Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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Personal de blanco, perteneciente a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, anuncia una manifestación para este martes 22 de setiembre. Exigen un reajuste salarial y avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria. La movilización está prevista para las 11:00 frente al Ministerio de Salud.

“Hasta el momento, 28 sindicatos y asociaciones asociadas a la Federación estaremos movilizándonos para reclamar un reajuste salarial del 50 % sobre los salarios actuales que abarca a todos los trabajadores del sistema público de salud sin incluir a los médicos”, explicó hoy Gabriel Dadey, del Sindicato de Odontólogos del Paraguay, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, piden avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria que quedó pendiente luego de que los médicos hayan logrado su objetivo, indicó.

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Mencionó que son aproximadamente 45.000 profesionales, sin contar los médicos. Puntualizó que el monto que se necesita para cubrir dicho pedido sería de USD 103 millones.

Añadió que ya habían presentado su propuesta al Ministerio de Salud, pero no han tenido respuesta. “Nosotros presentamos una nota anteriormente a la Dra. (María Teresa) Barán y a partir del cambio volvimos a presentar la nota a las nuevas autoridades y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, señaló.

Por dicho motivo, decidieron recurrir a la manifestación y no descartan otras medidas en caso de no ser escuchados. “La movilización responde a entablar ese diálogo necesario, no solamente con el Ministerio de Salud, sino solicitar hacerlo con el Ministerio de Economía y Finanzas y eventualmente con el Parlamento”, señaló.

En ese sentido, manifestó que esperan contar con un mínimo de 1.000 personas frente al Ministerio de Salud Pública.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

El Equipo Económico Nacional (EEN) de Paraguay, dependiente de la Presidencia de la República, autorizó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 11.100 nuevos vínculos o nombramientos, una medida que representa un paso histórico en el proceso de desprecarización laboral de los trabajadores de la institución que estaban con contratos temporales.

El anuncio fue realizado por la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien destacó que esta autorización permitirá avanzar en el reconocimiento y la dignificación de quienes sostienen diariamente los servicios de salud en todo el país.

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Del total de vínculos autorizados, 9.755 corresponden a personal de blanco, entre médicos, odontólogos, bioquímicos, licenciados en enfermería, técnicos y auxiliares en salud. Estos cargos serán cubiertos a partir de la lista de elegibles resultantes del Concurso de Oposición Interna Institucional para la Desprecarización Laboral.

A estos nuevos vínculos se suman los 2.130 nombramientos ya incorporados previamente mediante el mismo proceso, alcanzando así un total de 13.230 nuevos nombramientos, en un proceso basado en los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.

Por primera vez, la autorización contempla además 1.345 plazas destinadas al personal administrativo, reconociendo la labor que cumplen estos trabajadores para el funcionamiento y la sostenibilidad de los servicios de salud.

El cronograma, los procedimientos y los requisitos correspondientes serán comunicados oportunamente por la Dirección General de Recursos Humanos por los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública.

Esta medida se enmarca en la política de “La salud como causa nacional”, impulsada por el Gobierno del Paraguay del presidente Santiago Peña, y visibiliza el compromiso de fortalecer el sistema de salud pública mediante mejores condiciones y mayores oportunidades para sus trabajadores. “Esta decisión refleja el reconocimiento al esfuerzo, la vocación y el compromiso de quienes trabajan cada día por la salud de nuestros usuarios”, destacó la ministra Barán.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud Pública continúa avanzando hacia una institución con trabajadores más estables, reconocidos y con mejores oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad del sistema público para brindar servicios de salud a toda la ciudadanía.

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