• Por Andrea Peris.
• Comunicadora y CEO de Carreteras y Algo más

La oportunidad no se medirá por cuántos camiones atraviesen Paraguay, sino por cuánto valor seamos capaces de retener.

Durante décadas hablamos de la mediterraneidad del Paraguay como una desventaja. Hoy, la Bioceánica nos obliga a mirar nuevamente el mapa y nuestro lugar en él.

El corredor nos acerca al Atlántico y al Pacífico y coloca al Chaco en una posición inédita dentro del comercio regional. Pero la oportunidad no está solamente en facilitar el paso de mer­caderías.

Existe una enorme diferencia entre ser un país de tránsito y convertirse en un hub logístico. El primero deja pasar cargas; el segundo genera servicios, empleo, tecnología e inversiones.

Para lograrlo, las carreteras son indispensables, pero no suficientes. Necesitamos puertos, hidrovía, pasos fronterizos ágiles, centros logísticos, energía confiable, conectividad digital, industria e inversión privada.

La infraestructura tampoco debería evaluarse solo por kilómetros construi­dos. Debemos preguntarnos cuántas empresas atrae, cuánto empleo crea, qué inversiones moviliza y cuánto redu­ce nuestros costos logísticos.

Una carretera transporta merca­derías. Un corredor bien planificado transforma territorios.

El Canal de Panamá nació de una idea extraordinaria: conectar dos océanos. Más de un siglo después, su importancia excede aquella conexión física, pues transformó rutas comercia­les y convirtió la ubicación geográfica en un activo estratégico. Las grandes infraestructuras producen efectos que trascienden la obra que las originó.

La Bioceánica puede representar para Paraguay una oportunidad de esa naturaleza, a nuestra propia escala. No porque las obras sean comparables, sino porque ambas enseñan algo: la infraestructura puede cambiar el valor estratégico de una geografía.

Paraguay seguirá sin litoral marítimo, pero no debe comportarse económicamente como un país aislado. La geografía nos dio la ubicación; la infraestructura está construyendo la conexión.

Ahora necesitamos una estrategia capaz de convertir ambas en desarrollo. Porque el verdadero éxito de la Bioceá­nica no será que el mundo pase por Paraguay, sino conseguir que una parte del valor que mueve el mundo se quede en Paraguay.

Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y vigilancia en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, tres instituciones desarrollaron una jornada especializada de capacitación en el departamento de Itapúa. Fueron protagonistas representantes del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), a través de la Coordinación General de Facilitación (DINAC-FAL), y la Embajada de Estados Unidos.

La actividad tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Teniente Ramón Amín Ayub González, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, y abordó tres áreas consideradas estratégicas para la protección de las fronteras: la prevención y detección de situaciones vinculadas con la trata de personas, la identificación de documentos fraudulentos y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

Durante la jornada se compartieron herramientas y procedimientos orientados a que los funcionarios aeroportuarios puedan identificar señales de alerta, detectar documentación irregular y actuar de manera coordinada ante posibles casos de trata de personas. La cooperación con la representación diplomática estadounidense permitió incorporar conocimientos técnicos y mecanismos de respuesta aplicables a escenarios de riesgo internacional.

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Otro de los ejes estuvo centrado en el Reglamento Sanitario Internacional, cuya aplicación adquiere especial relevancia ante la llegada de viajeros procedentes de distintos países y la realización de acontecimientos de gran convocatoria.

En ese contexto, la Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras, dependiente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, indicó que se reforzaron los protocolos de vigilancia y control sanitario en los puntos de entrada.

La capacitación también se desarrolló como parte de los preparativos institucionales ante el WRC Rally Paraguay 2026, evento que generará un importante movimiento de visitantes y delegaciones internacionales.

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Participaron funcionarios de la VII Región Sanitaria de Itapúa, DINAC, la administración aeroportuaria, Migraciones, Aduanas y los equipos de Vigilancia y Control de Fronteras, consolidando una estrategia interinstitucional para responder de manera coordinada ante eventuales amenazas.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.

Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.

El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.

Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.

El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.

Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.

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Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.

En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.

Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.

A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.

En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.

Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.

En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.

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La inteligencia artificial y la computación cuántica están cambiando el mapa de riesgos del sistema financiero y obligan a las instituciones a replantear cómo protegen sus datos.

La transformación digital amplió las capacidades de las instituciones financieras, pero también existen más puntos de exposición de la información. Durante una conferencia sobre ciberseguridad y soberanía digital, el especialista en seguridad de la información, Luis Noguerol planteó el concepto de “encriptado pero expuesto”, que cuestiona la idea de que un dato está completamente protegido por el solo hecho de estar cifrado.

Explicó que la información atraviesa diferentes sistemas, se almacena, procesa, comparte y utiliza para tomar decisiones, generando una pérdida progresiva de visibilidad y control.

Cada interacción con estas herramientas puede generar nuevos datos derivados, patrones o información que quedan fuera del perímetro original de la organización. Por ello, el reto ya no consiste únicamente en determinar quién puede leer los datos, sino en saber quién mantiene el control sobre ellos durante todo su ciclo de vida.

Políticas claras para el uso de la IA. Señaló que a estos riesgos se suman las denominadas “alucinaciones” de la IA, la manipulación mediante prompts, la exposición de APIs y las vulnerabilidades que pueden incorporarse mediante código generado automáticamente.

Ante este escenario, las entidades financieras deben establecer políticas claras para el uso de inteligencia artificial, clasificar la información que puede procesarse mediante estas herramientas y desarrollar mecanismos para verificar sus resultados.

Además, subrayó que el desafío también alcanza al ámbito regulatorio, considerando la necesidad de establecer reglas para un uso seguro y responsable de estas tecnologías.

Otro frente de preocupación es la computación cuántica, cuya evolución podría comprometer sistemas criptográficos utilizados actualmente. Durante la exposición realizada en el marco de la Segunda Convención Bancaria Paraguay 2026, Noguerol advirtió sobre la futura vulnerabilidad de algoritmos como RSA y sobre el riesgo conocido como “conecta hoy, desencripta mañana”, mediante el cual actores pueden recopilar actualmente datos cifrados para intentar descifrarlos cuando exista capacidad cuántica suficiente.

Una hoja de ruta ante estos desafíos. Frente a este escenario, propone una hoja de ruta partiendo de un inventario y clasificación de todos los datos, el mapeo de sus flujos y la evaluación de riesgos.

Seguidamente, planteó fortalecer el cifrado, la gestión de claves y los controles de acceso; avanzar hacia arquitecturas de IA verificables y migrar progresivamente a algoritmos resistentes a la computación cuántica.

Finalmente sostuvo que el desafío, trasciende al área tecnológica. La expansión de la nube, IoT, 5G y la inteligencia artificial convierte la ciberseguridad en una responsabilidad transversal dentro de las organizaciones.

En ese marco, señaló que el sector financiero paraguayo, debe tener como objetivo avanzar hacia una soberanía digital sostenible, fortaleciendo las capacidades locales, promoviendo la innovación en seguridad y estableciendo reglas que permitan aprovechar las nuevas tecnologías sin perder el control sobre los datos, uno de los activos más importantes de cualquier institución.