La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, reveló cifras alarmantes de casos de violencia contra la mujer, con 160.000 denuncias acumuladas en los últimos cinco años. Consideró necesaria la creación del Juzgado Especializado en Violencia contra la Mujer.

“Nosotros trabajamos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y este proyecto tiene como objetivo eso: fortalecer el sistema jurídico y dotarlo de administradores de justicia especializados en la materia”, señaló a la 780 AM.

Destacó que el objetivo del proyecto de ley es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y surgió precisamente debido a las preocupantes estadísticas. “Hemos visto que en los últimos cinco años han aumentado las denuncias, pero por qué ha aumentado, porque hay más violencia o porque las mujeres saben a donde acudir ante hechos de violencia. Son dos cuestiones que tenemos que evaluar”, remarcó.

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Dijo que se reportaron 160.000 denuncias de violencia contra la mujer en los últimos 5 años. “Hay un incremento en el número de hechos de violencia. Ante esta situación tenemos que empezar a evaluar si podemos responder a estas denuncias. Y es ahí donde la mesa interinstitucional compuesta por 14 instituciones entre ellas el Ministerio de la Mujer, evaluamos las acciones en el sistema de protección”, señaló la secretaria de Estado.

Precisamente con la iniciativa legislativa se busca fortalecer el sistema de protección creando el Juzgado Especializado. “Nosotros tenemos esta cantidad de denuncias, pero la respuesta en el fuero judicial sobrepasa humanamente tanto a la Fiscalía como al Juzgado. Humanamente es imposible responder, entonces es ahí donde surge esta necesidad de responder con otra política”, puntualizó.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, sostuvo que como grupo ya realizaron 9 denuncias, de las aproximadas 46 que soporta el intendente Miguel Prieto. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público avanza muy lento en los procesos, mientras Prieto se posiciona como un perseguido político.

“Miguel Prieto hace una buena campaña política, hace esas publicaciones permanentes de que es una persecución política, que él es el único opositor del país, por eso le persiguen mucho”, indicó en entrevista en programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En este sentido, refirió que Prieto logra desviar la atención, de la ciudadanía principalmente, sobre los hechos irregulares denunciados durante su administración. “Nadie analiza realmente si los hechos de corrupción, que nosotros por lo menos hacemos, que están bien documentados, que son serios, porque trabajamos bastante bien en ese tema de investigación, la gente no mira”, lamentó Montiel.

Sostuvo además que Prieto cuenta con un ejército de operadores políticos para sostener su discurso. “Tiene muchos operadores políticos, tiene un sistema que le maneja el tema comunicacional, entonces él se pasa haciendo estas comunicaciones, estas chicanas, chicanas inclusive a la ciudadanía porque dice que es un perseguido, que él está contra el sistema y el sistema está en contra de él porque es el único en el Paraguay que puede salvar el país”, señaló.

Esta situación también marca una división en la ciudadanía, por un lado, lo que compran el discurso de Prieto y por el otro, los que realizan las denuncias de corrupción. “Estamos divididos porque estamos los que demostramos realmente que él es un corrupto, así como todo su equipo que está con él, ahora sumado a los concejales, porque en la primera etapa no eran los concejales, ahora son todo su equipo, todo esto apañan y hay una campaña permanente que es un perseguido político”, sentenció.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Un grupo de indígenas de Caaguazú y San Pedro acampa frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sobre la avenida Artigas, impidiendo el tránsito vehicular y el ingreso de funcionarios. Reclaman al presidente del instituto, Juan Ramón Benegas, quien se encontraría en Ciudad del Este, que cumpla con varias reivindicaciones.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción se encuentran en la zona para redireccionar el paso hacia calles alternativas. Los manifestantes están concentrados desde la noche del lunes, específicamente, sobre la avenida Gral. Máximo Santos y Gral. José Gervasio Artigas.

Se registró un gran congestionamiento vehicular desde la zona del Jardín Botánico a causa del bloqueo realizado por los miembros de los pueblos originarios en uno de los principales puntos de acceso a la capital del país.

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Un grupo de los manifestantes logró entrar hasta el albergue del Indi y otros se quedaron sentados en la misma calzada, obstaculizando el paso de personas y vehículos. Incluido a tempranas horas, los trabajadores de la institución reportaron que no podían ingresar a sus respectivas oficinas para cumplir con sus labores.

La principal exigencia de los manifestantes es hablar con el titular del Indi, quien este martes cumple sus funciones en el este del país. Mientras tanto, se evalúan alternativas de solución para atender los reclamos de los manifestantes. La Policía Nacional resguarda el sitio para evitar inconvenientes, mientras que la Policía Municipal realiza los desvíos pertinentes hacia las avenidas Gral. Santos y Perú para eludir el punto de conflicto.

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