El Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande) presentó a la Contraloría General de la República (CGR) una denuncia y pedido de investigación sobre una supuesta sobrefacturación en una licitación para adquirir postes de hormigón por la Ande, con un costo que ronda los US$ 52 millones.
El vocero de la agrupación, Rodrigo Gómez de la Fuente, señaló que, además mañana, presentarán denuncia a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Aseguran que el perjuicio para la institución sería muy grande en caso de comprobarse la irregularidad en la compra de más de 217 mil postes, por lo que piden una inmediata investigación.
“Fuimos recibidos por el contralor de la República, hemos presentado una serie de documentos que revelarían delitos de acción penal pública. Estamos hablando de diferencias siderales de compras de postes para provisión de la Ande. Estamos hablando de la provisión de 217 mil postes”, afirmó Gómez.
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Afirman que el sobre costo alcanza al 100%, ya que las columnas con las mismas especificaciones técnicas tendrían un costo de G. 620.000 en el mercado privado. En tanto que en la licitación de la Ande figuran con un valor de G. 1.200.000.
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“Queremos pedir justicia. Es demasiado grande el esfuerzo que todos los paraguayos estamos haciendo en esta pandemia. No puede ser que el dinero del Estado paraguayo se esté despilfarrando de esta manera. Exigimos justicia, que se aclare la situación y que los culpables, eventuales, de esta situación sean castigados. Hablamos de US$ 52 millones. Es demasiada plata”, expresó Gómez de la Fuente.
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Tres denuncias fueron presentadas contra Luis Yd por mal uso de fondos públicos
La asesoría jurídica de la Municipalidad de Encarnación presentó varias denuncias contra el exintendente Luis Yd, en las que se incluye malversación de fondos y lesión de confianza. El abogado Salim Fernando Abud, asesor jurídico de la institución distrital, dio detalles sobre las tres denuncias que ya fueron presentadas.
La denuncia fue realizada ayer lunes por parte de la dependencia jurídica municipal, por distintos casos; la primera, por la desaparición de dos cuatriciclos, que deberían estar entre los elementos de la institución en el área motos, pero desaparecieron; la segunda denuncia tiene que ver con un presunto desvío de cobros inmobiliarios; y la tercera denuncia, una supuesta alteración del registro informático para reducir las obligaciones tributarias de algunos contribuyentes.
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En el primer caso, se realizaron varios allanamientos en viviendas particulares en búsqueda de los cuatriciclos, una de ellas una casa quinta del extintendente Luis Yd, la segunda la vivienda del exdirector del taller mecánico, y el tercer allanamiento se realizó en una quinta perteneciente a la familia Mendoza, reportó desde Encarnación la periodista Rocío Gómez.
“Son tres denuncias que la Municipalidad ha planteado el día lunes. La segunda denuncia es en relación al uso del dinero que no le corresponde al Municipio y que ha sido el cobro de impuestos inmobiliarios, de los cuales ese 100 % que la Municipalidad percibe 30 % debe irse a dos dependencias, 15 % a gobernación y 15 % para el Ministerio de Economía y Finanzas que luego reenvía a Municipalidades de menores recursos”, detalló el asesor jurídico.
Sin embargo, ese 30 % debería ir a cuentas especiales que tiene el Municipio, y siguiendo el camino de ese dinero, estuvieron en esas cuentas, “pero luego se han hecho lo que la administración anterior llamaba de préstamos intercuentas, que es un préstamo que se hacía internamente donde se tocaban esos fondos para luego hacer pagos internos dentro del Municipio y eso por ley está prohibido”, de acuerdo a la explicación del abogado.
En este caso, el asesor jurídico indicó que esta “maniobra” de la administración de Yd se configura en una malversación de fondos y una lesión de confianza. “Nosotros debemos hacer esa denuncia correspondiente, considerando que ese dinero hoy no está. Hemos pedido los informes a administración de finanzas y son casi 6.000 millones de guaraníes que se han mal usado, se han tocado cuentas que no correspondían y hoy ese dinero no está”, señaló el abogado.
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Ministerio Público pide autorización para extraer datos de los celulares de Santiago Peña
El equipo fiscal que lleva adelante la investigación del caso Ueno Bank pidió al juez penal de Garantías Osmar Legal la autorización judicial para la extracción de datos de tres teléfonos celulares incautados al destituido expresidente de la República, Santiago Peña.
El exmandatario está procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, y se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué.
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El pedido fue presentado por los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González ante el juzgado de garantías.
La solicitud se da para la pericia de tres aparatos celulares con las siguientes descripciones: “iPhone, uno de color gris oscuro, con el cristal trasero dañado, otro de color blanco y un tercero de color negro, con una calcomanía del Rally del Paraguay y una funda negra”.
Los teléfonos ya se encuentran en poder del Ministerio Público, uno de ellos fue requisado del expresidente mientras se encontraba en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).
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Investigación periodística revela dudas sobre autorización de Itaipú a Ueno Bank
De acuerdo con un trabajo investigativo de CNN Brasil, que accedió a documentos internos de la Entidad Binacional Itaipú, reveló que la autorización para operar con Ueno Bank se habría concedido pese a que la entidad bancaria no cumplía con el requisito de cinco años de experiencia en el mercado paraguayo establecido en la normativa de la hidroeléctrica.
La publicación titulada “Itaipu violó la norma de los cinco años de experiencia al aprobar el Banco Ueno” menciona que la licencia bancaria se concedió en 2023 y la relación con la binacional comenzó en enero de 2025. En ese sentido, remarca que la parte brasileña afirma que la opinión jurídica y el análisis financiero respaldaron la calificación.
Según esta investigación, el Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional autorizó a Ueno Bank a recibir inversiones de la planta hidroeléctrica antes de que la institución cumpliera cinco años de actividad bancaria en el país, incumpliendo la instrucción interna de la hidroeléctrica que establece como criterio para la inversión financiera un mínimo de cinco años de experiencia en el mercado paraguayo.
El informe periodístico menciona que el requisito de Itaipú se establece en el punto 5.3.2 de la IP 02, una instrucción de procedimiento sobre aplicaciones financieras vinculadas al Estándar de Gestión de Disponibilidad de Efectivo. “El documento obtenido por CNN está vigente desde el 12 de mayo de 2016. En la sección sobre selección de bancos en Paraguay, el documento establece: “Experiencia mínima de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo”, menciona el informe.
Agrega que de acuerdo a los estados financieros auditados, Ueno Bank comenzó a operar como banco el 1 de diciembre de 2023. Su relación con Itaipú se inició en enero de 2025, según informó la empresa binacional, remarcando que para entonces la institución contaba con aproximadamente 13 meses de operación bajo licencia bancaria.
Aval binacional sin explicaciones
Otro aspecto que señala la investigación periodística es que la instrucción también estipula que las instituciones deben estar legalmente autorizadas en el país y figurar en la lista de bancos previamente aprobada por resolución del Consejo Ejecutivo binacional. Menciona que la experiencia es uno de los criterios para seleccionar las instituciones que pueden recibir inversiones de la central eléctrica.
Sin embargo, apunta que la historia de la empresa exige una distinción en el análisis del período de tiempo. “Los estados financieros de Ueno Bank muestran que la empresa se constituyó en 1976 como Financiera El Comercio y cambió su nombre a Financiera Ueno en 2021. Esta trayectoria es anterior a la obtención de la licencia bancaria y no equivale a cinco años de operación como banco”, precisa el informe.
Asimismo, señala que la selección de los bancos que recibirían los fondos de Itaipú fue aprobada previamente por un consejo de administración integrado por brasileños y paraguayos . Aclaran que los responsables del reportaje solicitaron aclaraciones a los consejos de administración tanto del Brasil como de Paraguay sobre cómo se cumplió el requisito de cinco años en el mercado paraguayo, considerando que Ueno inició sus operaciones como banco en diciembre de 2023.
“En un comunicado, la parte brasileña afirmó que la aprobación otorgada por el Consejo Ejecutivo se refería únicamente a la autorización de la institución para operar con la Entidad y no equivalía a la aprobación de solicitudes financieras específicas. El comunicado no detalló cómo se contabilizaron los cinco años, ni proporcionó la fecha y el número de la resolución que aprobó a Ueno”, informa el reporte.
Agrega en el informe que el proceso fue iniciado por la parte paraguaya, con la documentación y justificación correspondientes, respetando los requisitos reglamentarios. “La decisión sobre la aplicación de los recursos, incluyendo montos y condiciones, recae en la administración de cada parte, de acuerdo con las competencias y procedimientos establecidos en el reglamento interno de la entidad binacional”, menciona el escrito.
El reportaje del vecino país señala que el informe insistió en comprender por qué un banco con menos de cinco años de antigüedad recibió la aprobación y autorización del consejo ejecutivo binacional, contradiciendo lo que establece el IP 02. El Banco Derecho (parte brasileña) afirmó que “presentó un dictamen jurídico y un análisis financiero que fundamentaban y avalaban la viabilidad legal y financiera de la autorización del Banco Ueno”, precisa.
Otros requisitos internos de Itaipú
El informe periodístico señala que, además del plazo mínimo, la normativa de 2016 estipula que los bancos deben figurar entre los cinco mejor calificados en términos de riesgo y tener una calificación AAApy/AApy o equivalente. Asimismo, exige una baja exposición al riesgo y prohíbe las operaciones que constituyan especulación financiera.
Menciona que Itaipú informó que al 3 de noviembre poseía USD 163,8 millones y 115.200 millones de guaraníes en Ueno Bank. Itaipú enfatiza que no hay perjuicio para el consumidor brasileño, pero los estados financieros indican que los consumidores brasileños pagaron el 78,2 % de los ingresos por energía contratada de la planta.
Señalan que según la entidad, los depósitos incluían pagos de la empresa energética estatal paraguaya Ande y transferencias entre cuentas de la propia entidad binacional. “La parte brasileña también declaró que nunca invirtió en el banco y que mantiene sus inversiones en Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal”, acota el informe.
Finalmente, señalan que el Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento de resolución para Ueno Bank, decidido el día anterior. La entidad informó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido, tras los ajustes a los estados financieros realizados durante el proceso de regularización.
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Demanda eléctrica creció 16 % entre enero y octubre de 2026
El consumo de energía eléctrica en Paraguay registró un incremento acumulado del 16 % entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La evolución refleja una mayor demanda energética en el país, en línea con el dinamismo de la actividad económica y las crecientes necesidades de abastecimiento.
De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), solo en octubre la demanda alcanzó los 2.712.712 megavatios hora (MWh), lo que representa un aumento del 7,2 % frente a los 2.529.726 MWh registrados en el mismo mes de 2025. La diferencia equivale a 182.986 MWh adicionales consumidos durante el décimo mes del año.
En cuanto a las fuentes de generación, la mayor parte de la energía requerida fue suministrada por la Central Hidroeléctrica Itaipú, que aportó 2.502.587 MWh. Por su parte, Yacyretá contribuyó con 176.398 MWh, mientras que la Central Hidroeléctrica Acaray registró una generación de 33.694 MWh.
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A este esquema se sumó la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, ubicada en el Chaco paraguayo, que durante octubre inyectó aproximadamente 33 MWh al sistema eléctrico nacional. Su incorporación representa un avance en la diversificación de las fuentes de generación, en un escenario marcado por el aumento sostenido del consumo.
Ante esta tendencia, la Ande señaló que continúa avanzando con la planificación y ejecución de obras estratégicas de infraestructura eléctrica. Las inversiones apuntan a ampliar la capacidad del sistema, fortalecer la confiabilidad del suministro y responder a las necesidades energéticas que acompañan el desarrollo del país.
El crecimiento de la demanda plantea así el desafío de fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución, de manera que el sistema pueda sostener mayores niveles de consumo y garantizar el abastecimiento en los próximos años.
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