Pedro Juan Caballero
Emerson Dutra, corresponsal
Una patrullera de la Policía Nacional fue vista estacionada frente a un conocido supermercado de la ciudad brasileña de Coronel Sapucaia en plena cuarentena. Se trata del móvil Alma 40 perteneciente a la Comisaría 4ª de la localidad fronteriza de Capitán Bado.
En la fotografía se observa el vehículo perteneciente a la institución policial frente al “Supermercado de todos”, hecho que causó comentarios y burlas de la ciudadanía.
Al parecer, la orden de cierre de fronteras dispuesta por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país es tenida como “letra muerta” por esos uniformados quienes, por tratarse de “autoridad”, cruzaron hacia territorio brasileño para hacer compras.
Es que la baja cotización de la moneda real brasileña frente al guaraní hace rentable realizar transacciones comerciales hacia el otro lado de la línea de frontera.
La Nación intentó dialogar con el jefe de esa unidad policial, comisario Alexander Méndez, para obtener mayores datos sobre lo ocurrido, pero el mismo “no se encontraba”.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Operativo fronterizo deja como resultado la incautación de una tonelada de droga
El trabajo de cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil dio este jueves un golpe a una estructura del narcotráfico que operaría en la zona fronteriza de la Colonia Guavira, distrito del Saltos del Guairá.
El allanamiento se ejecutó en un inmueble rural de la mencionada zona tras una investigación conjunta entre ambas instituciones, la cual busca neutralizar el tráfico fronterizo de droga. En el lugar fue encontrado un camión cargado de paquetes de marihuana.
Una vez inspeccionado el camión, los intervinientes constataron que en su interior había una carga de 52 paquetes, los cuales contenían 942 kilogramos de marihuana procesada y lista para su redistribución. Asimismo, en la cabina del vehículo fueron encontrados varios documentos que serán analizados.
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El procedimiento no arrojó detenidos, pero constituye un importante golpe al esquema logístico del narcotráfico fronterizo, en especial teniendo en cuenta que el lugar intervenido se encontraba a aproximadamente 1.000 metros de la línea fronteriza con Brasil, lugar donde esta droga multiplica su valor en el mercado.
Los intervinientes destacaron que este tipo de acciones refuerza el compromiso de Paraguay y Brasil en la lucha conjunta contra el crimen organizado, bajo una línea operativa que prioriza la inteligencia compartida y la acción simultánea en zonas sensibles de frontera.
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Víctimas de trata sufren consecuencias psicosociales, expone Ministerio Público
La trata de personas es un fenómeno complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo, ya que las víctimas, que pueden ser tanto hombres como mujeres y niños, sufren una serie de consecuencias psicosociales que impactan profundamente en su bienestar.
La trata de personas está vinculada con el crimen organizado y generalmente se da en la frontera. El sicólogo José Caballero expone algunas rutas consideradas como críticas.
Las rutas de trata en contexto transfronterizos: es un nudo crítico porque entra en escena los autores de delitos de trata para explotación sexual de jóvenes, que al mezclarse en el tránsito fronterizo legal, se mimetizan para incluir el tráfico de estupefacientes. Los resultados de los estudios de Luna Nueva Base- IS, muestra que adolescentes y jóvenes mujeres son forzadas a oficinas de campanas o “mulas”, dejando en evidencia la trata internacional de las que son víctimas.
Lugares sensibles: Ciudad del Este (Departamento del Alto Paraná), ubicada en la triple frontera con Brasil ( Foz de Iguazú.- Estado de Paraná) y la Argentina (Puerto Iguazú- Provincia de Misiones ), Pedro Juan Caballero (Departamento de Amambay) en el límite con Brasil; (Mato Groso Do Sul) y Puerto José Falcón (Departamento de Presidente Hayes) localidad ribereña entre los ríos Paraguay y Pilcomayo en el límite con Argentina (Clorinda- Provincia de Formosa).
Uno de los estudios exploratorios analizados por el sicólogo Caballero, describe que Pilar y otras zonas portuarias del departamento Central, San Pedro, Concepción, Ñeembucú, son los sitios de explotación de víctimas, por ejemplo las costas cercanas a estos lugares, incluso las alejadas, donde disminuye toda posibilidad de control y exposición.
Perfil de la trata de personas: el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público elaboró el perfil del hecho punible de la trata de personas, luego de analizar un total de 392 denuncias ingresadas a nivel país desde los años 2019 al 2024.
Esta investigación revela que las mujeres representan el 71 % de las víctimas de éste hecho punible, frente al 29 % del sexo masculino.
Edad: lo más preocupante es que los menores hasta los 13 años representan el 13 % de las víctimas.
Las víctimas de entre 14 a 17 años encabezan la cifra de víctimas en un 34 %. Las de 18 a 29 años representan el 27 % mientras que las de 30 a 55 años corresponden al 23 %.
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Consecuencias psicosociales
1. Efectos emocionales y psicológicos, se registra depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estos trastornos pueden surgir debido a la violencia, el abuso y la explotación, que sufren durante su cautiverio.
En este caso, la recuperación emocional es el objetivo principal.
2. Estigmatización y aislamiento social: las víctimas pueden ser vistas como culpables de su situación, lo que puede resultar en un rechazo social. Este aislamiento puede intensificar los problemas de salud mental. Se dificulta la reintegración en la sociedad.
3. Impacto en la identidad y la autoimagen: las experiencias de trata a menudo alteran la percepción que las víctimas tienen de sí mismas. Pueden desarrollar una identidad marcada por el trauma, lo que afecta su autoimagen y su capacidad para establecer relaciones sociales y familiares saludables.
Pueden ser implementadas algunas intervenciones que ayuden a las víctimas a reconstruir su identidad, fomentando un sentido de pertenencia y empoderamiento, que es vital para su recuperación
4. Consecuencias en las relaciones interpersonales: las víctimas enfrentan dificultades en sus relaciones interpersonales, ya que la confianza se ve profundamente afectada; la terapia de grupo o la terapia familiar puede ser útil para restaurar la confianza y mejorar las habilidades psicosociales de las víctimas.
5. Repercusiones económicas y laborales: la trata de personas a menudo deja a las víctimas sin recursos económicos, lo que puede llevar a la pobreza y la dependencia. Esto a su vez puede generar un ciclo de violencia y explotación. Las personas que fueron víctimas de este hecho punible deben desarrollar habilidades para sostenibilidad de la vida y la empleabilidad.
Otros síntomas
La sicóloga del Ministerio Público, licenciada Soledad Barge, explicó al Observatorio del Ministerio Público que algunos de los síntomas más frecuentes que sufren las víctimas son las siguientes: baja autoestima, vergüenza, tristeza, ideas de persecución, desesperanza, cansancio emocional, frustración, apatía, indefensión
La profesional señala que es esencial que la víctima reciba apoyo psicológico, realizar la denuncia ante los organismos pertinentes, y el apoyo del círculo familiar es muy importante.
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Choque, persecución y balacera: un policía hirió a otro policía
Un roce entre dos automóviles en el barrio San Ramón de la ciudad de Capiatá derivó en una persecución entre un policía a bordo de una motocicleta y el autor del choque. Esto terminó en una balacera donde el conductor del automóvil resultó herido, quien también era policía.
Según el informe policial, Gabriel Aristides Alcaraz, de 35 años, suboficial de la comisaría 60 Central Marambure, quien se encontraba a bordo de su automóvil Chevrolet Spark, habría causado un accidente que afectó a un Toyota Vitz al mando de Micahel Gimenez Roa, de 24 años, y este primero se habría dado a la fuga.
Lo ocurrido fue presenciado por el suboficial de la Comisaría 29 Central de Tarumandy, Enzo Soto, de 20 años, quien se dirigía a la Comisaría para cumplir con su guardia; el mismo habría querido evitar la fuga del vehículo que causó el accidente.
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Tras seguir al automóvil varios metros y alertar al conductor para que se detuviera, el suboficial Soto decidió realizar al menos cinco disparos, uno de los cuales terminó impactando en la humanidad de Alcaraz.
Este último habría sido auxiliado primeramente hasta el Hospital Distrital de Capiatá y posteriormente fue derivado al Rigoberto Caballero, donde se encuentra en estado delicado y con pronóstico reservado debido al impacto que lo hirió a la altura de la espalda.
Desde el Ministerio Público determinaron que se abrirá una investigación, la cual estará a cargo de la fiscal Carolina Martínez, quien solicitó pruebas de balística y otros indicios para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, ya que se trata de un evento que involucra a dos policías.
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