Paraguay cuenta con un marco institucional y jurídico que contribuye a sostener la confianza de los inversionistas, en un escenario en el que la previsibilidad y el funcionamiento del sistema financiero mantienen un papel relevante. Así lo señaló Orlando Ferreira, jefe financiero de BID Invest.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ferreira explicó que los inversionistas evalúan distintos factores antes de apostar por un mercado, entre ellos la estabilidad económica, el funcionamiento del sistema financiero y la seguridad jurídica. Si bien las inquietudes sobre la supervisión forman parte de ese análisis, destacó que la decisión de invertir depende de un conjunto más amplio de condiciones.

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En cuanto al escenario local, consideró que Paraguay dispone de mecanismos estructurales, legales, reglamentarios e institucionales para el control del sistema financiero. También resaltó la actualización reciente del marco jurídico que rige al sector, como parte de las herramientas con las que cuenta el país.

Sobre el comunicado de Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Ferreira interpretó el pronunciamiento como un llamado a las autoridades a continuar con el trabajo que vienen realizando y atender las preocupaciones planteadas por el gremio. Asimismo, valoró que la comunicación se haya realizado de manera respetuosa y clara, en línea con la prudencia que requiere el manejo del sistema financiero.

Por otra parte, señaló que preservar el grado de inversión es clave para consolidar el atractivo de Paraguay como destino de capitales. La previsibilidad del marco jurídico, la protección de las inversiones y la fortaleza institucional son aspectos que los potenciales inversores consideran al comparar oportunidades en la región.

Ferreira indicó que estas condiciones han sido una constante en Paraguay durante las últimas dos décadas, con mayor fuerza en la última. No obstante, aclaró que su análisis responde a una perspectiva regional y que los especialistas que siguen de cerca la realidad local cuentan con mejores elementos para evaluar los detalles del escenario actual.

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En las últimas décadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue un importante aliado de Paraguay en la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo. En la actualidad sigue apoyando al país de manera decisiva en su expansión en términos de obras públicas y otros proyectos. En ese sentido, el representante del organismo plantea ciertos mecanismos para sostener el ritmo de inversiones y mantener la disciplina fiscal.

Para el representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, la disciplina fiscal y la inversión en infraestructura no deben verse como objetivos contrapuestos. “Pero el reto no significa solo invertir más, sino invertir mejor; priorizar proyectos de alto impacto, fortalecer la planificación plurianual, mejorar la coordinación entre presupuesto, contratación y ejecución y asegurar recursos para mantenimiento”, manifestó.

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Mencionó la cooperación multilateral, las concesiones, las asociaciones público-privadas (APP), los instrumentos de garantía y los recursos del mercado de capitales. Explicó que, bajo mecanismos adecuados de participación, las empresas pueden asumir riesgos de construcción y sobrecostos, además de aportar capital, financiamiento, innovación y capacidad de gestión. Agregó que el Grupo BID puede acompañar esta combinación mediante el trabajo del BID con el sector público, de BID Invest con empresas e inversionistas y de BID Lab con soluciones innovadoras.

Chaverri-Suárez reconoció avances en las asociaciones público-privadas (APP) en Paraguay, aunque identificó desafíos vinculados con los largos tiempos de preparación y la necesidad de contar con proyectos técnicamente maduros. Indicó además que se necesita contar con contratos equilibrados, reglas previsibles, una adecuada distribución de riesgos y capacidad pública para estructurar, licitar y supervisar compromisos de largo plazo.

Añadió que otro desafío consiste en ampliar la aplicación de las APP hacia sectores de infraestructura distintos de las carreteras, con esquemas adaptados a cada actividad. “También es importante generar espacios permanentes de diálogo entre el Estado, las empresas, el sistema financiero y los organismos multilaterales”, sostuvo.

Adicionalmente, se expidió sobre el mercado de capitales paraguayo y destacó su potencial para financiar en moneda local a instituciones financieras y empresas en marcha. Como antecedente, señaló que BID Invest realizó 10 emisiones en guaraníes desde 2018, por un total de G. 1,2 billones, equivalentes aproximadamente a USD 200 millones, mediante las cuales canalizó ahorro interno hacia inversiones productivas.

“El Grupo BID quiere seguir siendo el puente entre el sector público, las empresas y los inversionistas para que Paraguay pueda financiar más infraestructura sin abandonar la responsabilidad fiscal ni el objetivo fundamental de mejorar la vida de su gente”, concluyó.

Como se sabe, se espera que el déficit fiscal cierre el presente ejercicio con una cifra de alrededor de USD 3,2 %, mientras que para 2027 se estima un número superior, trepando hasta 3,9 %, retornado al tope legal del 1,5 % del PIB en 2028, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo mencionado pone presión sobre el margen para la inversión pública, necesaria para continuar con la senda del desarrollo.

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El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, emitió la Resolución n.° 18/2026, que declara de interés prioritario la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y dispone jornadas obligatorias y prioritarias de capacitación y sensibilización en todos los comités del país.

La resolución menciona que las capacitaciones tendrán como fin la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos y una sociedad libre de violencia. Igualmente, las capacitaciones deben estar dirigidas también a erradicar la violencia contra niños y adolescentes.

“El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado y adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, indica la resolución.

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Agrega que “el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización democrática del Estado exige promover una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia”.

El documento establece que la coordinación de las actividades de capacitación y sensibilización estará a cargo de la Dirección de Política de Equidad y Género en articulación con los órganos y autoridades partidarias correspondientes, pudiendo establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas, universidades y organizaciones especializadas en la materia.

“El artículo 46 de la Constitución Nacional consagra la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos, prohíbe las discriminaciones y establece que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o propicien, disponiendo que las protecciones establecidas sobre desigualdades injustas no serán consideradas discriminatorias, sino igualitarias”, indica.

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A la vez, el documento detalla que el artículo 48 de la Constitución Nacional “reconoce la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y dispone que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio”.

Sostiene que el artículo 60 de la Constitución Nacional establece que el “Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad, reconociendo la importancia de la prevención como instrumento de protección de los derechos fundamentales”.

Añade que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público a las que corresponde “expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”.

La pavimentación de la ruta PY12 avanza hacia su etapa final en el segundo lote de obras, con las bases estructurales concluidas y los trabajos concentrados en la carpeta asfáltica definitiva y las intervenciones complementarias. El proyecto busca mejorar la conectividad de unas 60.500 personas del Bajo Chaco y facilitar el traslado de la producción regional.

Según el último reporte técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las capas estructurales del pavimento ya fueron completadas, incluyendo el suelo estabilizado con cal, la subbase mejorada con cemento, la base granular y la de concreto asfáltico. Asimismo, la carpeta de rodadura reforzada con polímero se encuentra próxima a su conclusión.

El proyecto contempla la habilitación y el mantenimiento de 166 kilómetros entre Chaco’i y General Bruguez, con el objetivo de garantizar una conexión más segura y permanente durante todo el año. La obra también apunta a reducir las dificultades de circulación durante las lluvias y mejorar el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de fortalecer las actividades comerciales y logísticas de la zona.

En paralelo, comenzaron las obras complementarias, entre ellas la instalación de barandas metálicas de protección en sectores considerados de mayor riesgo. Estas intervenciones buscan reforzar la seguridad vial y brindar mejores condiciones de circulación a los usuarios.

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Los trabajos se distribuyen en cuatro lotes a lo largo del corredor vial y sus accesos, bajo la supervisión del MOPC y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Lote 1 comprende desde el kilómetro 2,5 hasta el 37,4 e incluye el acceso a Nanawa. El Lote 2, a cargo del Consorcio Avanza Chaco, abarca 42,8 kilómetros, desde el km 37,4 hasta el 80,2.

Por su parte, el Lote 3 se extiende desde el km 80,2 hasta el 122,2 e incluye el acceso a la comunidad de Ninfa, mientras que el Lote 4 comprende desde el km 122,2 hasta el 160, además del acceso a General Bruguez. Con la culminación de esta infraestructura, se espera fortalecer la integración territorial del Bajo Chaco y generar mejores condiciones para el transporte de cargas, la movilidad de los pobladores y el desarrollo de las actividades productivas.

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