Desde el inicio de la pandemia se han realizado varias denuncias por casos de corrupción en la compra de insumos médicos. Entre estas cabe mencionar la sobrefacturación en la adquisición de tapabocas en la que vio involucrado el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, el agua tónica adquirida por parte de la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio así como también el fraudulento esquema de trabajo del clan Ferreira a través de la firma Insumos Médicos SA (Imedic).
A pesar de contar con un préstamo de US$ 1.600 millones, a cien días de la cuarentena nuestro país no cuenta con los insumos médicos necesarios para enfrentar el COVID-19 y, mucho menos, infraestructura. Así también, los profesionales de blanco se encuentran totalmente desprovistos de los más mínimos recursos hospitalarios.
Tal es así que el actual gobierno ha perdido completamente credibilidad por parte de la ciudadanía. Llegando al punto de ser fuertemente cuestionados con la pregunta ¿Dónde están los US$ 1.600 millones? Además también se realizaron protestas y manifestaciones, tanto en la capital así como también en el interior del país, encabezadas por diversas organizaciones de diversos ámbitos no gubernamentales.
Esta mañana, a través de una conferencia de prensa dirigida por el primer mandatario, el Gobierno dio a conocer su plan de reactivación económica denominado “Ñapu’a”, lo que implica un nuevo endeudamiento por valor de US$ 350 millones como parte de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En la ocasión aseguraron que los fondos no serán utilizados para pago de salarios ni gastos rígidos.
Según especificaciones, de los US$ 350 millones, US$ 100 millones serán destinados a IPS, US$ 80 millones para fortalecer el programa Pytyvõ, dirigido principalmente a las personas que viven en ciudades fronterizas y que se vieron gravemente afectadas por la interrupción del comercio. Otros US$ 100 millones irán al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para dinamizar el sector obras e impulsar el empleo.
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Mientras que la otra parte será distribuida de la siguiente manera: US$ 40 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, US$ 10 millones serán direccionados en apoyo al Fondo Ganadero y unos US$ 20 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
En cuanto al préstamo de los US$ 1.600 millones, detallaron que aún quedan US$ 497 millones a ser transferidos. La Nación preguntó a sus lectores qué opina de esta nueva deuda adquirida por el gobierno.
Mediante la plataforma Votá, planteó: El plan de reactivación económica implicará una nueva deuda de aproximadamente US$ 400 millones para el Estado ¿usted qué opina? El 54% respondió no más deudas, basta con las ya existentes, el 14% consideró que por el bien del país vale la pena arriesgarse, mientras que el 33% votó porque es sólo una excusa para seguir con la corrupción