La fiscal Silvana Otazú informó que unas 700 personas serían las víctimas del hackeo al programa estatal Pytyvõ. Sin embargo, se logró congelar el intento de desvío de unos G. 350 millones. En este sentido, garantizó que los beneficiarios no serán afectados en el cobro del subsidio.
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“Las personas acreditadas van a poder acceder (al cobro), eso está todo congelado. Las personas no fueron perjudicadas, son 700 según tengo entendido. Eso está intacto y ellos podrán acceder a ser beneficiados con ese monto, los verdaderos titulares”, aclaró la fiscal.
Por otra parte, mencionó que en este momento los trabajos se centran en averiguar cómo Carlos Gustavo Chumpitaz Palominos (peruano) y Gregor Gustavo Brítez Cabral (paraguayo), ingresaron al sistema y a los códigos. “Evidentemente utilizaron un POS para poder estafar al Estado y a los beneficiarios. Estamos averiguando cómo accedieron a esa información privada”, mencionó.
La figura por la cual serían imputados es estafa. Durante el allanamiento realizado en Capiatá, donde fueron detenidas ambas personas, también fueron incautados varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a las pericias técnicas correspondientes.
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Autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial analizan fortalecer uso de tobilleras electrónicas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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Informe de la CBI ya se encuentra en poder de la Fiscalía
Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Fiscalía allana casa de detenido e incauta evidencias en caso de joven desaparecido
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres realizó un nuevo allanamiento en la tarde de este jueves, en el marco de la investigación sobre la desaparición de Francisco Daniel López Peña, de 25 años, quien fue visto por última vez el pasado 18 de julio en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. El procedimiento fiscal policial fue en la casa de uno los detenidos como supuesto sospechoso por la desaparición, Juan Esteban Medina, alias Keño.
Se incautaron varias evidencias que serán sometidas a peritaje, entre ellas armas de fuego, equipos de radiocomunicación, focos y cámaras de seguridad, con miras a la ubicación del joven y determinar lo ocurrido.
Las memorias de estos dispositivos serán analizadas por técnicos de Criminalística de la Policía Nacional para la extracción de imágenes que puedan aportar datos relevantes a la causa.
La intervención fiscal fue con el apoyo de agentes del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná y del personal de la comisaría de Tres Fronteras. Un adolescente de 16 años, acompañado de su madre, colaboró con la Fiscalía aportando datos que sirvieron para el allanamiento de esta tarde, según dijo a La Nación/Nación Media, el fiscal Alberto Torres.
Cuatro detenidos, dos imputados
El operativo fue en prosecución a las detenciones realizadas ayer y hoy, en las cuales fueron detenidos cuatro supuestos sospechosos. Uno de ellos es Ronald David Ferreira González (23), quien contaba con orden de captura por robo agravado, asociación criminal y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El mismo está en la mira, pero todavía no fue imputado por el caso.
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Para el fiscal Alberto Torres, siendo procesado por otra causa y con pedido de prisión, ayuda para avanzar en la búsqueda del joven y seguir investigando, manteniéndose al citado como sospechoso.
El segundo es Cristhian Javier Aranda Benítez (21), detenido e imputado por hurto. Habría sido visto con la moto del joven desaparecido y que estaba en su poder cuando ayer fue aprehendido junto a Ronald Ferreira.
Un tercer detenido y sospechoso de tener vinculación con la desaparición del joven, es José Luis González (33), quien fue imputado por omisión de dar a aviso de un hecho punible. El mismo dice que escuchó disparos después que Francisco Daniel salió del sitio donde estaban y ya no supo qué pasó con el joven.
Un cuarto sospechoso fue detenido esta mañana y se trata de Juan Eugenio Medina, alias Keño, cuya casa fue la llanada hoy. El mismo no está aún imputado y el fiscal Alberto Torres decidirá mañana al respecto. El agente explicó que todas las personas detenidas hasta ahora, estuvieron supuestamente con el joven desaparecido en la costa del río ingiriendo bebida alcohólica.
El grupo se habría dispersado supuestamente porque escucharon tiros y desconocen qué pasó de Francisco Daniel, quien estuvo con ellos previamente. El fiscal Alberto Torres manifestó que, de confirmarse los disparos, el arma incautada hoy es fundamental.
La denuncia por desaparición fue presentada por la madre del joven, Irene Peña Martínez (64), ante la Subcomisaría 10ª del barrio Tres Fronteras. López Peña salió de su vivienda el 18 de julio a las 16:30, a bordo de su motocicleta, vestido con campera y pantalón jeans negros. Esa moto fue encontrada en poder de dos de los aprehendidos.
La Fiscalía mantiene activa la orden de búsqueda y localización y solicita a la ciudadanía que cualquier información sea comunicada de inmediato al Ministerio Público o a la comisaría más cercana.