El director del Hospital Distrital de Lambaré, doctor Richard Lezcano, informó al intendente Guido González que las 50 muestras del COVID-19 realizadas a los funcionarios de la Municipalidad de Lambaré dieron resultado negativo en su totalidad.
En tanto que la funcionaria de la Policía Municipal de Tránsito que dio positivo al coronavirus permanece en aislamiento y en buen estado de salud, informó la cuenta de la Municipalidad de Lambaré. Se espera una segunda prueba a los funcionarios para descartar el período de incubación de la enfermedad y descartar totalmente que sean portadores del virus.
El cierre de la Municipalidad de Lambaré se mantiene desde este martes, pero podría volver a abrirse antes de 15 días, de acuerdo con los segundos resultados de las tomas a los funcionarios afectados. El intendente, Guido González, explicó que si bien el anuncio inicial del cierre del edificio era por dos semanas, la reapertura podría ser antes, según lo conversado con la Dirección de Vigilancia Sanitaria.
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La funcionaria con COVID-19 positivo pertenece a la Dirección de Tránsito, donde tenía contacto cercano con 23 compañeros. El hecho se dio a conocer luego que un contribuyente lambareño haya dado positivo a la enfermedad.
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El afectado confirmó que realizó trámites en la Dirección de Tránsito, donde también una funcionaria comenzó a presentar síntomas gripales. La afectada por lo general no tiene contacto con el público, por lo que no desconocen cuál fue el nexo de contagio.
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Coordinan preparativos para el Operativo Caacupé 2026
La Basílica Santuario de Caacupé y la municipalidad local realizarán este martes, 10 de noviembre, la 2° Reunión Interinstitucional con miras a la organización y coordinación operacional de las Festividades de Caacupé. Para el efecto, fueron convocados representantes de las diversas instituciones gubernamentales.
El inicio del encuentro está marcado para las 09:00 en la sede de la comuna caacupeña. Los pormenores serán dados a conocer a través de los distintos medios de prensa presentes para el evento.
Las acciones están previstas para garantizar la seguridad, el orden y la mejor atención a los miles de peregrinos en el marco del Operativo Caacupé 2026.
Se aguarda la presencia de monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis cordillerana. Asimismo, autoridades de la Policía Nacional, del MOPC, de la Patrulla Caminera, del Ministerio de Salud, de la Essap, Senasa, del gobierno municipal, congregaciones religiosas y de otras instituciones.
En es sentido, abordarán los temas de seguridad, logística, atención sanitaria, instalación de sanitarios, provisión de agua potable, el ordenamiento de vendedores, además de otros servicios y la parte estrictamente litúrgica para una cobertura integral.
El novenario empezará el próximo 28 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de noviembre. Luego, los actos centrales se realizarán el 7 y 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María.
A través de los preparativos, pretenden brindar condiciones adecuadas a los miles de peregrinos que llegarán a visitar a la Virgen, mediante un trabajo coordinado entre las diversas dependencias del Estado, la Municipalidad de Caacupé y a Iglesia.
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Yatytay: nueva administración detalla deuda de G. 1.173 millones
Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
La nueva administración de la Municipalidad de Yatytay, encabezada por el intendente Paulo Ignacio Saucedo Roa, informó en detalle la situación financiera en la que recibió la comuna: una deuda documentada de G. 1.173 millones, que sigue aumentando con facturas que no figuraban en el legajo entregado.
El director de Administración y Finanzas, Vicente Ferreira, explicó que al tomar posesión se encontraron con una carpeta con varias deudas pendientes en diferentes fondos. El desglose está compuesto por: G. 469.556.375 en diferentes fondos por gastos personales, asesoría, obras, inversiones y demás, G. 587.153.395 en rubro genuino en cuentas a pagar y G. 117.597.020 en gasto personal por sueldos de personas permanentes. Ferreira aclaró que a eso se van sumando cuentas nuevas que no estaban en el listado entregado, como facturas de la Ande, de agua y otros servicios, y que solo la deuda con la Ande supera los G. 40 millones y ya había llegado con avisos de corte.
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Uno de los datos más graves, según Ferreira, es que la Municipalidad quedó sin recursos operativos, ya que el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de combustible está en cero, al igual que el presupuesto y la caja, y hasta el momento no pueden acceder a la banca web ni a ninguna de las cuentas bancarias. Actualmente la Municipalidad de Yatytay tiene aproximadamente 57 funcionarios y se le adeuda a la mayoría, ya que solo los funcionarios permanentes que ya se retiraron habrían recibido su respectivo pago.
Ferreira dijo que la situación los entristece porque en Yatytay no son cantidad de personas, son vecinos, y muchos son jóvenes preparados, y lamentó que la comuna haya quedado en esas condiciones. Tanto el intendente Saucedo como Ferreira anunciaron que van a ir deshojando punto por punto la situación, con una auditoría interna y luego de la Contraloría, y denunciar lo que corresponda.
El intendente, por su parte, ya había denunciado el mal estado de las maquinarias, el parque motor, el Salto, el matadero, el vertedero, la plaza y la infraestructura del edificio municipal, y se comprometió a levantar nuevamente la categoría del municipio y a no deshonrar la confianza de la gente.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Reanudan juicio oral contra Miguel Prieto por el caso “Tía Chela”
Este lunes se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones. La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales.
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio. En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación a los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad esteña.