Las fuerzas de seguridad brasileñas capturaron a un hombre a quien le atribuyen al menos 16 homicidios desde mayo, y que al momento de ser detenido estaba vestido de mujer y tenía un bebé en brazos, informó el viernes la policía a la AFP. El individuo, de 33 años, fue arrestado el pasado domingo tras 30 horas de cerco policial en una zona boscosa del estado de Paraíba conocida como Vale do Mamanguape, en el nordeste de Brasil.

El sospechoso vestía ropa de mujer y usaba una larga peluca negra, según imágenes obtenidas por la AFP. La policía dijo en un comunicado que vestía así para evadir su captura, y que también llevaba un bebé en brazos. “A pesar de que el investigado relató su participación en 80 homicidios, la Policía Civil confirma su participación en 16 homicidios en la región, de los cuales 11 fueron confesados en el interrogatorio”, indicó la fuerza a la AFP.

Esos 16 homicidios fueron cometidos desde mayo. Se desconoce quiénes eran las víctimas ni cómo eran cometidos los crímenes. Semanas antes de su detención, había logrado escapar tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que lo consideran miembro de un grupo criminal “ultraviolento”.

En un video de su interrogatorio al que accedió la AFP, el hombre relató que actuaba por cuenta propia y negó tener vínculos con facciones del crimen organizado.

Por el contrario, aseguró que todas sus víctimas estaban “vinculadas al mundo del crimen” y que buscaba hacer su propia justicia ante amenazas contra él y su familia. “Nunca actué contra ningún padre de familia, madre de familia, trabajador”, declaró, al tiempo que negó ser “una persona psicópata”.

Dijo también que perpetró su primer homicidio a los 13 años. En el enfrentamiento antes de su captura, la policía incautó en un campamento chalecos antibalas, la culata de una subametralladora y más de 100 municiones, que el hombre reconoció como propios durante el interrogatorio.

Fuente: AFP.

La Justicia Federal de Brasil elevó a 28 años, un mes y 15 días de prisión la condena contra el peligroso criminal brasileño Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto”, por el feminicidio de la joven paraguaya Lidia Meza Burgos, ocurrido el 17 de noviembre de 2018. La decisión modifica el fallo de primera instancia que había fijado la pena en 24 años de cárcel.

El sangriento hecho se registró en el interior de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en Asunción, donde el procesado se hallaba recluido. Según la investigación, Pinheiro Veiga atacó a la joven de 18 años con un cuchillo de mesa, infligiéndole 53 estocadas. La hipótesis fiscal sostuvo que el homicidio fue perpetrado de manera premeditada para abrir una nueva causa penal en Paraguay y frenar su inminente expulsión o extradición a Brasil.

Marcelo Piloto es reconocido como uno de los líderes históricos y principales proveedores de armas y drogas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Tras ser detenido en Encarnación en diciembre de 2017 tras permanecer prófugo de la justicia brasileña desde 2007, su presencia en Asunción representó una permanente amenaza a la seguridad nacional, lo que desencadenó su posterior expulsión vía decreto presidencial a pocos días del atroz crimen.

La investigación en territorio paraguayo estuvo liderada inicialmente por la fiscal María Irene Álvarez, quien recolectó las evidencias decisivas en la escena del crimen. Posteriormente, la causa fue encauzada por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán, para la transferencia formal de los antecedentes y medios probatorios a los estrados judiciales del país vecino.

El incremento del castigo penal responde al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Federal de Brasil, que demandó una sanción más severa acorde a la crueldad del hecho. La resolución judicial dispone además que el condenado deberá cumplir la totalidad de la pena bajo un régimen cerrado y de máxima seguridad en una prisión federal.

En el marco de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil, se pudo lograr el rescate de varios paraguayos que estaban en una granja situada en Puerto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Las autoridades de dicho país sospechan que los compatriotas trabajaban en situación irregular en una granja perteneciente al candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo.

De acuerdo con el informe oficial, un total de 23 trabajadores en situación irregular fueron localizados en una propiedad perteneciente al candidato a diputado. Según la publicación del medio G1, los compatriotas no se encontraban registrados como trabajadores de manera formal, además de sufrir una retención de sus salarios y verse impedidos de abandonar las instalaciones.

La Policía Federal recibió una denuncia contra dicho establecimiento por supuestamente reclutar trabajadores extranjeros y mantenerlos en la propiedad en una situación de vulnerabilidad. Durante el allanamiento, los intervinientes también incautaron 14 armas de fuego, incluyendo fusiles de grueso calibre, además de municiones. Dichas armas no estaban registradas y a algunas les habían borrado los números de serie.

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En declaraciones a G1, Bernardo negó las denuncias en su contra, afirmando que sus empleados no se encuentran registrados formalmente por decisión personal. Asimismo, señaló que les brinda todas las comodidades, distribuyendo sus tareas en turnos y proveyéndoles aire acondicionado.

El político y empresario -quien es propietario de la Universidad Interamericana y fue CEO de la Universidad Central de Pedro Juan Caballero- sostuvo que la operación llevada a cabo en su granja es resultado de una “persecución política”, negando la existencia de trabajos forzosos o situaciones fuera de lo habitual. Asimismo, el político estaría ligado a otras actividades presuntamente ilícitas que están bajo investigación del Brasil y de Paraguay.

Igualmente, la sede actual de la Universidad Interamericana pertenece a la firma Ypyta y se encuentra en pleno litigio judicial en Asunción.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.