a abandonar el sitio.
“Por la larga sequía que hemos tenido, no solo este año, sino que de por lo menos 3 años que estamos teniendo, es que varias personas fueron y se instalaron prácticamente en el cauce del río, entonces con la primera crecida están expulsando nuevamente a esa gente de ese lugar. Son aproximadamente entre 45 a 50 familias que hasta la fecha fueron afectadas y que están siendo atendidas por la Municipalidad de Asunción y una parte por la SEN”, precisó.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.