Especialistas del Hospital Materno Infantil n.º 4 del barrio Trinidad de Asunción presentaron su renuncia en el marco del conflicto médico, pese a que el Ministerio de Salud presentó una propuesta de mejoras para el sector.

A través de una nota dirigida a la ministra María Teresa Barán, un total de 15 neonatólogos presentaron su dimisión de manera formal, alegando que el Gobierno no ha dado respuestas a las reivindicaciones reclamadas por el sector.

Señalaron que las renuncias corresponden al 75 % de los médicos del área de Neonatología, que representa el 76 % de los vínculos destinados a esta área, indicaron.

La medida de los profesionales de la salud acarreará como consecuencia que la atención en el centro asistencial se vea gravemente resentida.

Te puede interesar: Embajador de Japón destaca el aporte de los inmigrantes al desarrollo del país

Además, han renunciado los cuatro cirujanos infantiles que tienen vínculos con esta institución y trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), concluye el documento.

Sin embargo, sin firmas individuales no sirve ninguna renuncia, según explicaciones del director de Gabinete de Salud, Dr. Juan Marcelo Estigarribia.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) rechazó la propuesta del Gobierno y confirmó una nueva huelga para los días 21 y 22 de setiembre, exigiendo un reajuste de G. 3.000.000.

“Ellos habían hablado de una carrera sanitaria. Sin embargo, ayer salieron con un escalafón médico. La ministra llevó el escalafón del 2022 donde lo que se hace es aumentar G. 500.000 por cada 5 años”, expresó la Dra. Rossana González.

La propuesta contempla la aplicación del escalafón médico vigente desde 2022 para los médicos nombrados y la incorporación de los médicos contratados al esquema, considerando criterios de antigüedad y carga horaria.

Asimismo, prevé un complemento mensual de G. 500.000 para médicos especialistas que realizaron residencia, además de un pago de G. 1.000.000 por día feriado para quienes realicen guardias o tareas imprescindibles.

Leé más: Pronóstico del tiempo: lluvias para este viernes e ingreso de nuevo frente frío

La renuncia de médicos en el Hospital Materno Infantil San Pablo obligará a disminuir el número de camas de la terapia neonatal, señaló este jueves el director del nosocomio público, Vicente Acuña, y advirtió que la consecuencia más grave de la salida de 25 especialistas es el cierre de lugares en terapia, dada la imposibilidad de reemplazarlos inmediatamente.

Explicó que la normativa exige una cantidad mínima de profesionales por cada cuna, por lo que la renuncia afectará directamente la capacidad del hospital. “Vamos a tener que disminuir el número de camas de la terapia neonatal porque hay una relación entre el número de camas y el número de profesionales”, precisó en declaraciones a la 680 AM. Un total de 25 médicos neonatólogos formalizaron sus renuncias a Salud Pública.

La doctora Rossana Fonseca, en carácter de vocera gremialista, argumentó que la decisión responde a una medida de fuerza por la falta de respuesta al pedido de reajuste salarial. “Hace 12 años no tenemos ningún aumento en nuestro salario. Creemos justa esta lucha gremial; no pedimos un lujo, solicitamos un reajuste acorde a todo el trabajo y compromiso de estos años”, esgrimió.

Te puede interesar: Joven de 17 años dejó una carta a su mamá y desapareció

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Juan Marcelo Estigarribia, mencionó que en la nota presentada por la coordinadora de Neonatología del Hospital Materno-Infantil, de la lista de 25 profesionales renunciantes, solamente figura la firma de la coordinadora, por lo que dicha nota carece de las formalidades legales.

“La jefa de neonatología del Hospital San Pablo presentó una nota con un listado de 25 nombres, donde el número uno es el nombre de ella y ella solamente firma la nota, eso es lo que recibimos, esta nota no cumple con los requisitos”, confirmó, añadiendo que, hasta la fecha, la cartera sanitaria sigue con 62 renuncias registradas en mesa de entrada. El Ministerio insiste en que solo reconoce las presentaciones individuales que cumplen todos los requisitos y mantiene la mencionada cifra oficia

Por otro lado, sigue en pie la convocatoria de médicos en el Ministerio de Salud, tras su reunión con el cardenal Adalberto Martínez. Desde la Iglesia católica hicieron un llamado a las autoridades y a los gremios médicos a sentarse a “negociar de buena fe” y buscar una solución al conflicto. Señalaron que el diálogo debe poner en el centro a las personas, tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes.

Leé más: Minga Guazú: estudiantes se descompensaron en competencia olímpica

La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.

• HOY.COM.PY

La Cámara de Senado­res oficializó la desig­nación de los legis­ladores que integrarán la comisión especial de inves­tigación encargada de inda­gar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministe­rio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará con­formado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego Gonzá­lez y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.

Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cum­plimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolu­ción N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación defi­nida, la comisión especial queda habilitada para ini­ciar las tareas de investiga­ción, seguimiento y esclareci­miento de las irregularidades detectadas en ambas institu­ciones sanitarias.

La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que inves­tiga irregularidades y aden­das en contratos adjudica­dos a la firma Neighpart SA para la instalación de qui­rófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la pre­visional. El caso derivó en la imputación de los expresi­dentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Con­trataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Mar­celo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dicta­men sobre las finanzas públi­cas correspondiente al año 2025 realizado por la Contra­loría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado para­guayo debido a la gran canti­dad de irregularidades.

Entre los casos detectados por la Contraloría que luego debe­rán ser remitidos al Ministe­rio Público figuran, por ejem­plo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue adver­tida y la utilización de cuen­tas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, brindó algunos detalles de lo que plantea el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027, que fue presentado en la jornada del martes ante el Congreso Nacional. Se tiene previsto un incremento importante en el gasto en obras públicas, además de un ordenamiento en las erogaciones por las deudas con el sector de las farmacéuticas.

En la visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado precisó que aumento en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es del 34 %, respondiendo a las necesidades de solventar las construcciones en marcha, como así también las que están previstas para iniciar en el próximo año.

“El proyecto que presentamos pasa de un presupuesto aprobado de USD 738 millones, que es lo que tenía este año, por más que estemos haciendo ajustes para poder responder a los atrasos, pasa a un presupuesto de USD 1.000 millones aprobado, que es básicamente el número que naturalmente siempre hablamos”, citó.

Hizo especial mención a la cartera de viviendas sociales que posee el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). “Estamos sosteniendo todo lo que hace a viviendas sociales a través del MUVH, estamos hablando de más de USD 130 millones”, manifestó.

Leé más: Plan de gastos para el 2027 asciende a USD 25.751 millones

Con relación a la cuestión de la salud, el secretario de Estado recordó que, a través de la herramienta de cesión de deuda, se cerró un pago de USD 394 millones a las farmacéuticas. De esta manera, ahora el Estado debe desembolsar alrededor de USD 11 millones de manera mensual a bancos que tomaron el pasivo de los proveedores. Amplió explicando que ese gasto representa una línea en el presupuesto, mientras que otra corresponde al remanente.

Finalmente, un tercer espacio significa el monto anunciado días atrás, de USD 760 millones, para la compra de medicamentos; es decir, en el proyecto se discriminan los gastos, no como ocurre en el presupuesto vigente, de USD 500 millones, del cual se utilizó dinero para el pago de obligaciones atrasadas.

También te puede interesar: Ministro descarta aumento de impuestos, pero confirma revisión de exenciones