Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

La doctora Cintia Cardoso, directora de Apoyos y Servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que se aguarda que concluya la revisión de los lotes de medicamentos que eran vendidos en albergues de la previsional para obtener la trazabilidad de las farmacias y de los funcionarios implicados en esta irregularidad. Alertó que gran parte de las medicinas estaban vencidas y que se reforzarán los controles de estos espacios.

“La denuncia fue de un familiar de paciente y las intervenciones fueron en los albergues de las terapias intensivas de adultos y pediátricos. En ambos albergues había medicamentos”, relató la funcionaria médica, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “La denuncia empezó con un paciente al se le dio una receta manual. Entonces, al familiar le comentan que en uno de los albergues podía comprar ese medicamento”.

“Nos envían la foto de la receta y de la puerta del albergue, de manera que nosotros podamos ubicar. Y nos vamos inmediatamente ahí a intervenir y encontramos la misma receta que habíamos recibido por WhatsApp ya en la mesa de la señora, que fue demorada. Cuando le preguntamos qué función estaba cumpliendo, nos dijo que ella era la encargada de los medicamentos de ese lugar. No es funcionaria de la institución. Ella es una persona que trabaja como una cuidadora particular, que normalmente le contratan los familiares de los pacientes”, describió sobre el descubrimiento de esta situación.

“Esos lugares se les asigna una vez que quedan internados y Servicio Social es el que les asigna los lugares, controlan que sea cierto que el familiar sigue internado. Se hacen visitas para controlar la limpieza del lugar, de que sigue internado el paciente”, explicó Cardoso sobre el trámite formal para la habilitación y control de los albergues de IPS.

También mencionó que en otra oportunidad ya se descubrió la venta de medicamentos a cargo de otra persona. “Se había encontrado también, pero no en esta cantidad ni esta organización, porque la señora tenía todo tipo de medicamentos. Tenía medicamentos vía oral, vía endovenosa. Lo, lo más peligroso es que ya había productos vencidos, había productos controlados, productos anestésicos, había insumos también de terapia intensiva y aparte de eso tenía venta de ropa, de alimentos enlatados, envasados”, refirió.

“Y ella, digamos que se aprovechaba de que tenía el contacto con los familiares, en el sentido de que por más que a lo mejor su paciente se iba de alta o fallecía, ella ya era contratada otra vez por otro familiar y continuaba ella ahí, prácticamente todos los días, encadenaba un cuidado a otro”, especificó.

Consultada si la mujer demorada habría estado hace tiempo con este “negocio” en el albergue, la funcionaria respondió: “Obviamente que no es muy corto el tiempo, porque estaba ella con un somier ahí en el box que tenía asignado y en otro box, fue que nos llamó la atención una persona, nos hizo unos gestos para que revisemos el lugar. Y entonces ya se hizo una revisión completa por eso y se encontró que había otro lugar donde ella escondía cosas”.

Agregó que “si uno levantaba la cortina, aparecía una persona descansando, pero en realidad eran medicamentos escondidos bajo la cama, tapado con frazada, tenía un roperito, todo. Así que tiene que haber sido ya un tiempo importante y que probablemente los controles hayan sido muy superficiales, porque esos son lugares donde ellos descansan y muchas veces uno no puede entrar a revisar todo porque supuestamente son insumos, o sea, elementos personales”.

“Encontramos también del Ministerio de Salud, del Hospital de Clínicas. Y ayer, con el inventario que se estaba haciendo en la Fiscalía, como ya fue una revisión más tranquila y uno a uno, se encontró también medicamentos con leyenda del Hospital Policial Rigoberto Caballero”, comentó Cardoso.

“Vamos a tener que ver un poco una reorganización de funcionarios también, porque obviamente va a tener que ser mucho más estricto el control”, manifestó la responsable de Apoyo y Servicios ante esta grave irregularidad en los albergues del IPS. “Vamos a tener que ver si ponemos controles ya también nocturnos. Vamos a tener que ver cámaras que antes no habíamos puesto en esos lugares porque uno respetaba más o menos la intimidad de ellos, pero vamos a tener que poner ciertas cosas porque yo creo que abusaron de la confianza y del respeto que se les tenía como familiares y también pusieron en riesgo la vida de los propios pacientes, porque esos medicamentos, casi la mayor parte estaban vencidos y también la forma en que estaban ahí guardados y mantenidos, no respetaban las condiciones mínimas de cuidado que se deben tener con un medicamento. Algunos requieren refrigeración y nada de eso se cumplía”.

Respecto a lo que sigue con esta investigación, aseguró que “gracias a la incautación de los medicamentos, ahora cuando tengamos todos los lotes, vamos a poder individualizar en qué farmacia fue el movimiento y también con la trazabilidad se puede ver dónde entró, dónde salió, inclusive identificar los funcionarios implicados, porque obviamente tendría que haber complicidad o contacto con funcionarios de las diferentes instituciones”.

“Ayer ya se empezó. Yo creo que esta semana vamos a poder ir viendo todo, porque con la informática es mucho más fácil ya después el trabajo. Ahora se están sacando todos los datos. Hoy continúa el equipo de farmacia, auditoría interna. También van a seguir trabajando en Fiscalía, porque los medicamentos incautados están todos en Fiscalía. Ayer prácticamente la mitad de las cajas, porque más o menos como 23, 24 cajas se cargaron de medicamentos encontrados. Ayer habían revisado ya 11 cajas y era menos del 20 % era de IPS de lo encontrado. Pero sí es preocupante de que en todos los hospitales existe la sustracción de estos medicamentos”, concluyó.

El juicio oral y público de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato luego de entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín, va ingresando en su etapa final y este martes ya se estarían presentando los alegatos finales.

Con la presentación de la totalidad de las pruebas documentales arrimadas por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y la defensa de la acusada exjueza Tania Irún, la audiencia oral ingresará en su tramo final.

El Ministerio Público y la querella presentaron todos los elementos probatorios destacando un punto importante que fue una resolución judicial firmada por la hoy acusada Irún, quien sostuvo en dicho fallo que conocía que en el expediente judicial civil no estaban los estatutos de las empresas presuntamente de maletín antes de adjudicar las tierras ubicas en la seguridad fronteriza.

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La querella representada por el abogado Francisco De Vargas sostuvo que en el expediente judicial civil consta un Auto Interlocutorio dictado por la misma Tania Irún en el año 2015, mediante el cual resolvió hacer lugar a una excepción de falta de personería planteada por la parte demandada donde la entonces jueza Irún fundamentó su decisión señalando expresamente que en el expediente no obraban los estatutos sociales de las empresas Cusabo, Kyveloria, Elite Kingdom y Firstar”.

Asimismo en el juicio oral se dio lectura a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con los votos de los ministros de la Corte Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia, quienes explicaron punto por punto el mal desempeño en sus funciones que la hoy exjueza Tanía Irún cometió y por la que fe destituida del cargo.

Estos elementos producidos en el juicio oral y otros deberán ser estudiados por los jueces de sentencia Rosana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.

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