El Ministerio Público requirió la prisión preventiva para el doctor Rodolfo Mario Ritter, quien violó la cuarentena sanitaria impuesta por el Gobierno Nacional.
La agente fiscal Nilsa Torales, titular de la Unidad Especializada en Medio Ambiente de Alto Paraná, imputó al médico por los supuestos hechos punibles de violación de la cuarentena sanitaria y lesión grave en grado de tentativa.
Según la investigación, el profesional de la salud habría ingresado al país en fecha 19 de marzo del 2020, luego de haber estado en el exterior. El mismo debía guardar cuarentena obligatoria; sin embargo, no cumplió con dicho ordenamiento y salió en dos oportunidades de su domicilio para concurrir al sanatorio donde presta servicios médicos.
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“El doctor Ritter se presentó al hospital sin la utilización de tapabocas ni el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para el ingreso al centro médico”, expresa el acta de imputación.
Indica que para ese entonces ya se habría reportado el decaimiento de su salud al 154 (posible COVID-19), añade el escrito fiscal. A consecuencia del hecho, varias personas que tuvieron contacto directo con el médico fueron puestas en cuarentena obligatoria por las autoridades sanitarias.
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Caso Braulio Vázquez: familia presentó denuncia formal en contra del IPS
La familia de Braulio Vázquez presentó denuncia formal por homicidio culposo contra quienes resulten responsables de la muerte del trabajador dentro del Instituto de Previsión Social (IPS).
El asegurado falleció a finales de enero en el Hospital Central del IPS tras una serie de fallas en la atención médica que recibió, según reveló una auditoría de la Superintendencia de Salud.
La denuncia penal apunta a las personas que el Ministerio Público logre individualizar como autoras o partícipes del hecho punible de homicidio culposo. En ese sentido, la denuncia penal apunta al plantel médico de la previsional. Además, se incluyen otros posibles delitos que puedan surgir durante el curso de la investigación.
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El representante legal de la familia solicitó a la Fiscalía que se proceda a un nuevo allanamiento en el IPS, con el objetivo de obtener el historial clínico completo de Braulio Vázquez y recabar todas las evidencias necesarias para esclarecer el caso.
“Luego de haberse dado a conocer el informe de Superintendencia de Salud es evidente que esto tiene que ser investigado y aclarado en el fuero penal”, señaló el defensor en la denuncia. Por ese motivo, requieren una urgente intervención a la Fiscalía para que incluso allane el Hospital Central, rescate el historial médico del paciente e incluso se realice una necropsia.
La familia solicita a la Fiscalía que investigue lo ocurrido, sobre todo, considerando el demoledor reporte de la auditoría de la Superintendencia de Salud que desnudó una serie de graves negligencias.
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Ratifican prisión preventiva para expareja de “Papo” Morales
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Vicente Fretes, ratificó la prisión preventiva de Cynthia Burgos, expareja de Gregorio “Papo” Morales, quien fue condenada a 12 años de cárcel por el homicidio del joven Robert Fabián Marín. La defensa de la condenada pretendía que la Justicia revocara la prisión y ordenara el arresto domiciliario, sin embargo, dicha solicitud fue rechazada y se confirmó su permanencia en prisión.
Asimismo, días atrás, la Cámara de Apelación —integrada por los jueces Arnulfo Arias, Jesús Riera y Digno Fleitas— confirmó la condena de 27 años de cárcel, más 5 años como medida de seguridad (totalizando 32 años), para Gregorio “Papo” Morales, responsable del homicidio ocurrido en noviembre de 2020.
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Los camaristas coincidieron con la conclusión de los jueces de sentencia tras la reconstrucción de los hechos y el análisis de las pruebas producidas en el juicio. Según el fallo, los elementos probatorios brindaron la convicción suficiente para confirmar la participación del acusado como autor del crimen.
Condena en primera instancia
En diciembre de 2023, el tribunal integrado por Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza condenó a Morales a la pena máxima mencionada. De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la zona. En las grabaciones se observa cómo un hombre bajó de una camioneta blanca, abrió la puerta de un automóvil negro y efectuó varios disparos antes de huir junto a una mujer. Los involucrados fueron identificados como Gregorio “Papo” Morales y su pareja, Cynthia Burgos.
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Caso de forense detenido por extorsión: auditarán todos los documentos firmados por el médico
El doctor Pablo Lemir, director de Clínica Forense, brindó detalles acerca de la denuncia contra el doctor Juan José Augusto Saldívar Cáceres, acusado de extorsión y cohecho.
En el marco de la investigación, anunció que se realizará una auditoría interna, de manera a revisar todos los documentos y expedientes que pasaron por manos del profesional con el objetivo de transparentar los procesos y verificar si existen posibles irregularidades.
El médico, quien se desempeñaba como jefe del departamento de Clínica Forense de la Fiscalía, fue denunciado por solicitar la suma de G. 15 millones para no reportar que un enfermero había falsificado un certificado médico, un enfermero que también trabaja como funcionario en la Clínica Forense.
Lemir mencionó, en conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana, que hace una semana aproximadamente recibieron la denuncia presentada por la presunta víctima y se comunicó al Ministerio Público.
“Tomamos la denuncia y dimos todo apoyo de la dirección de Medicina Legal, al fiscal Federico Delfino, para que se lleve a cabo la investigación”, indicó el conocido forense.
Añadió que en una cuestión absolutamente personal, el doctor Saldívar, aparentemente procedió a pedir dinero para no comunicar un hecho punible como la producción de un certificado médico de contenido no auténtico.
“Aparentemente, pidió dinero a cambio de no realizar la denuncia correspondiente y no proceder como correspondía”, precisó.
En tal sentido, inició la investigación el doctor Federico Delfino, y este viernes se hizo una entrega vigilada, siendo detenido el acusado.
Lemir añadió que de manera a dar seguridad al ambiente jurídico, a partir del lunes, la dirección empezará una auditoría forense de todos los documentos que pasaron por manos del detenido.
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“En estos poco más de diez meses que lleva a cargo de la coordinación de este departamento a fin de verificar cualquier otra cuestión”, subrayó.
La Dirección de Medicina Legal intervendrá el Departamento de Clínica Forense, y del resto, se encargan los fiscales.
“Ayer (viernes) se hizo el allanamiento en la oficina del doctor Saldívar. El fiscal Federico Delfino llevó las evidencias, y ahora se tiene el elemento probatorio. A partir de ahí, va a depender ya de los fiscales la investigación”, apuntó.
Por otro lado, recordó en el Ministerio Público no se paga nada. “Si algún funcionario pide dinero está cometiendo una falta o un delito y debe ser denunciado”, advirtió.
En caso de dudas, comunicarse con la Dirección de Medina Legal. “Desde el lunes vamos a hacer un análisis pormenorizado de todos los documentos que han pasado por manos de ese doctor”, adelantó Lemir. También se reforzarán los controles, finalizó.
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Juez ratifica prisión de Cucho Cabaña y Ulises Quintana
El juez de garantías Miguel Palacios ratificó la prisión preventiva del presunto líder narco, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, y del exdiputado Ulises Quintana. En ambos casos, a criterio del juzgado, no se presentan los elementos necesarios para modificar la medida cautelar dictada anteriormente.
Tanto Cabaña como Quintana volvieron a prisión el martes pasado, ya que el juzgado consideró imperativo asegurar que no obstruyan la audiencia preliminar fijada para el próximo 5 de marzo. Ambos están acusados en el marco del caso Berilo por delitos relacionados con el narcotráfico.
En el caso de Reinaldo Javier Cabaña, el magistrado rechazó el pedido de revocatoria argumentando que aún no se ha cumplido la pena mínima. Según la resolución, debido a los hechos atribuidos y a su condición de presunto líder del esquema criminal, la pena mínima a considerar es de 10 años y no de 5, como alegó la defensa.
En relación a Ulises Quintana, Palacios argumentó que este mostró un comportamiento renuente al sometimiento de la causa tras haber formulado un recurso dilatorio (chicana) que provocó la suspensión de la audiencia preliminar. El juez agregó que no han variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión preventiva original.
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