México pidió a Estados Unidos la extradición de dos personas supuestamente involucradas en la desaparición de 43 estudiantes del poblado de Ayotzinapa (sur) en 2014, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que desató indignación mundial.

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien fue recibido por Sheinbaum el pasado miércoles para tratar cuestiones de seguridad.

“Son dos personas que se está pidiendo su extradición (...), se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa.

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Sheinbaum se abstuvo de revelar la identidad de los presuntos implicados, según dijo, para no afectar el proceso. Todas las personas investigadas por el caso son mexicanas.

Aunque decenas de sospechos han sido vinculados al proceso, el caso está en la impunidad. A la fecha solo han sido identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras de restos óseos.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), desde donde se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado. México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.

• Fuente: AFP

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró que no apañarán hechos de corrupción en el sistema penitenciario, tras conocerse la existencia de celdas VIP en la cárcel de Emboscada Antigua.

Anunció que se hará una evaluación de lo ocurrido y mediante la intervención que inició ayer se definirán los grados de responsabilidad del director Humberto López Gómez, de quien destacó que fue funcionario del Ministerio de Justicia, donde ocupó otros cargos.

“Todo se va a evaluar y se van a sacar las conclusiones finales una vez terminada la intervención. Muchas veces uno tiene que ser objetivo con esto al margen de conocer a los funcionarios y sacar las conclusiones de acuerdo a los hechos probatorios que tengan a mano. Vamos a ser imparciales y vamos a tomar las decisiones que sean necesarias”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No descartó remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público.

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Nicora manifestó que no se puede, del día a la mañana, cambiar la realidad enquistada hace mucho tiempo.

“Por eso siempre traigo a resumen todo el trabajo que ya se vino haciendo en Tacumbú. Recordarán que toda la planta alta de admisión eran utilizadas para celdas VIP, pero una cantidad impresionante. Habían ahí como 30 celdas VIP, todas hoy día oficinas administrativas”, refirió.

Los reclusorios de Ciudad del Este, Concepción y Pedro Juan Caballero fueron renovados, en un proceso que se está realizando de manera gradual, conforme expresó el ministro de Justicia.

“Nosotros nunca vamos a apañar hechos irregulares; al contrario, todo el tiempo estamos compartiendo con los colegas del Poder Judicial y del Ministerio Público los hechos irregulares que se van dando dentro del sistema penitenciario. Pero hay que ser medidos y cautelosos, porque administrar estos altos perfiles tiene sus riesgos”, subrayó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, sostuvo la firme postura de su gobierno contra las organizaciones criminales que buscan operar dentro del sistema penitenciario, al ser consultado anoche sobre el caso de las “celdas VIP” encontradas en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, que ya fueron intervenidas y desmanteladas por el Ministerio de Justicia.

“Estamos trabajando, nosotros tenemos una política muy fuerte sobre estas organizaciones y todo lo que es el manejo de todas las penitenciarías. El operativo Veneratio es un claro ejemplo de eso, el operativo Umbral también fue un claro ejemplo”, expresó el mandatario a la prensa durante una visita en el Karting Club Paraguayo, con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayen, en el marco del Congreso Americano de FIA, que organiza el WRC ueno Rally del Paraguay 2025.

Así también, Peña sostuvo que el Gobierno, además de las políticas dentro de las penitenciarias, está trabajando en la preparación de guardiacárceles. “Estamos haciendo todo lo que es posible en entrenamiento, de la formación, por supuesto, Cuando hay datos, nosotros hacemos la investigación y tomamos las medidas como corresponde”, aseveró el mandatario.

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Además, el jefe de Estado fue consultado si este hecho trascendido desde ayer lunes representa un retroceso para el trabajo que viene realizando el Gobierno en el sistema penitenciario, y respondió que no, de manera contundente.

De acuerdo con las informaciones, los beneficiarios de estos tratos preferenciales serían los presos vinculados al caso A Ultranza PY. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aclaró que dichas estructuras no son nuevas, sino parte de la antigua infraestructura del penal, pero que serán desmanteladas, y las personas privadas de libertad reubicadas en otros centros penitenciarios sin privilegios.

El actual director del penal, quien asumió hace tres meses y medio, venía colaborando con las tareas de inteligencia y fue relevado temporalmente de su cargo para facilitar la intervención. La cartera de Justicia desmintió versiones sensacionalistas sobre la existencia de un jacuzzi, aclarando que se trata de una pila bautismal utilizada por la iglesia del penal, actualmente convertida en escritorio.

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El lunes se realizó una sorpresiva intervención en la Penitenciaría de Emboscada que derivó en el hallazgo de lujosas “celdas VIP”. Sobre el tema, la jueza penal de ejecución Rossana Bogarín, quien encabezó la visita el pasado viernes, relató que el procedimiento tenía como objetivo verificar las condiciones de los internos y garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, la inspección reveló una realidad distinta: celdas con comodidades y privilegios a las que no accedían todos los reclusos. De acuerdo con el testimonio de la magistrada, incluso se intentó ocultar la existencia de estas habitaciones especiales por parte de las propias autoridades penitenciarias.

Durante el recorrido, los magistrados lograron conversar a puertas cerradas con un interno, quien confesó que pagaba alrededor de 300 mil guaraníes mensuales a otro recluso que actuaba como “regente” para poder habitar en una de estas celdas mejor acondicionadas. El detenido no precisó a quién llegaba finalmente ese dinero, según comentó a la 680 AM.

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Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 42 internos a otro penal, como una medida para desligarse de las críticas y dar señales de control. No obstante, el hallazgo contradice el discurso oficial que insiste en que la situación de los establecimientos penitenciarios están bajo control.

En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos. Estos espacios estaban ocupados por personas procesadas por el operativo “A Ultranza” y que guardaban reclusión en el lugar. El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses.

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