“La patrullera cayó en un bache y el arma comenzó a disparar”, dice abogada
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La abogada Liz Martínez, defensa de los policías Juan Amarilla y Derlis Sanabria, acusados de herir gravemente a un niño en una dudosa barrera y posterior persecución, señaló este miércoles que se trata de un accidente y deslindó responsabilidad de sus clientes uniformados.
“La patrullera cayó en un bache y el arma comenzó a disparar automáticamente. Por el tipo de arma, fueron tiros a ráfaga. Se puede demostrar esa caída”, dijo la profesional del derecho en comunicación con la 1080 AM.
Sostuvo que ella como abogada tiene testigos e incluso esa misma noche de lo sucedido se fueron a la sede de la Fiscalía queriendo contar sus versiones. Señaló que supuestamente dos vehículos tuvieron que salir del paso del padre y sus familiares, durante la persecución, “porque les iba a pasar encima”.
La abogada acusó también al padre del niño baleado de haber ido hasta en contramano, queriendo justificar el actuar de sus defendidos, los dos policías acusados de herir al niño de seis años. Indicó que sus clientes pidieron refuerzos y supuestamente todo quedó registrado.
“Ellos pidieron apoyo al 911, también ayuda a los bomberos, a ambulancias, quedó todo registrado y eso vamos a demostrar. Él (padre) dijo que quería parar en un lugar de mucha iluminación, pero pasó ocho surtidores que cuentan con buena iluminación”, agregó la defensa de los dos uniformados.
Los dos policías involucrados en el caso del niño de 6 años baleado durante una persecución policial ocurrida en San Lorenzo ya están imputados por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas en calidad de autor y coautor.
Se trata del oficial Derlis Sanabria y el suboficial Juan Amarilla. Ricardo Riquelme, padre del niño, circulaba con su esposa, su hija de tres meses y su hijo de seis años, todos regresaban de una consulta en el Hospital San Pablo.
Detienen a pareja tras intento de fuga y violenta agresión a policías en Roque Alonso
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La Policía Nacional detuvo a una pareja que iba en un automóvil y evadió un puesto de control sobre la ruta PY03, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Tras su captura, estas personas reaccionaron de forma violenta y agredieron físicamente a los uniformados. En el vehículo hallaron más de 40 latas de cerveza y y se negaron a realizar la prueba de alcotest.
Según el reporte de la Comisaría 10ª el hecho ocurrió durante el “Operativo Incursión” de control y despeje que se desarrolló sobre la ruta PY03. La pareja se movilizaba en un Toyota modelo IST de color blanco, cuyo conductor vio la barrera y decidió darse a la fuga.
Tras percatarse del movimiento, agentes de la Policía, que se encontraban en el sitio, iniciaron una persecución y varias cuadras después sobre la calle Rojas Silva la pareja fue interceptada por los patrulleros. Esta fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público.
Los detenidos, fueron identificados como Fernando Ariel Bordón Vargas, de 24 años, quien conducía el rodado, y Elva María Sánchez Bordón, de 31 años, quien iba como acompañante. Estas personas se resistieron a ser detenidos y atacaron a los agentes intervinientes.
Al inspeccionar el automóvil encontraron una conservadora en la que llevaban un total de 44 latas de cervezas y ambas personas se negaron a someterse a la prueba de alcotest. El caso fue comunicado a la fiscal Gladys Paredes, quien dispuso que los dos permanecieran en la comisaría y que el automóvil sea incautado.
La abogada Dannia Ríos Nacif, afirmó que iniciarán lobby ante los legisladores para lograr el estudio y sanción de la iniciativa popular. Foto: Gentileza
Abogada afirma que proyecto contra la ideología de género no reduce penas a abusadores
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La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió lainiciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.
Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.
Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.
Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.
Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.
La iniciativa popular presentada ante el Congreso Nacional. Foto: Gentileza
Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.
Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.
Sectores que apoyan la propuesta
Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.
Requieren celebridad al Congreso
Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.
“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.
La iniciativa popular fue recibida por un grupo de senadores y diputados en medio de una movilización en la Plaza de Armas. Foto: Gentileza
Tras persecución en Limpio, cae un presunto robacoches y recuperan una camioneta
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Este viernes, la Policía Nacional detuvo a un hombre con frondosos antecedentes por hurto en la ciudad de Limpio. La captura de esta persona se logró tras una intensa persecución policial, luego de ser detectada mediante el sistema de rastreo satelital del vehículo que fue robado y recuperado.
Según el reporte de los intervinientes este operativo fue coordinado por entre agentes de Inteligencia de Automotores, la Comisaría 18.ª y las fuerzas de seguridad, quienes tras recibir la denuncia, iniciaron los trabajos para recuperar este rodado que contaba con sistema de rastreo satelital.
Finalmente, la policía pudo capturar a la persona identificada como Néstor Joaquín Pereira Escurra, sobre la calle Prof. Rita Estalvina Gómez, en ciudad de Limpio. El procedimiento se dio tras una persecución que inició ante la denuncia del hurto de una camioneta de la marca Nissan modelo Terrano dentro de la citada ciudad.
Durante la intervención se logró la recuperación del rodado e incautación de una llave maestra (utilizada presumiblemente para violentar y arrancar el vehículo) y un teléfono celular que estaban en el poder de la persona aprehendida, quien registra antecedentes por hurto agravado (2023 y 2025).
Todo lo actuado fue puesto a disposición del Ministerio Público, desde donde ordenaron que el sospechoso, que sería un conocido robacoches, quede recluido en la Comisaría 18 de la ciudad de Asunción a disposición del agente fiscal de turno, con participación del Departamento de Criminalística.
Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC. Foto: AFP
Militares y policías de Perú se enfrentan con disidentes de las FARC en frontera con Colombia
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Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, en una zona fronteriza con Colombia, informó el gobierno peruano.
El fuego cruzado se produjo en un pequeño centro poblado de la región de Putumayo, en el noreste peruano, luego de que el grupo fuera ubicado tras labores de inteligencia.
El enfrentamiento, de cuya fecha no informan las autoridades, “obligó a los criminales a huir”, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tres de ellos cayeron al río Yaricaya.
“Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos”, señalaron las autoridades.
Las fuerzas de seguridad peruanas retomaron el control de la zona donde encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.
También se incautaron “equipos ligeros de combate, uniformes tipo ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas”, según la institución.
El ministerio indicó que la operación “Zancudo” de las fuerzas combinadas tenía por objetivo el control territorial de la zona fronteriza y garantizar la seguridad de la población local.
Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes de la disuelta guerrilla marxista FARC, que dejó de existir a mediados de la década pasada al entregar sus armas al gobierno colombiano, con el que firmó un acuerdo de paz.
El viernes pasado el recientemente asumido gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, capturado jefe de los Comandos de la Frontera.
Entre el 21 y 25 de setiembre, las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se reunieron en Lima para firmar acuerdos de seguridad y cooperación fronteriza.