El asesor del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Nelson Coronel, se refirió sobre una denuncia presentada en la Fiscalía contra una funcionaria por violar la cuarentena obligatoria tras presentar síntomas del COVID-19. Sin embargo, la mujer se presentó en una caravana de vehículos cuando debía guardar aislamiento domiciliario.
La funcionaria pertenece al Centro Abrazo, que a raíz de este hecho cerró sus puertas durante 14 días, tiempo que también la funcionaria debía permanecer en su vivienda. Incluso, otros funcionarios fueron enviados a cuarentena preventiva debido a los síntomas de la funcionaria en la sede de la institución.
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La denuncia presentada en el Ministerio Público señala que la trabajadora participó de una actividad pública, violando la cuarentena preventiva y exponiendo a otras personas que participaban de la movilización de vehículos frente al Banco Central del Paraguay tras interactuar con ellas.
“Ella fue a aislamiento obligatorio por 14 días, no sabemos si dio positivo o negativo. Es una funcionaria de uno de los centros Abrazo. Se tuvo que cerrar el lugar, se echaron a perder muchos alimentos”, expresó el asesor del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Coronel señaló que la funcionaria debía guardar cuarentena desde el 2 hasta el 16 del mes de junio, pero participó de la movilización el pasado jueves 11 de junio.
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“Luego, por uno de los medios de comunicación nos enteramos que ella estaba participando de una caravana, concediendo entrevistas junto con otras personas, violando la cuarentena”, afirmó Coronel en contacto con 1000 AM.
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Fiscalía investiga brutal golpiza a una mujer
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer fue brutalmente golpeada presuntamente por su esposo quien la dejó con el rostro casi desfigurado. La misma tiene 26 años, es una trabajadora doméstica y tiene un hijo con el supuesto agresor. Fue a denunciar el hecho ante la comisaría 23 del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, pero la habrían ignorado, según relató a la abogada Alice Monges.
Esto fue divulgado por la misma profesional en su cuenta de red social. Consultada por La Nación/Nación Media, confirmó el caso. La abogada contó que, tomó conocimiento del hecho mediante la jefa del trabajo doméstico de la víctima y juntas acompañaron a la joven a realizar la denuncia ante el Ministerio Público, donde la causa quedó a cargo de la fiscal Analía Rodríguez.
“Una mujer víctima de violencia brutal, cuyo propio esposo la desfiguró. Ayer, aproximadamente 18:30 (viernes 1 de mayo) acudió a la comisaría del barrio Carmelitas para denunciar, pero su denuncia nunca fue tomada. Hoy, al tener conocimiento del caso, la acompañé personalmente y no existía ningún registro”, expresó la abogada Monges en su red.
Además, comentó que acompañó a la joven hasta el Ministerio Público, “donde finalmente pudo realizar la denuncia y recibir la atención que corresponde”.
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“Después nos preguntamos por qué duelen tanto las estadísticas de feminicidio en Paraguay. Podemos crear más unidades especializadas en las Fiscalías, pero mientras el sistema policial siga burlándose de las víctimas y negándoles el acceso inicial a la Justicia, las cifras seguirán siendo una herida abierta”, sostuvo la profesional.
La fiscal Analía Rodríguez dijo a La Nación/Nación Media que desconoce lo que habría pasado en la comisaría, pero envió al personal policial la orden de cumplimiento del protocolo de seguridad para la víctima.
Comisaría 23 asegura que no recibió denuncia
La comisaría 23 del barrio las Carmelitas emitió una aclaración en base a lo publicado en redes, señalando que no recibió ninguna denuncia, en relación a un supuesto hecho punible de violencia familiar.
También refiere el reporte que el sábado 2 de mayo, siendo las 09:30, “la supuesta victima”, acompañada por dos mujeres, llegaron ofuscadas a la comisaría maltratando supuestamente a la oficial de guardia, con la acusación de no haber recibido la denuncia el día anterior y se retiraron del lugar sin identificarse.
Agrega que, también hicieron fotografías y grabaron imágenes del interior de la unidad policial. La abogada Alice Monges negó haber maltratado a la oficial, sí a reclamar en voz alta por la negligencia cometida.
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Fiscalía pidió juicio oral de Miky Zaldívar por lavado en caso Atlas
La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los agentes fiscales solicitaron el comiso especial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
LA ACUSACIÓN
El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, y el fiduciario, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.
Según la investigación, estos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.
Además, la entidad debió realizar una verificación in situ para corroborar la existencia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la institución estaba obligada a justificar por escrito los motivos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monitorear constantemente la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida diligencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.
Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas establecía que, ante el lanzamiento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los directivos acusados habrían recibido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebración de los contratos de fideicomiso el 4 de febrero de 2016.
Abogado subraya rigurosidad de investigación fiscal
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
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La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.
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Fiscalía de EE. UU. acusa de narcotráfico a gobernador del estado mexicano de Sinaloa
La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.
Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.
Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.
La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.
El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.
- Fuente: AFP
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