La Tercera División de Infantería de las Fuerzas Militares emitió un comunicado mediante el cual señala que el militar de 31 años que dio positivo a la muestra del COVID-19 no presentó inicialmente síntomas y que además de la cárcel de Ciudad del Este también estuvo designado en uno de los albergues de la capital de Alto Paraná.
Las informaciones proporcionadas por el Dr. Osmar Galeano, director de la IX Región Sanitaria de Paraguarí, señalan que según una denuncia anónima, este personal tuvo contacto con al menos 17 personas de su entorno familiar, ya que semanas atrás se trasladó hasta este departamento.
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El comunicado de las Fuerzas Militares indica que este personal primeramente dio negativo a la muestra de COVID-19, el 6 de mayo. Posteriormente, el 15 de mayo fue nombrado en un servicio interno que cumplió y que luego viajó en su vehículo particular hasta la ciudad de San Roque González de Santa Cruz del departamento de Paraguarí, donde estuvo en contacto con sus familiares.
En tanto que el día lunes 18 de mayo del corriente nuevamente se presentó a su unidad y días después se le practicó un segundo test de COVID-19 cuyo resultado fue positivo, ínterin en que cumplía servicio de seguridad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
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En ese lapso de tiempo, entre el 6 y el 21 de mayo, el uniformado no presentó ningún síntoma. Según el informe, son 9 los efectivos militares que estuvieron en contacto con el personal contagiado y ya se encuentran aislados en cuarentena, aguardando los resultados de las muestras.
Además indica que los responsables de Epidemiología del Ministerio de Salud ya procedieron al aislamiento y toma de muestras a las personas con quienes tomó contacto en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. El documento está firmado por Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Senado autoriza ingreso de militares de EE. UU. para operativo médico “Amistad 25″
La Cámara de Senadores autorizó en la última sesión ordinaria, el ingreso temporal de 54 efectivos militares de Estados Unidos, en el marco del programa “Amistad 25″, que incluye la atención médica a población vulnerable y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas Paraguayas.
“Van a participar médicos americanos y de las Fuerzas Armadas de Paraguay, vienen profesionales de primera línea, con equipamiento de la misma característica, es demasiado importante el servicio que ellos van a dar a favor de las comunidades”, expresó el ministro de Defensa, Oscar González.
Según el secretario de Estado, el operativo de atención médica está previsto en varios puntos del país y esto forma parte de un programa impulsado por parte de los Estados Unidos en el marco de las relaciones bilaterales. “Ellos cumplen y nosotros con mucho beneplácito aceptamos y los apoyamos”, añadió.
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Las jornadas de atención médica irán desde el 2 al 16 de agosto en los siguientes lugares:
- el Hospital del Trauma
- Hospital de Luque
- la Unidad de Salud del Hospital del Trauma
- el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Para el efecto, se utilizarán las propias instalaciones de hospitales mencionados y si es necesario se montarán carpas, precisó el ministro a la 920 AM.
Además de la atención médica, el ejercicio permitirá a las Fuerzas Armadas paraguayas mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. El entrenamiento incluirá simulaciones de atención en emergencias y actualización de protocolos médicos.
Paraguay ya ha autorizado anteriormente la presencia de militares estadounidenses, como los 10 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales que capacitaron a 40 militares paraguayos entre 2024 y marzo de 2025. En este caso, “Amistad 25” tiene un enfoque sanitario. “Hasta los pacientes ya están a la expectativa, esto ni siquiera necesita de mucha difusión porque ya saben se realizará”, expuso.
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Médicos de EE.UU. ofrecerán atención gratuita del 4 al 15 de agosto
Este lunes 4 de agosto se realizará la ceremonia de lanzamiento de la misión médica amistad 25 en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
Lideradas por las Fuerzas Aéreas estadounidenses del Sur, las misiones son de atención médica directa a pacientes del país anfitrión (Paraguay) e intercambio de información médica.
En esta ocasión serán beneficiados pacientes del departamento Central con la jornada de asistencia médica del 4 al 15 de agosto de 2025.
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La actividad es coordinada por la Embajada de los EE. UU. en Asunción, a través de su oficina de Cooperación de Defensa (ODC), con el Ministerio de Salud Pública, sus directores médicos del hospital y de la región sanitaria, donde será desplegada la misión.
La atención médica, consultas, procedimientos, suministro de medicamentos e implementos (por ej. anteojos), son totalmente gratuitos.
El objetivo de este ejercicio médico es proporcionar formación en preparación médica al personal militar y civil, al tiempo de ofrecer atención médica a la población objetivo, aliviando así la sobrecarga del sistema sanitario local.
La asistencia médica estará a cargo de profesionales y técnicos médicos militares de los Estados Unidos, junto con miembros de personal de apoyo.
Abarca una amplia gama de especialidades, incluyendo cirugía general y de emergencia, anestesiología, enfermería, odontología, oftalmología, optometría, farmacia, medicina familiar, reparación de equipos biomédicos y apoyo médico.
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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