La movilización docente prevista para este lunes arrancará a las 8:00 y se extenderá por tiempo indefinido, anunciaron gremios de la educación.

No levantarán la medida hasta que el Poder Ejecutivo les dé respuestas a sus exigencias como garantías urgentes para resguardar los fondos públicos y jubilatorios depositados en la Caja Fiscal.

La convocatoria es en la Plaza de Armas, ubicada frente al Congreso Nacional para los docentes de capital, Central y Bajo Chaco, y los del interior en las distintas cabeceras departamentales y distritales. El cese de actividades académicas afectará a las instituciones educativas públicas de todo el país.

Los educadores exigen explicaciones claras sobre el destino de los recursos previsionales, la devolución de los fondos comprometidos y garantías para proteger las jubilaciones. El reclamo apunta a esclarecer las responsabilidades de quienes autorizaron las operaciones financieras cuestionadas, y a que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el Ministerio Público.

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Sostienen que la movilización busca defender sus derechos, proteger sus futuras jubilaciones y exigir transparencia en el manejo del dinero público.

“Vamos a salir a exigir que el gobierno actual nos garantice la devolución del dinero de la Caja Fiscal. Son 60 millones de dólares que están en riesgo de perderse y con eso prácticamente, la Caja Fiscal está en quiebra”, expresó Silvio Piris, de la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (FEP).

Recordó que el aporte jubilatorio subió un 3% más para fondear la Caja Fiscal. “Y es inaceptable que este dinero se pierda”, subrayó.

Asimismo, exigirán que se garantice la devolución de los 350 millones de dólares de IPS. Por otro lado, pedirán que se agilicen las vinculaciones de los compañeros que tienen resolución de jubilación.

“Es importante destacar que si no nos movilizamos, principalmente los docentes activos, también le convocamos a los jubilados porque son los más perjudicados, ya que no saben hasta cuándo van a cobrar su haberes, y los docentes activos no sabemos si vamos a poder jubilarnos, ya que la Caja Fiscal está prácticamente en quiebra”, lamentó el gremialista.

Además, invitan a padres de familia y a toda la ciudadanía a acompañar la manifestación, bajo la consigna de defender una educación digna y el bienestar de los trabajadores de la educación.

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La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.

“Lo ocurrido representa una estafa monumental, casi histórica de desfalco, de robo a los intereses de la clase trabajadora”, dijo el presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Julio López, al referirse al inicio del procedimiento de resolución de ueno bank tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.

Detalló que ante la crisis de la entidad bancaria convocan a una manifestación para este miércoles a las 18:00 frente al Panteón de los Héroes, Asunción. “Nosotros nos orientamos en la necesidad de la unidad de acción porque, separadas las organizaciones, poco pueden hacer en este momento para ejercer presión y exigir las orientaciones que nosotros creemos que tanto la justicia como el gobierno deben plantear”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

López agregó: “Ayer martes hemos tenido una plenaria entre varias organizaciones sociales y políticas para impulsar una orientación unitaria, en ese sentido, una de las resoluciones es impulsar una movilización esta tarde en la que vamos a exigir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades sobre esta situación lamentable. Se habla de montos muy significativos y el hecho representa una afrenta muy grande contra los intereses de un gran sector del pueblo sufrido”.

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Señaló también que otra de las acciones a ser evaluadas es impulsar una huelga general. “Es necesaria la coordinación para poder plantear una jornada nacional de lucha y los compañeros no descartan también la posibilidad de una huelga general. Esto será evaluado mañana a las 9:00, donde conversaremos con la dirigencia de las centrales obreras”, manifestó.

Desde la gerencia financiera del IPS, encabezada por Gladys Vera, indicaron que la previsional iniciará los procedimientos administrativos y legales necesarios para recuperar las inversiones financieras que mantiene en la entidad bancaria, las cuales ascienden a la suma de USD 355 millones; incluye certificado de depósito de ahorro y bonos financieros.

Sin embargo, López expresó que el posicionamiento no otorga tranquilidad a los asegurados. “Nosotros no tenemos información certera sobre el patrimonio de esta institución, que en los hechos prácticamente se fue a la quiebra; no tenemos una valoración de los bienes patrimoniales que deberían ser en estos momentos distribuidos de acuerdo a lo que establece la ley”, comentó.

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.