La fiscal Silvana Otazú informó que unas 700 personas serían las víctimas del hackeo al programa estatal Pytyvõ. Sin embargo, se logró congelar el intento de desvío de unos G. 350 millones. En este sentido, garantizó que los beneficiarios no serán afectados en el cobro del subsidio.
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“Las personas acreditadas van a poder acceder (al cobro), eso está todo congelado. Las personas no fueron perjudicadas, son 700 según tengo entendido. Eso está intacto y ellos podrán acceder a ser beneficiados con ese monto, los verdaderos titulares”, aclaró la fiscal.
Por otra parte, mencionó que en este momento los trabajos se centran en averiguar cómo Carlos Gustavo Chumpitaz Palominos (peruano) y Gregor Gustavo Brítez Cabral (paraguayo), ingresaron al sistema y a los códigos. “Evidentemente utilizaron un POS para poder estafar al Estado y a los beneficiarios. Estamos averiguando cómo accedieron a esa información privada”, mencionó.
La figura por la cual serían imputados es estafa. Durante el allanamiento realizado en Capiatá, donde fueron detenidas ambas personas, también fueron incautados varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a las pericias técnicas correspondientes.
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Fiscalía investiga explosión de barcaza que dejó varios fallecidos
El agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, investiga la explosión registrada el 4 de julio de 2026, en una barcaza de la empresa LPG Emprendimientos S.A., amarrada en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay, en la localidad de Beterete Cué, departamento de Presidente Hayes.
Tras recibir la comunicación del hecho, el representante del Ministerio Público se constituyó hasta la zona de Bañado Sur, en Asunción, a fin de realizar el levantamiento y la posterior entrega de los cuerpos de Simón Díaz González, de 34 años; Ever Nilson Sosa Rotela, de 26 años; y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años, todos empleados de la empresa.
El médico forense de turno del Ministerio Público, doctor Augusto Schacht, diagnosticó como causa de muerte de los tres trabajadores “traumatismo craneoencefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”. Cumplidas las diligencias de rigor, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.
Posteriormente, el fiscal Rolando Rivas, acompañado por personal de la Comisaría Novena de Beterete Cué, efectivos del Departamento de Criminalística de Presidente Hayes, encabezados por el Lic. Walther Villalba, el médico forense doctor Augusto Schacht, bomberos voluntarios y con el acompañamiento de la Armada Paraguaya, se trasladó hasta el lugar del hecho.
En el sitio se llevó a cabo la inspección ocular, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, diligencias que forman parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo la explosión de la embarcación.
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Detuvieron a un hombre por coacción sexual y violación de una joven
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la delegación paraguaya del Comando Tripartito allanaron una vivienda y detuvieron a Alcides Núñez Irala, sobre quien existía una orden de captura por el hecho de coacción sexual y violación de una joven de 19 años. La intervención fue ayer a las 05:40 en una vivienda del área 5, de Presidente Franco, bajo la dirección de la fiscal Viviana Sánchez.
Esto fue reportado por el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional de la Policía (Decacpi). La fiscal Sánchez imputó al hombre por coacción sexual y violación; además, solicitó su prisión, según confirmó a La Nación/Nación Media.
De acuerdo al reporte, el procedimiento fue realizado a raíz de informaciones recibidas de la Policía Federal de Brasil, en Foz de Iguazú, en el marco del Comando Tripartito, sobre la citada causa.
Una vez identificada la vivienda, se obtuvo la orden de allanamiento firmada por la jueza penal de garantías, Carina María Frutos, y la comitiva fiscal policial ingresó a la casa donde se encontraba el supuesto autor del hecho investigado.
La fiscal Viviana Sánchez explicó a La Nación/Nación Media que la víctima es de Presidente Franco, pero tiene familiares que son brasileños, viven en su país y habrían facilitado datos a la Policía Federal que luego fueron compartidos con sus pares de Paraguay, a través del Comando Tripartido.
Incautaciones de armas y cédulas verdes
De la casa fueron incautados los siguientes objetos: un arma de fuego, tipo revólver, calibre .22, marca Súper Comanche, con cacha de color negro y armazón con acabado en negro y gris; y un revólver de aire comprimido, marca Umarex T4E, color negro.
También cuatro equipos DVR; trece Cédulas Verdes del Registro del Automotor de la Dirección General de los Registros Públicos, pertenecientes a distintos vehículos y propietarios, y dos aparatos celulares. La agente que investiga el caso refirió que el hallazgo de 13 cédulas verdes de vehículos también será objeto de investigación.
Todos los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias de rigor. El detenido fue trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde aguarda la confirmación del pedido de prisión.
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Detuvieron a un joven con órdenes de captura y un largo historial de casos de robo agravado
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de Investigaciones de la Policía detuvieron a un joven como supuesto autor de un reciente asalto y robo, además de tener órdenes de captura y un tendal de antecedentes por hechos de robo agravado y homicidio. Se trata de Anderson Alfredo Prieto Figueredo (21), quien fue detenido durante el allanamiento de una vivienda en el asentamiento Belén, del barrio Che La Reina, de Ciudad del Este.
El procedimiento fue ayer a la mañana en el marco de la investigación del fiscal Osvaldo Zaracho, sobre un hecho de robo agravado ocurrido en perjuicio del local comercial Ben Market, del barrio Ciudad Nueva, ocurrido el 12 de junio pasado.
Además de la detención, fueron incautadas 51 dosis de cocaína y 2.6 gramos de marihuana, además de cuatro aparatos celulares de diferentes marcas, un cartucho de arma de fuego, calibre 9 mm, sin percutir, un chaleco antibalas de color negro y un calzado deportivo, de la marca Under, de color negro.
El detenido registraba orden de captura por los siguientes casos: robo agravado de marzo del 2021; homicidio doloso en 2025, siendo declarado rebelde; y robo agravado de junio de 2026. Además, tiene otros antecedentes de robo agravado, uno de ellos en Saltos del Guairá, Canindeyú.
El comisario Pablo Zelaya, jefe de Investigación de la regional Alto Paraná de la Policía Nacional, dijo a La Nación/Nación Media que el detenido estuvo en el atraco al local comercial mencionado, según imágenes obtenidas de circuito cerrado.
“Esta persona fue identificada plenamente a través del análisis de las imágenes del circuito cerrado”, agregó el comisario Zelaya, indicando también que, de acuerdo a los elementos colectados en el allanamiento, se confirmaría su vinculación a otros hechos delictivos recientes.
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Caso Atome: la inversión no puede construirse sobre un subsidio
- Jorge Torres Romero
Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.
Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?
El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.
Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.
Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.
Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.
Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.
Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.
Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.
Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.
Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.
Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.
Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.