El embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubin, confirmó que aún no pudo retornar a territorio israelí ante el cierre del espacio aéreo y las recomendaciones de seguridad que limitan las opciones de salida por tierra. La situación afecta también a varios intendentes paraguayos que se encuentran varados en ese país tras una visita oficial organizada por el Estado de Israel.

“En este momento estamos en una situación de crisis y se va evaluando hora a hora las cuestiones que se están pasando allá”, expresó Rubin en conversación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, donde dio detalles de cómo se vive en Israel ante la escalada de violencia que se da en el enfrentamiento con Irán.

“Estoy con un equipo de trabajo viendo todo lo que está pasando, conectado todo el tiempo. Casi ninguna embajada está abierta físicamente, todas operan de manera virtual. En mi caso, sigo trabajando en la misma esfera, coordinando lo que se pueda y monitoreando especialmente a los connacionales y, particularmente, a los intendentes que se encuentran allá”, expresó Rubin.

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El diplomático debía retornar a Israel el domingo pasado, pero su vuelo fue cancelado debido al cierre del espacio aéreo, no solo en Israel, sino también en Jordania, lo que complica aún más las posibilidades de retorno. “Las opciones por tierra no están recomendadas y sería una aventura que no me gustaría imponer a ningún compatriota. Para mí, lo principal es cuidarlos ahora”, subrayó.

Respecto a los intendentes, Rubin señaló que permanecen en contacto permanente con la embajada y siguen las recomendaciones de seguridad. “Dentro de todo, se están siguiendo los protocolos que nos dan, y se mantiene un alto grado de seguridad. Las bombas no solo van dirigidas a zonas militares, sino también a la población civil”, advirtió.

Aunque algunos de los intendentes han solicitado ayuda para regresar, el embajador insistió en que las condiciones actuales no permiten movimientos seguros. “No hay recomendación oficial del gobierno de Israel para que salgan. La información no ha cambiado. Entiendo las ansiedades, y uno desde la distancia se pone aún más ansioso, pero estamos trabajando y viendo qué se puede hacer por nuestros connacionales”, expresó.

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El senador y precandidato presidencial de derecha de Colombia, Miguel Uribe Turbay, fue sometido “en las últimas horas a una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial”, informaron este lunes desde el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el político permanece internado tras sufrir un atentado el pasado 7 de junio.

El legislador “ha continuado su manejo en la unidad de cuidados intensivos, subespecializada en Neurología, con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes”, indica el reporte brindado esta mañana sobre la situación clínica de Uribe y publicado por el portal eltiempo.com.

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Añade que “el paciente permanece hemodinámicamente estable y su condición clínica sigue siendo crítica, con pronóstico neurológico reservado”. El senador fue sometido a un control tomográfico cerebral postoperatorio que “evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos adicionales a los previamente identificados”, menciona.

Miles de personas marcharon en las principales ciudades de Colombia ayer domingo en señal de repulsa ante el atentado contra el precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe. El senador de 39 años recibió tres disparos durante un acto público en un barrio popular de Bogotá. El ataque despertó recuerdos de violencia y el terror ejercido por el capo de la cocaína Pablo Escobar contra políticos en las décadas de los 80 y 90.

“Tenemos un senador que está peleando entre la vida y la muerte y queremos que salga adelante”, dijo a la AFP Miguel Calderón, un maestro de 43 años, presente en la marcha de Bogotá. Y “que no se tome la violencia como una salida a toda esta situación”, agregó.

Miles de personas llenaron calles y plazas con camisetas blancas y banderas de Colombia por la paz. “Éxito en la plaza de Bogotá. Un pueblo unido por la paz”, dijo el presidente Gustavo Petro en X. La Policía ya ha detenido a tres supuestos implicados en el crimen. Un adolescente de 15 años está acusado de ser el autor material del atentado, mientras que un adulto es sospechoso de ser responsable de la “logística” del ataque.

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Las autoridades colombianas informaron el sábado de la detención de una mujer en el sur del país, aunque no dieron detalles de su supuesto papel en el ataque. Según el periódico El Tiempo, uno de los detenidos aseguró que el autor intelectual del atentado reside en Ecuador. El expresidente (2002-2010) y líder de la derecha del país, Álvaro Uribe Vélez, quien no tiene parentesco con el senador atacado, participó en la protesta fuertemente custodiado por escoltas.

Fuente: AFP

La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.

El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.

De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.

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La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.

Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.

La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.

Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.

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Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.

En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.

Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).