Licenciados en enfermería capacitados por el I Curso de Capacitación de Profesionales de Enfermería no Intensivistas en el Manejo del COVID-19, impulsado por el programa Becal y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitan al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, específicamente al ministro Julio Mazzoleni, la contratación del personal capacitado, ya que manejan la información que la cartera sanitaria cuenta con el rubro para contratar a unos 2.000 personales de blanco.
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Los profesionales se manifestaron nuevamente hoy ante la sede del MSPyBS y sostienen que actualmente se encuentran desempleados, a pesar de poseer las capacidades para desempeñarse de manera satisfactoria en cualquier dependencia de Salud Pública. El pedido de contratación se da teniendo en cuenta la situación de escasez de recursos humanos capacitados que puedan brindar soporte al sistema.
El personal capacitado en el marco de la pandemia manifiesta a las autoridades que desean incorporarse a las tareas médicas y no solamente como “una línea de reserva ante un posible desborde de pacientes en las instituciones”. “Exigimos empleo y trabajo justo; queremos una oportunidad. Basta de politizar la carrera de enfermería”, se leen en los carteles de los profesionales que solicitan su admisión.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Víctimas de la mafia de pagarés recurrieron al Congreso: “Esta es una causa nacional”
Desgarradores testimonios fueron esgrimidos por las víctimas de la mafia de los pagarés mediante una audiencia pública realizada este jueves en el Congreso Nacional. Durante la ocasión expusieron fotografías de los estafadores y repudiaron que el esquema sea apañado por autoridades del Poder Judicial.
Una de las víctimas es la enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, Luciana Bernavet, quien indicó que desde el año 2023 viene padeciendo un descuento sideral de su salario por una deuda inexistente. “Yo tengo 65 años, soy enferma de reumatología. Del total de mi salario solo me queda la suma de un millón seiscientos mil guaraníes, con esto debo pagar los servicios de luz, agua y alimentos”, dijo en una entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Bernavet, entre lágrimas, siguió sosteniendo que el embargo de su salario empezó sin previo aviso. “En total me sacan la suma de millón cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, de una cuenta que ya pagué todo, tengo documentos que indican que incluso ya no debo nada”.
La mujer estuvo acompañada por Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), quien repudió el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al rechazar anular los embargos de las víctimas de la mafia de pagarés.
“Es una pena, una incertidumbre terrible y genera una impotencia el comunicado paupérrimo de la Corte Suprema de Justicia, en donde deja a todas estas personas víctimas de la mafia de los pagarés al libre albedrío. La señora Luciana no ejerció el derecho a la defensa, fue notificada en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba jubilada”, indicó.
Gallardo acotó: “Cómo Luciana iba a ejercer el derecho a la defensa si no se dio por enterada. Tomó conocimiento de que está embargada cuando dejó de percibir su salario. Esta es una causa nacional, no podemos permanecer indiferentes y que sigan robando a nuestras compañeras jubiladas y activas por deudas que no han contraído, por pagarés falsos o deudas cobradas por dos o tres veces”.
Detalló que un total de 40 enfermeras se encuentran siendo víctimas del esquema. “Acá se tiene a un montón de gente que se está aprovechando, lucrando y enriqueciendo. Instamos a las autoridades del Ministerio de la Defensoría Pública que acompañen y ayuden a resolver esta grave situación”, comentó.
Senadores que impulsaron la audiencia pública, evalúan impulsar una normativa que paralice el descuento compulsivo de los casos judicializados y en donde los presuntos estafadores ya se encuentran siendo investigados.
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Alianza entre industrias y el SNPP permite capacitación y contratos inmediatos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Paralelamente a los variados cursos de capacitación que ofrece el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en Alto Paraná, para los interesados en general, la alianza con empresas específicas para la capacitación de la mano de obra requerida, permite la contratación inmediata de los formados, en un 95% para las citadas fábricas.
Es lo que se desprende de la información proveída a La Nación/Nación Media por el director regional del SNPP, Jaime Zorrilla. El mismo mencionó que está en desarrollo el tercer curso de un mes, para 40 personas, a pedido de la firma Leporis PY (Lupo en Brasil), quienes ya terminaron dos cursos técnicos de un mes cada uno.
Se trata de una industria para la producción de medias y está en etapa de instalación en los almacenes Gical de Minga Guazú; llegará a requerir de 500 trabajadores en su etapa de pleno funcionamiento. La capacitación fue exigente y por eso son tres cursos de un mes cada uno, según Zorrilla.
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Culminó también un curso para un grupo de 14 personas, a pedido de la empresa Becrux S.A. que opera como Seyconel en Brasil. Producirá cintas de amarre de cargas o izaje de cargas, según Zorrilla. Agregó que se trató de “costura industrial aplicada a la fabricación de cintas de amarre ”, para la cual la propia empresa llevó las máquinas a la sede del SNPP, sito en Hernandarias.
La industria está siendo montada en el Km 12 de Ciudad del Este. “El lunes les llega las maquinarias y ya estaría empezando a trabajar el primer grupo ya formado”, señaló. La industria llegará a contratar 150 trabajadores. También existe un trabajo en ejecución con la firma CIE “para la provisión de 15 jóvenes de 18 a 30 años, con conocimiento básico en electricidad, que serán contratados en 20 días más tardar”.
“El trabajo es constante, los pedidos de las industrias también, en algunos casos las mismas fábricas traen las máquinas sobre las cuales se hará la capacitación y generalmente, casi la totalidad de los formados son contratados, uno a dos son los que quedan fuera”, explicó el director regional del SNPP.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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