El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció este viernes que todas las licitaciones irregulares, detectadas por la Comisión Especial de Compras COVID-19, serán canceladas. Algunos están en etapa de adjudicación y otros en fase de firma de contrato.
“Hemos decidido cancelar todos los llamados que tengan objeción por parte de la comisión, algunos están en proceso de adjudicación. Vamos a iniciar nuevos llamados”, dijo el secretario de Estado en conferencia de prensa.
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Sostuvo que más allá de las apreciaciones de la comisión, es una oportunidad para hacer un buen proceso, pero que la cancelación de las licitaciones es irreversible, ante las irregularidades detectadas para la compra de insumos médicos.
Indicó que la investigación sobre los supuestos hechos de corrupción está en curso y se podría ampliar la cantidad de funcionarios sumariados. La comisión especial analizó un total de 32 licitaciones llevadas a cabo por la cartera sanitaria.
“Las medidas ya fueron tomadas. No he tenido la oportunidad de leer el informe completo sobre las irregularidades detectadas, pero estábamos en permanente comunicación con el ministro Arnaldo Giuzzio. Los precios han cambiado, el mercado que estaba muy distorsionado. Resulta conveniente para la institución realizar otros llamados”, agregó el ministro.
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El encargado de la Comisión Compras COVID-19, Arnaldo Giuzzio, señaló este viernes que hay muchas irregularidades en las licitaciones para la compra de insumos médicos del Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria
La comisión verificó 32 llamados, de los cuales 18 ya están firmados y en etapa de ejecución. El órgano de control recomendó anular los que están en proceso y hacer un nuevo llamado por las irregularidades detectadas.
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La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
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Ministerio de Salud apuesta por la IA para modernizar las políticas públicas
Desde el Ministerio de Salud anunciaron este domingo que finalizó la primera edición del curso de capacitación “Fundamentos de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas”, dirigido a funcionarios públicos.
Informaron que la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos del Ministerio participó del curso, con el que se refleja el compromiso con la innovación, la modernización institucional y el fortalecimiento de la gestión basada en evidencia.
La Mgtr. María Cristina Retamozo Subeldía, directora de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, participó de la actividad que fue organizada de manera conjunta por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Unesco y la Unión Europea.
IA, motor de transformación
Desde la cartera sanitaria destacaron que durante la apertura, las autoridades nacionales se refierieron al papel de la inteligencia artificial como motor de transformación social, así como la responsabilidad del sector público de liderar su implementación de manera ética, segura y orientada al bienestar de la ciudadanía.
Entre los participantes estuvieron el Benjamín Barán, la representante de la Unesco, Natalia González Alarcón, y Kirsti Ala-Mutka, en representación de la Unión Europea.
“La participación del MSPBS en este espacio permite avanzar en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación, planificación y evaluación de políticas sanitarias. La capacitación abordó tanto fundamentos técnicos como marcos éticos para la implementación responsable de estas tecnologías en el ámbito público”, expresaron los organizadores.
Módulos temáticos
Finalmente agregaron que el programa incluyó siete módulos temáticos desarrollados por expertos internacionales, orientados a brindar herramientas prácticas para el uso estratégico de la inteligencia artificial en la gestión pública.
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Bachi rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario Abc Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control.
Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados”, afirma el comunicado emitido por Núñez.
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Señala también que “el Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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