Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.

Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.

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• Por Carlos Mariano Nin
• Columnista
• marianonin@gmail.com

Hay una silla que nadie volvió a ocupar, una cama que quedó tendida, un plato que, quizá, todavía alguien guarda en la cocina, porque a veces cuesta aceptar que ya no hace falta ponerlo en la mesa.

Y me da vueltas una pregunta que no aparece en ninguna estadística: ¿quién le explica a un niño que mamá no va a volver?

Hasta agosto en Paraguay 17 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

Diecisiete nombres, historias que alguna vez tuvieron un cumpleaños, sueños, discusiones, abrazos, planes para el domingo y alguien que las esperaba en casa.

Y hay un número que me golpea todavía más fuerte: 33 hijos quedaron detrás de esas mujeres. 24 de ellos son menores de edad.

Detrás de cada uno hay una infancia que cambió para siempre.

Al final, cuando una madre es asesinada, no muere solamente la mujer.

Se rompe una familia, se quiebra la infancia.

Los números del Ministerio Público sobre feminicidios dados a conocer esta semana cuentan que 13 de las víctimas eran madres. Algunas murieron dentro de sus propias casas; otras, en la vía pública. Fueron asesinadas con armas blancas, armas de fuego, golpes y asfixia.

Pero ninguna estadística puede contar lo que sucede después.

Los números no pueden registrar el momento en que un niño pregunta por su madre, ni se puede medir el silencio de una casa después del crimen.

Nadie, absolutamente nadie puede poner en una planilla el miedo con el que una hija volverá a escuchar una discusión, tampoco podrá explicar cómo se aprende a crecer cuando la persona que debía enseñarte a vivir fue arrancada de tu vida.

Y entonces aparecen otras cifras.

25 tentativas de feminicidio. Son las mujeres que sobrevivieron y que tuvieron una segunda oportunidad.

Hoy deberíamos aprender a ver las señales, a enseñarle a nuestras hijas que las discusiones, las peleas pasadas de tono y los golpes no son normales. Que el control a veces se disfraza de amor, de celos presentados como preocupación.

En todos los casos el principal error es esperar a que ocurra la tragedia para entender que había señales.

Los datos dicen que los principales agresores fueron parejas y exparejas.

Eso también debería obligarnos a mirar más cerca.

En la mayoría de los casos el peligro no está en una calle oscura ni viene desde un desconocido. A veces tiene la llave de la casa, conoce la rutina… y alguna vez hasta dijo “te amo”.

Por eso hablar de feminicidio no puede ser solamente hablar de mujeres asesinadas.

Tenemos que hablar de prevención, de educación, de protección.

De intervenir antes. De entender que una amenaza no es una exageración cuando quien la recibe tiene miedo.

Pedir ayuda no debería convertirse en una carrera contra el tiempo.

Hoy hay 17 mujeres menos. Pero también hay 33 hijos que tendrán que aprender a vivir con una ausencia que ellos nunca eligieron.

Veinticuatro son niños.

Y cuando pienso en ellos, me cuesta volver a mirar estas cifras como simples números.

Debemos dejar de contar a las mujeres muertas y los niños huérfanos.

El desafío es conseguir que la próxima estadística sea cero.

Que ninguna silla quede vacía para que ningún niño tenga que aprender tan pronto el significado de la palabra feminicidio.

Una vida salvada no aparece en ninguna estadística. Pero alguien vuelve a casa.

Una madre vuelve a abrazar a sus hijos.

Y una silla... vuelve a estar ocupada.

Pero esa es otra historia.

Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional realizó un allanamiento en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, en prosecución del millonario robo de celulares contra unos comerciantes brasileños y detuvieron a dos sujetos. En el procedimiento se incautaron armas de fuego y otras evidencias.

Según el reporte policial, el operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio 23 de Octubre, de Ciudad del Este, en el marco de las investigaciones en el caso del millonario robo a dos ciudadanos brasileños ocurrido en le kilómetro 4 de la citada ciudad. En el hecho también, fue herido un efectivo policial.

En la vivienda fueron detenidos: Alberto Britos Alcaraz, alias “Comando Russo”, de 40 años, que cuenta con una orden de captura por robo agravado, y José Eduardo Ramírez Gómez, de 37 años. Ambos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a la vivienda que sería allanada en una camioneta sin chapa.

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Del interior del vehículo de la marca Chevrolet modelo Cruce color blanco, se logró incautar: armas de fuego de corto calibre, dos rifles portátiles de cañón largo y ⁠más de 100 municiones de distintos calibres. Así también, ⁠ropas varias camufladas, ⁠guantes, dos aparatos celulares de la marca IPhone y cargadores para armas de fuego.

Se trata del segundo allanamiento del día que realizaron en el marco de las investigaciones de los asaltos reportados la semana pasada en Ciudad del Este. En el primero detuvieron a una mujer que sería pareja de un integrante del PCC y varias armas de fuego, que serían usadas para los atracos reportados en la ciudad.

Durante el asalto contra los ciudadanos brasileños, los maleantes se alzaron con un lote de celulares de alta gama, cuyo valor estaría por los 400 mil dólares. Los comerciantes resultaron ilesos y el suboficial Emilio Esteban Cardozo, agente de la Patrulla Motorizada, fue quien recibió un disparo en la pierna.

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Este martes, agentes del Departamento de Investigaciones del Policía Nacional realizó un allanamiento en busca de personas que estarían involucras en una serie de robos y asaltos en el departamento de Alto Paraná. En el procedimiento se detuvo a una mujer y se incautaron de varias armas de fuego.

Según el reporte dado por los intervinientes, el operativo se realizado en una vivienda ubicada en el kilómetro 10, lado Acaray, a unos pocos metros de ruta PY02 en Ciudad del Este. Este allanamiento tuvo el acompañamiento del fiscal Luis Fernando Escobar, quien ordenó la detención de Debora Abigail Peña Pérez, de 27 años, quien estaba en la casa.

“Teníamos información de que en esta vivienda había armas que se utilizarían para los diversos hechos punibles ocurridos en la ciudad y que también había sustancias estupefacientes. La mujer sería pareja de un miembro del Primer Comando Capital (PCC)”, expresó en comisario Paulo Zelaya, en conferencia de prensa.

Afirmó que todas las armas incautadas de esta viviendas serán sometidas al Sistema Integrado de Identificación Balística para saber si fueron usadas para algún hecho punible. “Una de estas armas tenía el número de serie borrada. La mujer tiene un negocio de ventas de celulares en el centro de la ciudad”, apuntó.

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• Pistola marca Glock, modelo 17, Generación 4, calibre 9mm., con serie Nro. BSZP387.
• Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A311509X.
• Pistola marca Beretta, modelo APX, calibre 9mm., con serie Nro. A235255X.
• Pistola marca PRNC CZ, modelo APC calibre 6.35mm, lustre niquelado, con Número de Serie Borrado.
• Cuatro cargadores para pistola Beretta.
• Dos cargadores para pistola Glock, todos calibres 9mm.
• Un cargador para pistola calibre 6.35mm.
• Ciento veintiún cartuchos sin percutir del calibre 9mm.
• Cinco cartuchos sin percutir calibre 6.35mm.

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