Tras la decisión de la jueza Cinthia Garcete, quien dispuso el sobreseimiento provisional de la exintendente de Ciudad del Este Sandra McLeod, y definitivo del senador Javier Zacarías Irún, en la causa por lesión de confianza por la utilización de fondos destinados a comunicación y publicidad en campañas electorales, los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce ratificaron la acusación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo a lo resuelto por la magistrada de Ciudad del Este, el senador colorado queda libre de todo tipo de investigación por la misma causa; mientras que en el caso de su esposa el Ministerio Público tiene un año para nuevas diligencias; caso contrario, será sobreseída de forma definitiva.
Javier Zacarías Irún, senador, y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este. Foto: Archivo
El senador y su esposa fueron investigados por supuesto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este. En su momento, el propio legislador pidió a sus colegas que le quiten sus fueros para someterse a la justicia.
El abogado Ricardo Preda, defensor del matrimonio, destacó que el coacusado en la causa, Juan Sanabria, desacreditó la acusación del Ministerio Público al momento de prestar declaración ante la jueza Garcete durante el desarrollo de la audiencia preliminar llevada a cabo en Ciudad del Este.
Para el profesional del derecho, los dos fiscales que fueron en representación del Ministerio Público no pudieron responder de manera suficiente los incidentes presentados en la diligencia judicial, en su momento a cargo de Josefina Aghemo y René Fernández.
Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
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Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos paraconcretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán lacomisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
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El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
La sala constitucional de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de una acusada por la muerte de Sol Chávez. Foto: Archivo
Corte rechazó acción de inconstitucionalidad de odontóloga, acusada por la muerte de Sol Chávez
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La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad presentada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien debe enfrentar un nuevo juicio oral y público por la muerte de la joven Sol Chávez, ocurrida en abril del 2021.
La acción fue promovida contra una resolución del tribunal de apelación en lo penal, que había anulado el fallo de primera instancia donde un colegiado condenó a penas irrisorias a dos acusadas.
El próximo 30 de abril a las 12:00 se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez (22) quien murió por intoxicación por flúor.
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal para que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados. Foto: NM/Archivo
Funcionarios y jubilados de IPS amplían denuncia contra autoridades de Fipsa
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En la mañana de este viernes, un grupo de 40 personas, entre funcionarios y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) amplió la denuncia en contra de los representantes de la Asociación de Funcionarios y Asociados del ente previsional (Fipsa).
Los representantes de esta asociación están acusados de haber estafado supuestamente bajo un esquema de duplicación de deuda y descuento compulsivo de salarios, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.
Las víctimas solicitaron al representante del Ministerio Público, agente fiscal Oscar Delfino que pueda iniciar las diligencias necesarias para el avance de la presente causa penal a fin de que estos directivos, que ocuparon cargo en los últimos años en Fipsa, sean juzgados.
La denuncia es sumamente grave, teniendo en cuenta que las víctimas del esquema de estafa son trabajadores y jubilados que ya han abonado la totalidad de sus deudas con la asociación, inclusive las deudas duplicadas, y aun así tienen que seguir soportando procesos judiciales con embargos de salario que le impiden cobrar la totalidad de sus salarios. Igualmente, le imposibilitan el acceso al sistema financiero para nuevos préstamos por encontrarse con demandas activas.
Semanas atrás, cuatro personas habían presentado una denuncia contra Fipsa, por la evasión de los aportes a la seguridad social, lo que compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados habían pedido a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez.
El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.