La fiscal Silvana Otazú informó que unas 700 personas serían las víctimas del hackeo al programa estatal Pytyvõ. Sin embargo, se logró congelar el intento de desvío de unos G. 350 millones. En este sentido, garantizó que los beneficiarios no serán afectados en el cobro del subsidio.
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“Las personas acreditadas van a poder acceder (al cobro), eso está todo congelado. Las personas no fueron perjudicadas, son 700 según tengo entendido. Eso está intacto y ellos podrán acceder a ser beneficiados con ese monto, los verdaderos titulares”, aclaró la fiscal.
Por otra parte, mencionó que en este momento los trabajos se centran en averiguar cómo Carlos Gustavo Chumpitaz Palominos (peruano) y Gregor Gustavo Brítez Cabral (paraguayo), ingresaron al sistema y a los códigos. “Evidentemente utilizaron un POS para poder estafar al Estado y a los beneficiarios. Estamos averiguando cómo accedieron a esa información privada”, mencionó.
La figura por la cual serían imputados es estafa. Durante el allanamiento realizado en Capiatá, donde fueron detenidas ambas personas, también fueron incautados varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a las pericias técnicas correspondientes.
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Segundo corte: Fiscalía registra 18 detenidos por presuntos delitos electorales
La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.
Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.
En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:
- Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
- Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
- Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
- Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
- Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
- Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
- Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
- Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
- Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.
Otras denuncias recibidas
Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.
Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.
Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.
En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.
Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.
Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.
Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.
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Incidentes en conformación de mesas y documentos falsos marcan la jornada electoral, según la Fiscalía
La fiscal Sandra Ledesma brindó un informe sobre los hechos denunciados a nivel nacional, tanto en la previa como en las primeras horas de las votaciones en los diferentes locales electorales. Se reportaron resoluciones adulteradas en el distrito de Humaitá, Ñeembucú, donde intervino la fiscal Patricia Ramírez, que derivó en la detención de una persona por intentar acreditar como documento una resolución falsa para registrar a un apoderado.
En tanto en Paraguarí, el fiscal Alfredo Ramos intervino a raíz de problemas en conformación de mesas, mientras en Santísima Trinidad (Asunción), la Junta Cívica reportó incidentes con los apoderados con relación a la colocación de mesas y las máquinas de votación, en un intento por cambiar el lugar asignado inicialmente por las autoridades electorales.
“Luego tenemos denuncias en el Colegio Ignacio A. Pane sobre voto asistido, que fue asistida por el fiscal Marcelo García de Zúñiga. También denuncias en conformación de mesas en Antequera, en San Pedro a cargo del fiscal Ángel Rodriguez. Denuncias en Belén, Concepción que es uno de los lugares donde tardó más la conformación de mesas, teniendo en cuenta que ciertos partidos políticos no asistieron a las personas para conformar las mesas”, detalló Ledesma desde el Centro de Monitoreo del Ministerio Público.
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Por otro lado, mencionó que en Ciudad del Este el fiscal Gabriel Segovia recibió denuncias de la instalación de un toldo cerca de un local de votación. En Asunción se registraron algunos inconvenientes al momento de la conformación de mesas, entre ellos en el Colegio Leandro Prieto, donde el presidente de mesa no permitió que veedores participen en el acto eleccionario, conforme expresó.
En el distrito La Catedral, la Junta Cívica denunció a un apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico por incidentar a las personas, en un intento de evitar el acto eleccionario.
Detenciones
En cuanto a los detenidos, la fiscal Ledesma informó que su colega, Estela Ramírez dispuso la detención de una persona que contaba con un carnet supuestamente proveído por la Justicia Electoral que no correspondía a la persona, o sea un documento adulterado.
“En Guairá también un detenido por soborno al elector a cargo de la fiscal Jadiyi Ortiz, en Avaí, Caazapá donde se rompieron papeletas, detención a cargo de la fiscal Liza Báez, que luego fue aclarado y ya la persona fue liberada. La fiscal Vivian Coronel en Ciudad del Este, un vehículo con propaganda electoral que fue invitado a retirarse. Ante la negativa de retirarse del lugar, fue dispuesta su detención”, comentó.
Igualmente, la representante del Ministerio Público se refirió a las denuncias a nivel país recibidas por la Oficina de Denuncias Penales. Puntualmente los reportes surgieron desde: Encarnación, Villarrica, Lambaré, Caacupé, Villa Hayes, San Estanislao, San Antonio, Yaguarón, Coronel Bogado, Quiindy, Ybycuí, zonal Yguazú, Choré. Recordemos que la pena de las personas que cometan algún delito electoral es de hasta 5 años de cárcel.
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Crimen en Eusebio Ayala: hallan casa utilizada por sospechosos e identifican al tercer involucrado
Investigadores del crimen de Eusebio Ayala lograron un importante avance en las pesquisas mediante un allanamiento llevado a cabo ayer, en horas de la tarde, en una casaquinta ubicada en el barrio Centro de Altos.
El procedimiento realizado por la Policía permitió ubicar el refugio temporal de los sospechosos, además de identificar al tercer involucrado en el asesinato de Rebeca Martínez y las graves heridas sufridas por Carolina Aguilar.
“La casa está alquilada por el grupo desde hace casi un mes. De aquí salieron para el evento (fiesta de jineteada)”, señaló tras el procedimiento el subcomisario David Delgado, del Departamento de Homicidios, en declaraciones a Unicanal.
El procedimiento se realizó luego del análisis de cámaras de seguridad que habrían captado el momento en que los sospechosos llegaron al inmueble y realizaron el cambio de vehículos: dejaron una Kia Sportage y posteriormente utilizaron una Toyota Fortuner.
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Regresaron nuevamente en el transcurso de la madrugada. “Tomaron la camioneta Fortuner, fueron hasta la ciudad de Eusebio Ayala y materializaron el hecho”, refirió el investigador.
Posteriormente, volvieron a la casa a guardar el vehículo, el cual posteriormente fue abandonado en una zona boscosa de Itauguá. “De aquí salió el vehículo que se llevó para su abandono”, apuntó el uniformado.
Según los investigadores, las imágenes muestran que los sospechosos llegaron al lugar luego de la pelea en la que se vieron involucrados durante la fiesta popular, cambiaron de vehículo y se dirigieron de vuelta a Eusebio Ayala, esta vez a bordo de la Fortuner.
Durante el allanamiento fueron incautados documentos, matrículas de vehículos denunciados como robados, dinero en efectivo, una cámara para interior de vehículo y otros elementos considerados de interés para la investigación.
“Se encontraron chapas, documentos de otros vehículos que fueron denunciados por robo. También encontramos elementos que vinculan a estas personas investigadas en el caso del homicidio con las personas que residían en este sitio”, refirió.
Asimismo, lograron identificar a Braian Matías Funes Galeano como el tercer presunto autor del crimen.
De acuerdo a los datos, el inmueble allanado sirvió de refugio temporal a Junior Ramón Delvalle Almeida (30), presunto autor moral y material. Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28), quien portaba tobillera electrónica por un caso de hurto agravado, y el recientemente identificado.
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Fijan para el 14 de octubre la audiencia preliminar para Rafael Filizzola
El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.
En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.
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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.
De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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