El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, reportó este viernes que está en marcha un censo de funcionarios, así como un proceso de verificación de la ejecución de los bonos en obras de alcantarillado y desagüe, cuyo consorcio encargado reclama por el pago total.

“Estamos trabajando en la verificación y en el análisis de todos los documentos, hacer el cruce con los extractos bancarios, precisamente de estas dos obras que han sido objetivo para el cual se habían emitido los bonos, y estamos haciendo justamente la trazabilidad de todo lo que se ha pagado, con las cuentas que debieron haber tenido como único destino las obras”, indicó en conversación con “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que “el consorcio, que está llevando adelante la adjudicación de las dos obras, planteó un reclamo y existe un avenimiento, es una conversación, es un trato para ver si se puede acordar, ellos han presentado un reclamo por los certificados que no han cobrado hasta ahora, y nosotros ya llegamos con esa disposición, eso se está tramitando en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.

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Ante esa situación, el interventor dispuso que un equipo técnico realice la verificación del avance de la ejecución de esas obras in situ para tener una evaluación del avance de ejecución de esas obras. “Para que nosotros podamos cotejar con los pagos que se realizó, según los extractos y facturas que obran en el Municipio con respecto a estas obras y analizar cuál es el saldo adeudado, que es lo que reclama la empresa”, indicó.

Agregó que eso ya forma parte del problema de iliquidez o del problema del no cumplimiento con esas obras que debieron estar en ejecución. “Esas obras han sido el objeto de la emisión de bonos, en teoría, ese dinero era para terminar esas obras, acá lo que ocurrió, según lo que se desprende del informe, es que terminaron los recursos y no las obras, lo que nosotros estamos revisando es en dónde y en qué se aplicaron esos recursos”, señaló.

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En su conferencia de prensa semanal, Carlos Pereira dio nuevos detalles del trabajo que está realizando en este proceso de intervención, detallando que, a una semana de recibir las documentaciones en el corte administrativo, se realizaron más de 100 pedidos de todas las documentaciones que son complementarios y adicionales.

“Esos son documentos más bien relacionados al balance, a los estados financieros y a los anexos a la ejecución presupuestaria, pero siempre hay necesidades de pedir documentación puntual y específicamente en la revisión de los documentos de gastos vinculados a la utilización de bonos G8 y G9”, indicó.

Todas estas documentaciones se dan en el marco de la revisión y verificación de las observaciones señaladas en el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que derivó en el pedido y aprobación de la intervención.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Entre el viernes pasado y hoy, el gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres inauguró obras financiadas con el presupuesto del gobierno regional, por más de 6.000 millones de guaraníes, en dos municipios del departamento, en Itakyry y Ciudad del Este.

En el municipio del norte, la inversión fue por 2.387 millones de guaraníes que incluyeron empedrados en Cruce Itakyry, Fracción Villa Alta, barrios San José y San Cayetano. También un tinglado en la Escuela Básica N.º 1904, Emiliano R. Fernández.

Las obras siguen con las cocinas con comedor en tres instituciones: la Escuela Básica N.º 2420 Rudi Torga, Escuela Básica N.º 13052 de la parcialidad Avá Guaraní y la Escuela Básica N.º 3178 Julio Ramírez Ríos. También un aula en la Escuela Básica N.º 7688 Avá Mbo´ehao Yvoty Miri.

El gobernador mencionó que las obras abarcan más de 7.600 metros cuadrado de pavimentación tipo empedrado, nuevas infraestructuras escolares, comedores equipados y un tinglado multifuncional, apostando a la seguridad vial, el acceso a la educación y la dignidad comunitaria.

“Donde antes había tierra suelta, hoy hay caminos seguros. Donde antes no había nada, hoy hay aulas, comedores y espacios que dignifican”, expresó el ingeniero César Torres, durante el recorrido por las obras en Itakyry, el pasado 4 de julio.

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En cuanto a Ciudad del Este, la inversión fue de 4.000 millones de guaraníes en nueve obras, inauguradas hoy, con impacto en la calidad de vida de estudiantes y familias de la capital departamental, según el titular del ejecutivo regional.

Fueron entregados cinco tinglados de distintas dimensiones en el Centro Regional “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”, en la Escuela Básica N.º 2981 San Antonio de Padua, en la Escuela Básica N.º 6707 San José, en el Colegio Nacional Medalla Milagrosa del Km 8.5 Acaray y, en la Escuela Básica N.º 7570 San Francisco de Asís.

La lista incluye la inversión en una muralla de 88 metros lineales en la Escuela Básica N.º 670 “Gral. Bernardino Caballero” y dos tramos de empedrados en el Km 9 Monday, además de la reparación de dos aulas en la Escuela Básica N.º 7658 Mita Arandu Rekávo.

Son obras concretadas en diferentes fechas y que ya están siendo utilizadas, pero inauguradas ahora, en dos jornadas distintas, mediante los recorridos del gobernador Torres.

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