El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

Leé también: Brasil espió a canciller paraguayo en víspera de viaje de ministro de Lula en marzo 2023

Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

Te puede interesar: Abogado de Boidanich señala que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento

El consejero del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, designado por el Poder Ejecutivo para inter­venir la Municipalidad de Asunción, a cargo del inten­dente Óscar Rodríguez, deta­lló las acciones que encarará durante el plazo de 60 días.

“Lo primero que haré como puntapié inicial es examinar el flujo de caja, cuáles son las recaudaciones que se tienen, las disponibilidades con que cuenta el municipio y fijar un calendario de cronograma de ejecución de obras en curso de manera a que pueda explorar cuáles son los recursos presu­puestarios que tiene los ser­vicios en ejecución y cuáles son las proyecciones de las recaudaciones así como los gastos rígidos que se tienen que ir cubriendo”, indicó al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Por su parte, el economista y exviceministro de Adminis­tración Financiera, Ramón Ramírez, designado por el Ejecutivo para intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, refirió que la instrucción del presidente Santiago Peña fue realizar un trabajo técnico y ajustado a las normas.

“Voy a formar un equipo de trabajo calificado, multidis­ciplinario y nuestro compromiso es realizar el trabajo dentro del plazo establecido en la ley y restaurar la norma­lidad institucional en la bre­vedad posible en Ciudad del Este. La indicación del presi­dente Santiago Peña es hacer un trabajo serio, técnico, ajus­tado a las normas”, señaló a la 1080 AM.

La coordinadora de la Con­traloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el perfil del interven­tor designado por el Ejecu­tivo, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, como un profesional de des­tacada trayectoria.

El concejal colorado de Ciu­dad de Este Richard Alfonso expresó que tienen mucha fe y confianza en el interven­tor, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, designado por contar con un excelente perfil técnico.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso esgrimido por polí­ticos opositores, colorados disidentes y medios de comunicación afines, que alegan que es un hecho que la intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, será un mecanismo para castigarlo y sacarlo de la arena electoral. “Hace 7 años yo estoy denunciando los robos que hay en Ciudad del Este y lo que encontrará el interventor será la punta del iceberg de corrupción”, expresó el legislador a los medios de comunicación. “Lo que fue un hecho es que ellos (opositores) quisieron blanquear a Prieto, que los diputados colorados votaron en mayoría por las intervenciones a la Municipalidad de Ciudad del Este y Asunción, esto habla que el sector del Partido Colorado quiere la transparencia”, comentó Núñez.

“Dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”, con este men­saje, el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que firmó la promulgación de la ley conocida como Letrina Cero, en todas las escuelas y colegios públicos del país.

En compañía de uno de los proyectistas, el senador colo­rado Silvio Ovelar, el jefe de Estado dio una última revi­sión a la ley sancionada por el Congreso que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fis­cal 2025 (PGN 2025), corres­pondiente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La presente legislación dispone una ampliación del presupuesto del MEC, por un valor total de G. 48.000.000.000 (recursos del tesoro nacional). Con ello, se llevará adelante la construcción de sanitarios modelos y sexados en todas las instituciones educativas públicas.

Esta normativa busca erra­dicar definitivamente el uso de letrinas en centros edu­cativos, garantizando con­diciones dignas de sanea­miento para los estudiantes, apostando de esa forma a su bienestar y un futuro mejor.

La ley promulgada establece además que el Ministerio de Educación y Ciencias será el responsable de ejecutar dichos recursos, destinados a la construcción de baños en diferentes institucio­nes educativas del sector público, dependientes del MEC, dentro del marco de la implementación de “Ley Letrina Cero en las Escue­las”.

La propuesta legislativa, que ahora ya es una ley vigente, surgió a partir de un censo de la infraestructura esco­lar que reveló la falta de agua potable y baños en varias escuelas, afectando a miles de estudiantes.

Cabe señalar que de acuerdo a los registros, unos 350 locales escolares cuentan con letri­nas como servicio sanitario, actualmente. En estas escue­las reciben educación alrede­dor de 15 mil estudiantes.

La ejecución de este proyecto va a abarcar a los 17 departa­mentos del país, comenzando por los departamentos de Pre­sidente Hayes, Canindeyú, Caazapá y Boquerón, que va entre 40 y 78 el número de escuelas públicas que tienen letrina hoy en día. Mientras que en el resto del país, oscilan entre 5 y 20 aproximadamente baños precarios en los diferen­tes departamentos.

La Asociación Nacional de Ase­gurados del Instituto de Previ­sión Social (IPS) mantiene una postura en contra con respecto al proyecto de ley de seguro de desempleo, que implica un aumento del 1 % en los aportes de los cotizantes de la previsio­nal, tanto obreros como patro­nales. Afirman que la iniciativa sobrecargará al sector formal, ya que el 70 % de los trabajado­res son informales. Eduardo Aguayo, presidente del gremio de asegurados, se posicionó en contra del proyecto de ley, aten­diendo a que tal iniciativa debe­ría ir acompañada de un plan de generación de empleos. “Si no existe un plan de generación de empleo, entonces solamente terminará siendo un carácter paliativo y se podría concebir como populista”, dijo el diri­gente a la 780 AM.

No obstante, Aguayo concedió que el seguro de desempleo es importante, pero que la falta de empleo es un problema estruc­tural y que el proyecto de ley no contempla un estudio que avale su viabilidad.

“La canti­dad de trabajadores informa­les abarca un 70 % de la pobla­ción económicamente activa. No sabemos cómo podría un número bajo de trabajadores formales poder eventualmente hacerse cargo de trabajadores que pueden perder el empleo”, mencionó.

El pasado martes, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resol­vió devolver el proyecto de ley a las comisiones para nuevos estudios y dictámenes, enten­diendo que, de la manera en que está planteada, generaría una carga adicional al sector for­mal. La iniciativa no contaba con dictámenes favorables de parte de instituciones como el Ministerio del Trabajo, que subrayó el aumento del porcen­taje de aporte tanto para traba­jadores como para empleado­res, lo que podría desalentar la formalización.

Además, se criticó que el monto del seguro fijado en el proyecto implica un alto porcentaje que no se observa siquiera en los paí­ses de primer mundo, por lo que se recomendó repensar la cifra y llegar a números sostenibles que no desalienten el empleo.