La titular del Ministe­rio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, afirmó que se experimenta un crecimiento significativo del sector construcción, con más de 18.000 empleos generados y proyectos emblemáticos en ejecución. Señaló que el desa­fío para los próximos años de este gobierno es modernizar el transporte público con infraestructura y calidad de servicio.

En el marco del segundo aniversario de gobierno, la ministra hizo un balance de su gestión, marcado por un fuerte ritmo de ejecución de proyectos en todo el país y la puesta en marcha de obras estratégicas para el desarro­llo económico y social.

Centurión dijo a los medios que actualmente el MOPC ejecuta obras en los 17 depar­tamentos, con intervenciones que abarcan desde rutas hasta infraestructura social.

Entre las más destacadas citó el Hospital de Asunción, la reconversión del barrio Tacumbú con una inversión de más de USD 100 millones para construir 1.500 vivien­das, la recuperación del Parque Caballero y el sote­rramiento de líneas de alta tensión en la Costanera de Asunción.

Recordó que, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el sector de la cons­trucción creció 12,9 % en lo que va de la administración actual, generando más de 18.000 empleos adicionales. “Estamos contentos por este gran impulso y este aporte que da un sector que es clave para el desarrollo de la eco­nomía”, dijo.

En cuanto a la ejecución pre­supuestaria, recordó que en 2023 la ejecución presupues­taria afectada por el pago de más de USD 400 millones en deudas atrasadas, mientras que en 2024 se logró una his­tórica ejecución superior al 80 %. A pesar de las restric­ciones que impone el déficit fiscal, afirmó que el compro­miso es mantener y ampliar la infraestructura de calidad.

De cara al siguiente tramo de mandato, Centurión señaló que una de las prioridades será la reforma del transporte público metropolitano, que no se limitará a la renovación de buses, sino que incorpo­rará mejoras en la infraes­tructura para ofrecer un ser­vicio más seguro, eficiente y puntual.

“Es una deuda, una demanda ciudadana en la que esta­mos plenamente abocados y sobre todo entendiendo esta complejidad de esta proble­mática que no solamente se resuelve desde la renovación de los buses, sino también desde una infraestructura que pueda entregar una cali­dad en el servicio que merece el ciudadano”, comentó Cen­turión.

También resaltó la licitación inminente de la Ruta Valle­mí-Concepción, y la conti­nuidad de obras como la Ruta 12, la Ruta de la Soberanía y el puente de la Bioceánica.

Como parte de los trabajos emprendidos por la Mesa de Trabajo sobre la situación de los trabajadores del transporte que se produjo en la Cámara de Diputados, este viernes el equipo técnico del Viceministerio de Transporte expuso los criterios y mecanismos de control que forman parte de la gestión institucional.

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Según expusieron los datos actuales, hoy día 35 empresas cuentan con permiso para operar el servicio de transporte metropolitano, empleando en conjunto a 3.621 trabajadores.

Aclararon que para operar el servicio se deben cumplir los requisitos financieros, laborales y operativos establecidos en la normativa vigente, como :

• el pago de aportes a la seguridad social
• la presentación de nóminas actualizadas de choferes y funcionarios,
• la disponibilidad de dos trabajadores por cada bus operativo
• la acreditación de no poseer restricciones legales que impidan su funcionamiento

“El equipo técnico estuvo conformado por la coordinadora jurídica, Abg. Mónica Gubetich; el director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González; el jefe del Departamento de Análisis y Estudios Técnicos, Fernando Haidar; y el asesor jurídico del VMT, Abg. Renzo Cristaldo”, indicaron.

Agregaron que la reunión concluyó con el compromiso del Viceministerio de Transporte de seguir aportando información técnica y de acompañar los espacios de diálogo que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector, en el marco de un sistema de transporte más eficiente y orientado al bienestar de los usuarios.

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La reforma del transporte público cuenta con seis pilares que buscan reorganizar itinerarios, renovar la flota y mejorar la infraestructura urbana, según la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. El objetivo es devolver la dignidad al usuario apuntando a solucionar las raíces de la problemática.

La ministra Centurión y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, comentaron en el programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, los alcances del proyecto de ley que busca reformar el transporte público en el área metropolitana.

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De acuerdo con la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley se sostiene en 6 pilares fundamentales relacionados con la gobernanza, la renovación del parque motor, estrategias contractuales que permitan el ingreso a nuevos actores y corrección de distorsiones en el mercado, así como infraestructura, tecnología y servicio continuo, los siete días de la semana.

“Todo esto se hace, además, con una mirada donde el Estado está muy presente en la organización, en la rectoría y, cómo no, en el esfuerzo fiscal también para llevar adelante el proyecto, como se hace en todas partes del mundo. Es así, el Estado aporta con infraestructura, aportan la compra de material rodante y se aspira a que la operación pueda ser rentable, por eso el rol del Estado es fundamental”, dijo.

Por su parte, el viceministro Fernández, manifestó que la reforma es impostergable y que entre los cambios más destacados está la reorganización de los troncales, con rutas alimentadoras, con lo que se reduciría de 36 a 8 empresas operadoras.

“El Estado tiene que corregir esta falla estructural del sistema y volver a barajar los corredores y licitar de vuelta para dar alternativa que entre inclusive nuevos jugadores o que los mismos que están se agrupen, se consorcien y trabajen en la nueva regla. Entonces el inicio de todo esto es un proceso de licitación de corredores”, mencionó.

Fernández también manifestó que la Ley no establece que el Estado necesariamente debe adquirir las unidades, sino que se trata solo de una opción, ya que se contempla que el sector privado los pueda comprar por su cuenta.

“El Estado tiene la potestad de ser jugador, puede ser operador y proveedor de la flota. Es una ley marco, no un proyecto de inversión ni de compra de buses", sostuvo.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.

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Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.

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