La vocera del grupo de padres y alumnos del colegio Chiang Kai-Shek (CKS), Lourdes Barboza, explicó que ante el inminente cierre de las actividades educativas, este viernes 19, solicitaron al director jurídico, Marcelo Duprat, que el MEC asuma su competencia y haga cumplir la normativa para el cierre de centros educativos y precautelar así el derecho a la educación de los menores.
De acuerdo con lo indicado por la vocera, tras la reunión “Duprat ya nos adelantó que el MEC tiene muchas salidas de índole administrativa para poner en regla la situación cuando se incumplen las normativas”, reiteró la madre. Asimismo, el director Duprat indicó a los padres y alumnos que entre las medidas estaría la intervención, que es lo que los padres están solicitando, indican.
Respecto a las acciones por parte del director jurídico del MEC, Barboza indicó que “nos explicó que él (Duprat) aún no había tomado intervención en el asunto, ya que se estaba tramitando a niveles departamentales y le hemos solicitado que se interiorice cuanto antes, ya que nuestro plazo vence el viernes”, indicó.
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Asimismo, la vocera sostuvo que le han manifestado al director jurídico del MEC, Marcelo Duprat, que el propósito es que el MEC asuma sus competencias y tome las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a las normativas que están vigentes en materia de cierre de centros educativos.
La vocera de los afectados reiteró que este viernes 19 cierran el CKS y que sus hijos quedarán literalmente sin colegio. Lamentan la dilación de los representantes de las autoridades del Centro Cultural Confucio, que a pesar de mantener conversaciones con el MEC aún no se resolvieron las cosas.
Exhortan a las autoridades de MEC a que “se desarrolle un proceso de cierre del año escolar, ya que está muy avanzado el año y encima con clases virtuales y en este ínterin el colegio también ponga en regla los documentos para esta medida de cierre”.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Candidata de Lista 1 no objetará mesas del PLRA en Capiatá pese a vencer plazo electoral
La candidata a intendenta municipal de Capiatá por la Lista 1 de la Asociación Nacional República (ANR), Laura Gamarra, anunció que su equipo político no presentará objeciones y acompañará las gestiones para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la Lista 2, pueda contar con representantes en las mesas de votación durante las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.
Mediante una conferencia de prensa que brindó este domingo desde su residencia, ubicada en el barrio Santo Domingo de Capiatá, Gamarra explicó que el PLRA no habría presentado dentro del plazo establecido la nómina de sus funcionarios de mesa y apoderados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), situación que lamentó y calificó como una sorpresa.
De hecho, de los 19 distritos del departamento Central, el PLRA no presentó su nómina para la integración de mesas en siete municipios. Además de Capiatá, están en la misma situación Areguá, Guarambaré, Itá, Itauguá, Luque y San Antonio. Plazo que feneció el pasado lunes 14 de septiembre, conforme al acta de audiencia del Juzgado Electoral de Central. Desde el PLRA señalaron, el pasado viernes, que la situación se está subsanando.
No obstante, la candidata colorada Laura Gamarra, acompañada del apoderado general Julio Ledesma, sostuvo que, por encima de los intereses partidarios, debe prevalecer la participación de los distintos sectores políticos y la voluntad ciudadana.
“Fue una sorpresa muy grande que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no presentó en tiempo estas nóminas de funcionarios de mesa como así también para apoderado y no han participado del sorteo correspondiente. De todo corazón lo digo, lamento muchísimo esa desidia y ese desinterés que han demostrado en esa circunstancia para todos demasiado importante”, comentó.
Gamarra aclaró que se puso en contacto con los apoderados nacionales del Partido Colorado, como también con los diferentes candidatos a concejales de la Lista 1, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para acompañar las correspondientes gestiones ante la Justicia Electoral, para facilitar la representación liberal en las mesas electorales de Capiatá.
“Por encima de cualquier interés partidario, para nosotros está nuestra querida ciudad de Capiatá. Como candidata de la Lista 1 y el equipo político el Partido Colorado, en la ciudad no pondremos ninguna objeción con respecto a esa situación para que se pueda encontrar y subsanar esa situación. Teniendo en cuenta que la democracia, la voluntad del pueblo tiene que prevalecer siempre. Hemos tomado esta decisión incluso de acompañar la solicitud y las gestiones que en estos momentos están realizando el PLRA para que puedan contar con la representación de su partido en cada mesa de votación” enfatizó.
En favor de elecciones transparentes
La ciudad de Capiatá cuenta para este año con más de 150.000 electores, distribuidos en 26 locales de votación y más de 450 mesas electorales, según los datos mencionados durante la conferencia de prensa que fue transmitido por las redes sociales de Capiatá Press PY. Gamarra afirmó que la Lista 1 ya tiene organizado y capacitado a su equipo electoral para la jornada.
Por su parte, el apoderado general de la Lista 1 en Capiatá, Julio Ledesma, manifestó que acompañarán el proceso y sostuvo que la presencia de los distintos sectores políticos contribuirá a unas elecciones transparentes. Durante la conferencia se informó que Cruzada Nacional presentó en tiempo y forma su nómina de funcionarios de mesa y que su representación será definida conforme al procedimiento electoral correspondiente.
“Realmente existe un proceso todavía legal y existen instancias, en el cual el PLRA está apelando, en el cual nosotros vamos directamente allanarnos a lo que ellos están solicitando por el lado de la ciudad de Capiatá, entonces se va a facilitar mucho más rápido de que esa resolución sea favorable para el pueblo capiateño, para que todos estén representados en unas elecciones transparentes y que todos los partidos que hoy pugnan con una candidatura tengan su representación en todas las mesas”, acotó Ledesma.
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Histórico acuerdo beneficia a 83.000 docentes con inversión de USD 80 millones
El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, evaluó positivamente el histórico acuerdo suscrito con el Gobierno, el cual contempla un paquete integral de reivindicaciones para el sector. La medida incluye un reajuste salarial del 5 %, la cancelación de la deuda histórica que el Estado mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) y un incremento sustancial en la inversión educativa, beneficiando de manera directa a más de 83.000 docentes en todo el país.
El impacto económico de estas conquistas rondará los 80 millones de dólares. Según detalló Piris a La Nación/Nación Media, la mejora salarial se implementará de forma gradual: “Ya teníamos contemplado un 2,4 % en el proyecto de presupuesto y, vía adenda, se remitirá un 2,6 % adicional para completar el 5 % a partir de julio de 2027”.
Destacó que se acordó elevar de 19.000 millones a G. 35.000 millones los recursos para el crecimiento vegetativo para contratar docentes. “También se acordó que se pague la deuda histórica del Ministerio de Educación al IPS de G.40.000 millones aproximadamente. Hace 11 años que se adeuda, en el 2015 fue la última vez que se abonó”, recordó.
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Instalación de mesa técnica
Otro punto del documento de entendimiento alude a la instalación de una mesa de trabajo técnico para reglamentar formalmente las categorías salariales, criterios de ingreso, en el marco de la carrera docente, con la que se buscará establecer un nuevo salario básico.
“También se acordó dejar sin efecto 14 programas del Ministerio que prácticamente agobiaba la labor del docente. Los compañeros nos pidieron que se suspenda eso para poder dedicar más tiempo a la enseñanza. Y quedan tres programas que consideramos que son importantes”, mencionó.
Así mismo, 11 millones de dólares serán destinados al pago del escalafón docente. “Y lo más importante es que sin salir a las calles a través del diálogo acordamos incorporar en el presupuesto más de 60 millones de dólares para el 2027”, significó.
Nuevos salarios
Piris manifestó que el impacto de estos beneficios en materia presupuestaria será de 47 millones de dólares, pero cuando se llegue al año 2028, orillará los 80 millones de dólares, ya que el ajuste salarial del 2.6 % impacta a partir del mes julio.
Con los nuevos salarios, los maestros de grado pasarán de ganar 4.275.000 guaraníes a G. 4.488.000 por turno. “En el caso del catedrático que actualmente recibe 38.000 por hora, pasaría a 40.495 guaraníes. Y también los directores y supervisores tienen un incremento de aproximadamente 570.000 guaraníes”, detalló.
El presidente de la FEP valoró el acuerdo firmado por los gremios con las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Economía y Finanzas y refrendado por el presidente Santiago Peña, con lo que se consiguió desactivar el paro nacional de educadores.
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