La fiscala Irene Álvarez sostiene que la pequeña Juliette, desaparecida desde el pasado 15 de abril en la ciudad de Emboscada, sigue con vida. Destacó que no puede adelantar mucho sobre la investigación para no entorpecer el proceso.
“Sostengo que sí (sigue con vida). Para nosotros es una niña desaparecida”, manifestó la agente del Ministerio Público en entrevista con la 1080 AM. Explicó que necesita de otros elementos para más imputaciones.
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La agente sostuvo que sigue la búsqueda, pero quizás con menos “ruido” y pidió a la ciudadanía y a los familiares entender la situación. “Desde el primer momento hemos realizado el circuito de los datos y ahora estamos esperando los resultados dentro de esa hipótesis", agregó.
A casi dos meses de la desaparición de la pequeña Juliette, la Fiscalía solo maneja hipótesis. Se aguardan resultados de las investigaciones para ir descartando elementos y seguir avanzando con el caso.
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El caso sigue siendo considerado como desaparición de persona. Para Rufino Zapata, abuelo de Juliette, su hija Lilian María Zapata sabe algo más sobre la desaparición de la pequeña y asegura que la misma se encuentra bajo presión para no dar más detalles.
La madre y el padrastro de la pequeña Juliette fueron detenidos. Se trata de Reiner Oberuber y Lilian María Zapata, aprehendidos por violación del deber de cuidado y abandono. Ambos se encuentran con prisión preventiva.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Sigue fricción en PLRA: presidentes de Comité rechazan adelantar elecciones internas
Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.
Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.
Impedimentos legales
Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.
En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.
Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.
A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.
En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.
Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.
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IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
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“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP