La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.

Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.

Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.

Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.

“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.

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El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.

“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.

Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.

“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En la sede regional del Ministerio Público en Ciudad del Este, el fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, mantuvo una reunión con representantes del Círculo de Abogados de Hernandarias, encabezado por su presidente Ernaldo Gamarra y con autoridades municipales de la misma ciudad.

Los letrados destacaron la designación de dos fiscales más en la unidad zonal de Hernandarias, que el gremio reclamó en reiteradas oportunidades, ante las dificultades que generaban contar con solo dos agentes para una gran demanda que tiene la citada ciudad y demás comunidades vecinas dependientes de dicha jurisdicción.

Con las nuevas designaciones, Beatriz Adorno y Miguel Figueredo, se eleva a cuatro el número de fiscales en la capital de la energía. Según los abogados, “ese esfuerzo contribuirá a una mayor eficiencia en la administración de Justicia y en la respuesta a las necesidades de la comunidad”, en cuanto a acciones ante el Ministerio Público.

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La reunión fue también para ver la factibilidad de mejoramiento de la Fiscalía en cuanto a varios aspectos, entre ellos, la falta de una mejor infraestructura.

En ese marco, con el aval de las autoridades municipales, informaron que la municipalidad de Hernandarias dispone de un predio para la construcción de la sede propia para el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la institución funciona en un local alquilado. Una sede propia representaría un avance importante en la consolidación de la institución en el distrito de Hernandarias, según lo referido en la reunión por parte de los visitantes.

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Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.

Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.

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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

El tribunal argentino a cargo del juicio a siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona apartó el jueves pasado a dos abogados de uno de los acusados, en la segunda jornada del proceso. La leyenda del fútbol, que padecía múltiples patologías crónicas, murió por edema pulmonar e insuficiencia cardíaca en 2020 y hay ocho integrantes de su equipo médico acusados de “homicidio con dolo eventual”, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionarle la muerte.

En el segundo día del proceso, los jueces decidieron apartar del caso a Rodolfo Baqué y Martín De Vargas, dos de los tres defensores del enfermero Ricardo Almirón, por considerar que podía existir un conflicto de intereses, ya que también defienden a otra enfermera de Maradona, Gisela Madrid, que enfrentará otro juicio a continuación.

La remoción de los abogados había sido solicitada por la defensa de otro acusado, el psicólogo Carlos Díaz, argumentando que los eventuales “intereses contrapuestos” de los letrados podían derivar en una “defensa ineficaz” del enfermero y, en consecuencia, en una posible nulidad del juicio.

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“Los jueces han decidido excluirme del juicio porque no quieren que diga que a Maradona lo mataron”, dijo Baqué a la AFP luego de la decisión y apuntó contra tres de los imputados: el nerocirujano Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Díaz. Anunció además que apelará la decisión.

El juicio por la muerte de Maradona tiene lugar en la localidad de San Isidro, ciudad satelital al norte de Buenos Aires y se espera que participen unos 120 testigos. El carismático jugador falleció mientras estaba en internación domiciliaria recuperándose de una neurocirugía en su residencia particular en Tigre, al norte de Buenos Aires.

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En la apertura del proceso esta semana, el fiscal describió su internación como “temeraria, deficiente y sin precedentes” y describió el escenario de su muerte como “un teatro del horror”, en el que el equipo médico no siguió ningún protocolo.

El juicio por la muerte de Maradona tendrá lugar todos los martes y jueves durante los próximos cuatro meses. En la próxima audiencia, prevista para el martes a las 09:00 (12:00 GMT), se prevé que declaren como testigos los tres policías que fueron los primeros en ingresar a la casa tras su muerte. La de este jueves fue la última audiencia en la que tuvieron la obligación de estar presentes los imputados, que recién deberán volver a comparecer ante el tribunal para la sentencia.