Mientras continúan las medidas de aislamiento aplicada para combatir al COVID-19, los contribuyentes de Asunción pueden aprovechar las promociones que ofrece la comuna para ponerse al día con las licencias de conducir, próximas a vencer el 31 de mayo.
Con el eslogan ¡Acercate con anterioridad y evitá molestas filas!, la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte recuerda a toda la ciudadanía el vencimiento de las licencias de conducir del 2020. El plazo para el pago de la tasa anual es hasta el 31 de mayo y es único para todos por igual, dejando de lado los números de terminación según ordenanza general de tributos municipales Nº 113/17, Art. 10.18,2 que fue impuesta en el 2018.
La licencia de conducir tiene un costo de G. 171.500; la renovación, G. 121.600, y por la revalidación se abona G. 21.600. Para dichas gestiones se pueden acercar en el bloque C de la institución; de lunes a viernes desde las 09:00 a 14:00. Mientras que si es solo para revalidar, también se encuentra disponible la autocaja, que atiende de 9:00 a 16:00, situado en el mismo bloque.
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Por otro lado, las personas de 65 años en adelante deberán realizar obligatoriamente el examen psicotécnico, así como también las pruebas de oído para la seguridad del conductor, ya que la ley no contempla una edad tope para adquirir la licencia.
Cabe destacar que el municipio realiza todos los protocolos sanitarios y cuenta con todas las medidas de bioseguridad vigentes para todos los que acuden a la sede a realizar gestiones o abonar sus tributos; siempre manteniendo la distancia, con tapabocas y regulando la cantidad de personas que ingresan al recinto. Hasta el momento no existen prórrogas, pero tampoco se descarta la posibilidad ante la situación por la cual atraviesa el país.
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Click para votarSin licencia ambiental: clausuran temporalmente dos procesadoras de menudencias
La inmediata suspensión de actividades de 2 locales comerciales fue ordenada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, a través de las resoluciones municipales 1.182/2020 y 1.183/2020. Las mismas funcionan como graserías en el barrio San Jorge.
Como medida de urgencia, ambos locales fueron clausurados temporalmente el lunes. Esto se dio por dedicarse al procesamiento de menudencia y funcionar como triperías, sin contar con licencia comercial y sin las adecuaciones ambientales requeridas, contaminando y alterando gravemente el cauce del arroyo Yvyra’i, del barrio Virgen de Fátima de Trinidad.
Indicaron que anteriormente ya se realizaron intervenciones conjuntas entre la Unidad de Recursos Hídricos y Suelos del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sin que ninguno de los locales tomara las medidas recomendadas.
Explicaron que el primer local suspendido está identificado con la cuenta corriente catastral 15-0098-14, ubicado en las calles Sargento Martínez casi Tte. Bernal, perteneciente al Sr. Rodolfo Morínigo. En tanto que el segundo local donde se procedió al cierre de actividades posee cuenta corriente catastral 15-0098-16, ubicado en las calles Sargento Martínez entre Teniente Bernal y Viuda de las Llanas, perteneciente a la señora Iluminada Morínigo de González.
La DGGA de la comuna fue la encargada de arbitrar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en las citadas resoluciones. En la ocasión, acompañó la intervención municipal el concejal capitalino Álvaro Grau.
Explicaron que las resoluciones emitidas por el intendente facultan a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de conformidad a lo previsto en el Art. 103° de la Ley Número 3966/10, a acudir a los estrados judiciales e iniciar cuantas acciones sean necesarias, aplicando los mecanismos jurídicos, a fin de dar cumplimiento a lo que indica dicha ley para el cobro del costo generado por las medidas de urgencias realizadas.
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La multa municipal aplicada por graves incumplimientos de las leyes ambientales, que serían los cometidos por estas empresas dedicadas a la venta de menudencias de reses, podría llegar hasta 1.200 jornales.
Sin estudio de impacto ambiental
La propietaria de uno de los locales informó a los intervinientes que hace 30 años ambos locales funcionan sin haber jamás realizado el estudio de impacto ambiental en el Mades. Señaló que nunca contrataron profesionales ingenieros para que les desarrollen el estudio de impacto ambiental, por lo que no tienen patente comercial, no poseen ningún tipo de tratamiento de afluentes, vierten en el arroyo Yvyra’i sus desechos con grasas y restos de sangre y hasta las cenizas del horno calentado a leña tiran en el mencionado curso hídrico.
Al respecto, el ingeniero Walter Lezcano, del Departamento de Recursos Naturales y Adecuación Ambiental, dependiente de la DGGA de la comuna capitalina, informó que en su momento estas empresas recibieron notificaciones por la disposición de residuos líquidos y sólidos que arrojan sin tratamiento al curso del arroyo.
Explicó que se les dio un plazo para que se acerquen a la municipalidad para regularizar su situación, pero que los responsables hicieron caso omiso a la notificación. “Trabajaron a puertas cerradas; pero de vuelta, denuncias de vecinos dieron cuenta que estaban trabajando de forma clandestina con los mismos vicios de siempre, por eso la nueva intervención donde ya se clausuraron los locales”, mencionó.
Aseguró que internamente en la comuna seguirán los procesos administrativos, donde se establecerán las multas a ser aplicadas y se pasarán las documentaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos. “Porque por ley se está obligado, en caso de delitos ambientales, a denunciar ante la Fiscalía del Ambiente y, en ese ámbito, estas industrias se exponen al pago de multas que pueden llagar hasta los 10.000 jornales”, resaltó.
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Programa de restauración de recursos hídricos
Aclaró que estas medidas se toman porque existe una ley que protege los cursos de agua, por lo que un programa de restauración de los cursos hídricos en la ciudad de Asunción se ejecuta en el arroyo Mburicao y es de interés municipal que las industrias que están en su zona se adecuen ambientalmente, cumpliendo mínimamente con las disposiciones legales.
Sostuvo que por parte de la Municipalidad de Asunción no existe ninguna persecución a las industrias y a los trabajadores, sino que lo que se busca es que los técnicos comunales acompañen a estas industrias para que se ajusten y cumplan, en una primera etapa y de forma mínima, con los parámetros ambientales exigidos. Recordó además que los delitos ambientales son pasibles de penas carcelarias.
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Empresa sin licencia exportó oro de Paso Yobái por US$ 100 millones
Un revelador informe de auditoría, realizado por el MOPC, y que se mantuvo oculto, revela que la firma CEMA SA sin tener permiso alguno para la exploración y explotación de cualquier mineral por parte del Estado paraguayo logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones. Protección de políticos locales del Guairá permitieron que la firma opere de manera irregular. Nuevamente salta el nombre del senador Rodolfo Friedmann vinculado al esquema, quien declaró cuando fue gobernador que semanalmente se extraía oro de Paso Yobái por valor de US$ 2 millones.
POR JORGE TORRES ROMERO
Una auditoría llevada a cabo el año pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al Viceministerio de Minas y Energía arrojó como conclusión una serie de groseras irregularidades en el proceso de extracción de oro en la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá. Llamativamente, desde el MOPC cajonearon los resultados de dicha auditoría que concluyó en julio de este año. “La caja negra” (Unicanal) accedió al informe revelador.
La empresa CEMA, representada por Diego Casco Navarro y Hernán de Carli, explotó por casi diez años los yacimientos de oro en Guairá sin tener autorización legal y exportó 2.894 kilos por casi cien millones de dólares sin el pago correspondiente de las regalías al Estado durante los años 2014 al 2019.
Según reporte de la Dirección Nacional de Aduanas a través del Expediente Nº 38816/18 de fecha 18/09/2018 referente a la exportación de oro en los últimos 10 años, se puede constatar que la empresa CEMA SA exportó sin haber sido titular de una concesión minera por casi 100 millones dólares.
El informe de Aduanas es parte de un proceso de auditoría al Viceministerio de Minas y Energía. En la conclusión también se destaca que no existen registros del pago por parte de la empresa CEMA de las regalías entre los períodos 2014 y 2019 por la comercialización del oro extraído de la zona.
El oro de Paso Yobái era explotado por dos empresas, Lampa SA, antiguamente en manos de unos canadienses, hoy en manos de unos chilenos, que es la única que tiene toda licencia para la explotación del mineral, y CEMA, que recién logró en setiembre del 2017 un contrato de cesión de derechos del 1%, contrato que fue homologado por el MOPC en el 2018.
Este acuerdo está actualmente judicializado. Es decir, los nuevos dueños de Lampa se percataron de la irregularidad del referido contrato y plantearon una medida cautelar y posterior rescisión de mismo. En setiembre del 2018 dadas las continuas desavenencias con la directiva de CEMA, Lampa decide resolver el contrato de cesión de derechos mineros. Esta decisión fue recurrida por CEMA y hay una causa judicial abierta ante la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz.
El equipo de auditores del MOPC solicitó al viceministerio la cantidad de oro que extrajeron estas dos empresas desde el 2012 hasta el 2018 y la respuesta fue sorprendente, ya que la Dirección de Recursos Minerales informó que no cuentan con la totalidad de la información en sus archivos referente a los movimientos de explotación y exploración de oro de la zona de Paso Yobái.
Por ende, no se sabe cuánta cantidad de oro salió de esa zona del país en los últimos ocho años. Según el reporte trimestral del primer año de explotación presentado por CEMA SA afirman haber exportado por valor de US$ 1.375.948; sin embargo, los datos que aparecen en la página web de Aduanas señalan que esta empresa realizó en ese trimestre exportaciones por valor de US$ 3.251.565, lo que deja una omisión de US$ 1.875.617, que debido a la falta de comprobantes respaldatorios de la actividad desarrollada y la diferencia observada afecta directamente al cálculo de las regalías a ser pagadas.
PÉRDIDAS PARA EL ESTADO
En conclusión, el Viceministerio de Minas y Energía no cuenta con la información precisa sobre la cantidad exacta de oro que fue extraía y exportada por las empresas CEMA SA y Lampa SA, desde el 2014 hasta el 2019, dejando de esa manera una millonaria pérdida de dinero que se dejó de pagar al Estado por las regalías mineras.
La auditoría detectó que el órgano que tiene que velar por la extracción del oro y otros minerales preciosos no tiene protocolo de procedimientos para realizar la fiscalización de la actividad minera, no tiene cuantificadas en informes la producción de oro, cantidad extraída y cantidad exportada, en forma semanal, quincenal o mensual, pero lo más grave que desnuda la auditoría es que las fiscalizaciones no son realizadas en forma permanente en la zona de producción, se dejaba al arbitrio total de las empresa la explotación a gusto de las minas.
El negocio de la extracción de oro en Paso Yobái mueve US$ 2 millones de dólares por semana, según el ex gobernador y hoy imputado Rodolfo Friedmann, quien mucho sabe del negocio de la extracción ilegal del mineral en la zona, a quien se lo vincula en los negocios de exportación.
Pese a la gravedad de las conclusiones de esta auditoría, de julio de este año, ninguna denuncia se ha presentado hasta ahora ni por parte del MOPC ni por parte de la Procuraduría General contra los directivos de la empresa CEMA.
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BCP advierte sobre existencia de firmas de seguros sin licencia
La Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) advierte sobre la existencia de entidades que ofrecen el servicio de seguros sin contar con la licencia requerida para tal efecto, de conformidad con la Ley N° 827/96 “De Seguros”. Publicaron una lista de 12 entidades no habilitadas por el BCP.
El mercado local cuenta con 35 compañías de seguros, supervisadas y autorizadas por la banca matriz, de acuerdo a su reporte mensual de entidades. Entre las no habilitadas para emitir y comercializar coberturas de seguros están: Istain Insurance Cargo o Ustain SA, Sur Asesores Legales SRL, Lampe & Schwartze y Citzen Group (o similar).
Están también Suisse Capital Investiment Paraguay SA, United Express Interprise CO, además de Assekuransa/ Aktiv Assekuranz y Alianca Da Bahía Uruguay (o similar). A esta lista les siguen estas empresas, como Cobertura de Asistencia Jurídica Integral Prepaga; GV Asesores de Seguros, además de Serfin Cargo SA Asesores de Seguros y Prelife Paraguay SRL.
Por otro lado, la Superintendencia de Seguros menciona sobre la atención al público en general. Sin perjuicio de los procedimientos establecidos para la entrega y seguimiento de expedientes y consultas, están disponibles y habilitados los correos electrónicos y línea telefónica, en días hábiles y en el horario de 8:00 a 16:00, relacionadas a los temas de interés; como planes de seguros, Reaseguradoras del Exterior y Corredores de Reaseguros y; Asistencia al Usuario del Seguro. También habilitan para mesa de entradas de la SIS; Agentes de Seguros, Corredores de Seguros, Liquidadores de Siniestros, y Auditoras Externas y Calificadoras de Riesgos.