El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, recibió un informe detallado del trabajo de asistencia humanitaria encabezado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación con otras instituciones del Estado, en la zona del Chaco paraguayo, que comenzó el pasado 9 de marzo. De acuerdo con el informe del ministro de la SEN, Arsenio Zárate, asistieron a 28.000 familias y se distribuyeron 370.000 kilos de alimentos.

Tras la reunión con el presidente en ejercicio, en conferencia de prensa el ministro Zárate dio detalles de la asistencia del Estado paraguayo a los compatriotas de las diferentes zonas afectadas tanto en la región Occidental, como parte de la zona Oriental, por las lluvias y la crecida del río Pilcomayo.

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“Las lluvias caídas han dificultado el tránsito terrestre de toda la población chaqueña, pero principalmente de Boquerón y Alto Paraguay. Hasta la fecha ya hemos llegado a asistirle a más de 28 mil familias y a partir de esta semana también entramos en el departamento de Concepción donde tenemos tres municipios afectados, San Lázaro, Itacua y San Carlos del Apa”, refirió el ministro.

Detalló que en los puntos más críticos del Chaco, el trabajo de asistencia ya ha concluido, asistiendo a 5.800 familias en Boquerón, 6.700 familias en Alto Paraguay, y aproximadamente 1.000 familias en el departamento de Presidente Hayes.

Se ha distribuido 370.000 kilos de alimentos no perecederos, lo que tuvo una inversión de G. 3.800 millones, otros G. 400 millones en combustible aéreo y G. 600 millones en combustible terrestre, G. 1.200 millones en conceto de viáticos. “Esa es la suma que ya estamos invirtiendo en estas poblaciones por la situación de emergencia que tenemos en el Chaco paraguayo”, apuntó.

Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que declara en situación de emergencia de los tres departamentos en el Chaco, el cual otorgará G. 15.000 millones a la SEN, sobre lo que indicó que esto ayudará a oxigenar el presupuesto de la institución. “Toda la asistencia que hasta la fecha estamos realizando, lo estamos realizando con recurso ordinario de la Secretaría de Emergencia Nacional”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, que también tuvo una importante participación en este trabajo de asistencia, detalló que el presidente el ejercicio dio algunas instrucciones para seguir con este trabajo.

“Dimos un pormenorizado informe al presidente y al mismo tiempo él nos dio unas instrucciones, de más está decir que el trabajo que estamos realizando es coordinado, es conjunto entre todas las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo, además de las gobernaciones, intendencias municipales y hasta este momento estamos cubriendo gran parte de las necesidades emergentes”, expresó el ministro González.

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El presidente del Consejo de Gobernadores, César Luis Sosa, afirmó que ya han tomado los recaudos necesarios respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la cual plasmó sus observaciones sobre la aplicación de Hambre Cero en las distintas observaciones. El jefe departamental aseguró que no se tolerarán las irregularidades.

“Se han tomado las medidas necesarias, se han hecho los descargos correspondientes y ya se ha notificado a las diferentes empresas para que tomen los recaudos necesarios, vamos a ser implacables con esto, no vamos a permitir que haya irregularidades y cada gobernador está cuidando eso en su departamento ”, expresó.

En contacto con La Nación/Nación Media, Sosa manifestó que analizaron el documento remitido por el órgano contralor y pese a que este contó con ciertas observaciones, estas no representaron un problema grave dentro del programa, sino más bien ciertos ajustes a tener en cuenta y que está dentro del margen de error previsto en un programa tan grande como este, cuya aplicación es reciente.

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“Algunas observaciones son básicas en el sentido de señalar utensilios, bachas e infraestructura, que son cuestiones que suelen pasar cuando uno empieza el trabajo, siempre un gran proyecto tiene hasta un 10% de margen de error, y esto no llegó ni a un 5%, ya todo se ha subsanado en cuanto a algunas gobernaciones que tuvieron más observaciones”, informó.

El jefe departamental refirió además que están próximos a lanzar una campaña “Todos somos contralores”, de modo a alentar a la ciudadanía en general y todos los actores estatales a denunciar casos de irregularidades dentro del programa, de modo a que cada vez sea menos falible y se pueda llegar satisfactoriamente a todos los niños y adolescentes del país, con alimentos de calidad.

“Esto ya es un patrimonio del Paraguay, esto ya no es un proyecto del presidente Santiago Peña, sino que esto se ha convertido en un patrimonio del país en el sentido que debemos salir a cuidar todos y estamos en eso. Todos los casos que se detectaron fueron atendidos y fueron notificadas las diferentes empresas y ya se han presentado los descargos en la Contraloría”, recalcó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El senador Dionisio Amarilla, quien preside la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, confirmó que a partir del próximo martes comenzarán a evaluar el informe de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución del Programa Hambre Cero.

El parlamentario brindó detalles de lo conversado en la mesa asesora, e indicó que los miembros de la mesa de trabajo decidieron convocar al contralor Camilo Benítez en la próxima reunión del martes 29 de abril a las 7:30. Esto para que brinde su versión sobre los primeros informes de evaluación que llevaron adelante sobre el plan de alimentación escolar.

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Mencionó que a partir de esa presentación del informe de evaluación se irán convocando a los diferentes gobernadores, así como al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

No se descarta sobrepasar el umbral y convocar a los proveedores, a las distintas empresas que han suscrito contratos, tanto con las gobernaciones, como con el ministerio de Desarrollo Social.

“Queremos escuchar la versión de cada uno de ellos, porque es un programa que nos interesa a todos. Estamos hablando de una suma varias veces millonaria que invierte el Estado paraguayo y eso debe garantizar la provisión en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad de esos alimentos para los alumnos en todas las escuelas del país”, expresó.

Al respecto, explicó que existen varias denuncias periodísticas sobre casos puntuales; que igualmente son contemplados en el informe final de la Contraloría General de la República. “Sobre esta base es obligación de la Comisión de Cuentas y Control entender en este asunto e interiorizarse sobre cada caso.

Días atrás, la Contraloría General entregó el informe al Congreso Nacional sobre varias irregularidades detectadas en el programa Hambre Cero, implementado por el Gobierno de Santiago Peña. No obstante, han constatado igualmente que todos los alumnos matriculados y cuyos padres han dado el consentimiento están recibiendo el alimento diario.

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