La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cnsp) expresó su preocupación ante la suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.

“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indicaron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.

La zona afectada es conocida como “Lote Hidrovía Sur” y la situación es considerada una medida unilateral adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (Arca), que “pone en riesgo la provisión de combustible para Paraguay, al tratarse de un punto clave utilizado continua a lo largo de varias décadas para el transbordo de este y otros productos”.

Asimismo, instaron a que cualquier revisión futura en cuanto a las condiciones operativas se lleven a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno.

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“Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”, manifestaron en la misiva.

Es que si bien Argentina propone otros 10 puertos alternativos se critica la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro del país y la región.

El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

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Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregularidades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previsional va sumando las denuncias y exige que los responsables de la administración anterior sean señalados ante la justicia.

“Nosotros habíamos presentado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó González, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres informes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que también señalan una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. “Incluso en los informes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

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Además, se suma una nueva denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que se realizaron reprogramaciones presupuestarias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa considera incluso que hubo producción de documentos no auténticos, porque se le mintió al Ministerio de Economía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones administrativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubilatorio, el décimo tercer salario sin fuentes de financiamiento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

“Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público, a Delitos Económicos, cuando se aumentaron al 50 y 75 %, a pesar de que los informes actuariales eran negativos, y también violando un poco la ley, porque la ley dice que hasta el 33 % nomas se podría haber aumentado eso”, sentenció.

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Desde el Instituto de Previ­sión Social (IPS) indicaron que penosamente aún persis­ten en la utilización de la renta de las reservas para poder pagar las jubilaciones. Desde el 2020 al cierre de 2024 se utilizaron G. 1.218 billones. Debido a las decisiones arbi­trarias del gobierno de Mario Abdo se arrastró a la previsio­nal a una situación desfavora­ble que estaba prevista recién para dentro de 18 años.

“Estamos atravesando una crisis; sin embargo, nadie se pregunta por las respon­sabilidades civiles, penales y administrativas de estas personas. Seguimos usando la renta de las reservas y cada vez en mayor propor­ción”, alertó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Eco­nómicas del IPS en contacto con “Tarde de perros”, emi­tido por Universo 970 AM/Nación Media.

Cubas dejó en claro que lo uti­lizado son las rentas, es decir, los intereses generados por los ahorros de la previsional, no así las reservas; no obstante, estos intereses son utilizados cada vez en mayor proporción dado que los ingresos del IPS no son suficientes para cubrir el pago a los jubilados.

“Parece que se normaliza que el dinero que ingrese no alcance para pagar las jubi­laciones y no es normal, es una situación anormal, esta­mos en un punto que por los actuariales es considerado como crítico número 1 en donde utilizamos la renta de la reserva y si no hacemos nada, no corregimos, no tomamos ninguna medida, es cuestión de tiempo que la renta ya no nos alcance y tengamos que tocar la reserva”, advirtió.