Tras la decisión de la jueza Cinthia Garcete, quien dispuso el sobreseimiento provisional de la exintendente de Ciudad del Este Sandra McLeod, y definitivo del senador Javier Zacarías Irún, en la causa por lesión de confianza por la utilización de fondos destinados a comunicación y publicidad en campañas electorales, los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce ratificaron la acusación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo a lo resuelto por la magistrada de Ciudad del Este, el senador colorado queda libre de todo tipo de investigación por la misma causa; mientras que en el caso de su esposa el Ministerio Público tiene un año para nuevas diligencias; caso contrario, será sobreseída de forma definitiva.
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El senador y su esposa fueron investigados por supuesto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este. En su momento, el propio legislador pidió a sus colegas que le quiten sus fueros para someterse a la justicia.
El abogado Ricardo Preda, defensor del matrimonio, destacó que el coacusado en la causa, Juan Sanabria, desacreditó la acusación del Ministerio Público al momento de prestar declaración ante la jueza Garcete durante el desarrollo de la audiencia preliminar llevada a cabo en Ciudad del Este.
Para el profesional del derecho, los dos fiscales que fueron en representación del Ministerio Público no pudieron responder de manera suficiente los incidentes presentados en la diligencia judicial, en su momento a cargo de Josefina Aghemo y René Fernández.
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Contraloría Ciudadana sobre juicio de Prieto: “Tía Chela fue el primer golpe que hicieron”
“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.
En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Campaña prietista contra la Fiscalía
“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.
La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.
“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad, Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.
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La acusación fiscal es irrebatible
Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela SRL y Vanemi SA, con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vacías las arcas de la municipalidad esteña, de acuerdo con los denunciantes.
“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero, por lo menos, la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció Montiel.
Antecedentes
Según la investigación fiscal, la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.
La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.
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Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron en junio de 2024 al exintendente y otras 10 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna. Tras varias chicanas, finalmente este lunes se dio la apertura de este proceso judicial.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices.
Incidentes presentados por la Fiscalía
El fiscal acusador Silvio Corbeta inició con la presentación de incidentes, que son cuatro en particular. El primero, una situación que se había presentado durante la audiencia preliminar, por hechos nuevos que ha tomado conocimiento el Ministerio Público, al momento de ofrecimiento de pruebas de la defensa, que tiene que ver con el cambio de marcas de productos licitados.
El fiscal solicitó la consulta a la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) acerca de la nota que se presentó, por la propia defensa de los acusados, que tiene fecha de marzo del 2020 y fue firmada por Fermín Ávalos, representante de la empresa Tía Chela presentada a la Municipalidad de CDE, ya que la DNCP realizó un sumario de oficio y ese sumario concluyó en una resolución en la cual señala inconsistencias en la licitación en materia de contratación pública por vía de la excepción.
El segundo incidente presentado por el fiscal, es la solicitud de declaración testimonial del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, considerado como un testigo calificado y experto que podrá responder a todas las consultas sobre la pertinencia sobre la nota presentada en el primer incidente, sobre su regularidad o irregularidad.
También solicitó un informe a la Contraloría General de la República (CGR), si la nota en cuestión, “recibida por el intendente municipal, Miguel Prieto, fue presentada y analizada cuando el órgano mismo de control realizó el dictamen técnico de contrataciones DGCPCPE n.° 44/2021 que hace referencia a esta licitación de kit de alimentos que es la contratación de la vía de la excepción n.° 3/2020 en la cual la Contraloría concluyó la Municipalidad de Ciudad del Este favoreció la adjudicación del contrato a la empresa Tía Chela”.
El cuarto incidente presentado es una solicitud de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para tener conocimiento en el marco de la trazabilidad realizada de las facturas y en las mercaderías proveídas a la Municipalidad de Ciudad del Este, realizado por el departamento de análisis y gestión de riesgos tributarios, si la empresa Tía Chela comunicó el cambio de las marcas de las mercaderías consignadas y licitadas en el contrato con la comuna.
“Si esto fue producto de algún dictamen por parte de la DNIT, ya que la DNIT realizó también un trabajo sobre el cual versa principalmente la teoría del caso del Ministerio Público”, explicó el fiscal Corbeta.
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“Tía Chela”: Prieto a juicio por presunto desvío de G. 2.130 millones en kits de pandemia
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se sienta este lunes en el asiento de los acusados para su primer juicio oral y público por el caso “Tía Chela”, que se realiza a partir de las 8:00, tras numerosas chicanas que trabaron el proceso, de entre cerca de 50 denuncias que acumula por presuntos desvíos de fondos públicos durante su gestión municipal, del 9 de noviembre de 2021 al 19 de agosto de 2025, cuando fue destituido por corrupción.
El exjefe comunal y otros seis presuntos participantes en los hechos fueron acusados por los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdéz, en junio de 2024, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices. El juicio será transmitido en este enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/FkAU8-JEIGw?si=51T8hip2GacycC20.
Compra amañada
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada a la firma Tía Chela, propiedad de Ávalos Britos, de 25.000 cestas de alimentos que generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036 160 milllones a la municipalidad. La administración de Prieto habría, bajo la vía de la excepción, llamado a una licitación el 27 de marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos, durante la pandemia del covid-19.
En una parte de la acusación los fiscales sostienen que los investigados armaron la licitación y dejaron constancia de la recepción de las mercaderías que nunca fueron entregadas a la comuna. Para encubrir el suceso, la acusada Florentín Páez, actual asesora jurídica de la comuna, activó en la construcción de cadenas de compra-venta ficticias por al menos G. 692.155.023 del total del monto desviado. La firma Vanemi S. A. fue creada para tratar de cubrir la falta de contraprestación real de productos a la comuna conforme a lo que se pagó.
Para el Ministerio Público está claro que el jefe comunal esteño sabía de antemano que los kits de alimentos no serían entregados en contraprestación a lo que se pagó, o sea, conocía que el pago a Tía Chela era por mercaderías inexistentes, y así se configuraron los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.
Puntos clave
Pese a que la defensa del exintendente alega que se habrían entregado las cestas de alimentos, el Ministerio Público sostiene su acusación en estos puntos:
- Inexistencia de stock: la firma proveedora no contaba con la mercadería requerida al momento de la adjudicación.
- Falta de respaldo: no existen pruebas documentales ni logísticas creíbles que certifiquen la entrega real de la totalidad de las cestas.
- Proveedores ficticios: gran parte del presunto abastecimiento de insumos carece de trazabilidad comercial válida.
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Fiscalía pidió rechazar chicana de Arnoldo Wiens en el caso metrobús
Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente.
Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.
“La pretensión de los recurrentes debe ser rechazada por su notoria improcedencia, en atención a que el auto interlocutorio recurrido se encuentra correctamente fundando sobre la base de hechos y estricto derecho, debiendo ser confirmado en su totalidad”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público, en una nota del 27 de agosto, al contestar el recurso de apelación general interpuesto el 21 de agosto por los abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, representantes legales de Wiens.
La defensa del exministro de Obras Públicas introdujo esta chicana contra el Auto Interlocutorio n.° 264, de fecha 14 de agosto de 2026, el cual resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción y extinción de la acción penal, que fue dictado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno, Humberto Otazú.
CITACIÓN A INDAGATORIA
El Ministerio Público puntualiza que la resolución recurrida está “debidamente fundada y la citación a indagatoria de fecha 4 de octubre de 2023 fue idónea para interrumpir la prescripción” y, citando los artículos 104 y 162 del Código Penal, que “el supuesto agravio expuesto por la defensa parte de una confusión entre institutos procesales diferentes y pretende incorporar al acto de citación para declaración indagatoria exigencias que la ley no establece como condición para producir el efecto interruptivo de la prescripción”.
La defensa pretende negar el efecto interruptivo de la citación, porque en citación a indagatoria del entonces inculpado del año 2023 no se habría efectuado una descripción detallada de todos los hechos posteriormente incorporados a la imputación, aludiendo a la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre de 2018, la suspensión de las obras originales, trabajos para habilitar el tránsito, el pago de G. 8.030.693.029 a Mota-Engil y la demolición de las estaciones.
“En tal sentido se tiene que, luego de recibir la citación, Arnoldo Wiens designó como defensor al Abg. Federico Huttemann; este aceptó el cargo, solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 13 de octubre de 2023 y requirió copias del cuaderno de investigación fiscal. Posteriormente volvió a solicitar documentación específica de la investigación, copias a las cuales accedieron”, agrega la contestación fiscal.
“En consecuencia, no pueden ahora pretender que la falta de realización de un acto cuya suspensión fue solicitada por la propia defensa transforme retroactivamente una citación válida en un acto carente de eficacia interruptiva”.