El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) continúa los controles en un centenar de empresas para verificar el cumplimiento estricto de normas de seguridad y salud ocupacional a fin de evitar la propagación del COVID-19 durante la cuarentena inteligente, que se inicia este lunes 4 de mayo.
Los trabajos se realizan en conjunto con municipios, gobernaciones, Policía Nacional, Ministerio Público y la Fiscalía. La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, hace un llamado a los empleadores con el fin de que los ambientes laborales no se conviertan en focos de contagio y que el regreso a las actividades en esta fase sea un ambiente seguro para los trabajadores, que retomarán sus actividades este lunes.
Bacigalupo recordó que las multas serán aplicadas en el caso de que las empresas incumplan con las normas previstas en la “Guía Laboral COVID-19”, que se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Trabajo.
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Hasta el momento ya fueron realizadas más de 1️00 verificaciones en Asunción, Gran Asunción e interior del país. Según autoridades del Ministerio de Trabajo, hasta el momento existe un gran acatamiento por parte de las empresas que fueron controladas en lo que respecta a las normas de control.
Según reportes de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, del 27 al 30 de abril fueron designados 2️.729 trabajadores como agentes de seguridad y salud ocupacional a través del sistema del Registro Obrero Patronal (REOP).
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Gobierno exonera multas laborales y ofrece descuentos de hasta 70 %
El Gobierno habilitó la exoneración y reducción de multas laborales con vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, con el objetivo de facilitar la formalización empresarial y aliviar la carga económica de las compañías. La medida, establecida mediante el Decreto Nº 5732 firmado por el presidente Santiago Peña, busca regularizar la situación de más de 22.000 empresas y unos 150.000 trabajadores en todo el país.
El beneficio alcanza a obligaciones vinculadas al Registro Obrero Patronal (REOP) del Ministerio de Trabajo, permitiendo a las empresas ponerse al día sin pagar multas en aspectos como:
- inscripción del establecimiento
- registro de entrada y salida de trabajadores
- licencias
- vacaciones
- sanciones
- accidentes laborales
- enfermedades profesionales
- ausencias
- y preavisos
Además de la exoneración total en ciertos casos, el esquema contempla descuentos significativos en multas pendientes: hasta 70 % para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y hasta 50 % para firmas con más de 30 trabajadores. A esto se suma la posibilidad de financiar los pagos en hasta 10 cuotas, una herramienta que apunta directamente a mejorar la liquidez empresarial.
Desde la institución, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, subrayó que la medida busca eliminar barreras para la formalización. “Apuntamos a que más paraguayos accedan a empleos formales y que las empresas cumplan con sus obligaciones sin que los costos de la formalización recaigan sobre los trabajadores”, afirmó.
Impacto en empleo
El decreto se posiciona como un incentivo directo para empresas que operan en la informalidad o con incumplimientos parciales, en un contexto donde la formalización sigue siendo un desafío estructural. Al reducir sanciones y flexibilizar pagos, el Gobierno intenta generar un “puente” hacia la legalidad sin asfixiar financieramente a las firmas.
El Ministerio de Trabajo sostiene que para el sector privado, la medida es una oportunidad concreta de ordenar su situación laboral con menor costo, mejorar su acceso a financiamiento y evitar contingencias legales futuras.
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Gobierno y sector industrial articulan agenda para impulsar empleo formal y productividad
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se reunió con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada a impulsar el empleo formal, mejorar la productividad y consolidar el diálogo social en el país.
Durante el encuentro, ambas partes analizaron la situación actual de las industrias, haciendo foco en los desafíos que enfrenta el sector productivo y la necesidad de fortalecer la capacitación laboral como herramienta clave para mejorar la empleabilidad. Asimismo, abordaron los principales temas que serán tratados en el marco del Consejo Consultivo Tripartito.
La titular de la cartera laboral destacó la importancia de estos espacios de articulación con el sector privado, subrayando que permiten construir soluciones conjuntas que impacten directamente en la generación de más empleo formal y en la mejora de las oportunidades laborales.
En Paraguay, este enfoque se materializa a través del Consejo Consultivo Tripartito, un órgano asesor integrado por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. Esta instancia funciona como un espacio permanente de deliberación, consulta y formulación de recomendaciones técnicas en materia laboral, empleo y seguridad social.
Además, el Ministerio de Trabajo coordina otras instancias tripartitas especializadas que abordan problemáticas específicas del ámbito laboral. Entre ellas se encuentran la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso, y el Consejo Nacional de Salarios Mínimos.
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Salario mínimo: proponen reajustes más altos para recuperar el ingreso real
El Ministerio de Trabajo avanza en la revisión del mecanismo de ajuste del salario mínimo, con el objetivo de reflejar mejor el costo de vida real de los trabajadores. El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que en abril se convocará al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y al consejo tripartito para analizar nuevas fórmulas.
Actualmente, el reajuste se basa únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo reconocen que este indicador no representa con precisión la realidad de quienes viven con ingresos mínimos.
“El IPC es un instrumento de política monetaria, pero no es la fórmula más ideal para recuperar el poder adquisitivo del trabajador”, dijo Segovia en conversación con Universo 970 AM/Nación Media.
El principal cuestionamiento es que el IPC incluye una canasta amplia de unos 450 productos, muchos de los cuales no forman parte del consumo cotidiano de los sectores más vulnerables. Esto provoca que el ajuste salarial no acompañe el aumento real de los gastos básicos, especialmente en alimentos.
Propuestas
Segovia adelantó que ya existen varias propuestas. Desde el sector sindical plantean, por un lado, un reajuste del 20 %, argumentando una pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. Por otro lado, se analiza incorporar nuevas variables a la fórmula.
Una de las alternativas es incluir el crecimiento del producto interno bruto (PIB) como referencia. La propuesta sugiere que, si el PIB supera al IPC, se utilice ese indicador para definir el aumento. En 2025, la economía paraguaya creció 6,6 %, lo que implicaría ajustes mayores a los actuales.
Otra opción en debate es considerar el índice de alimentos, que refleja de forma más directa el gasto de las familias que perciben salario mínimo. Este componente tendría mayor peso en la definición del reajuste.
Segovia indicó que las propuestas del sector sindical ya están definidas y serán formalizadas en la próxima reunión. El sector empresarial, en tanto, aún no presentó una postura concreta. No obstante, el viceministro adelantó que, si no hay consenso, el gobierno tomará una decisión.
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Analizan incluir PIB y costo de alimentos en cálculo del salario mínimo
El Poder Ejecutivo impulsará la modificación de la fórmula de cálculo del salario mínimo en Paraguay, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el costo de vida real de los trabajadores.
La propuesta será analizada en la primera quincena de abril junto al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), según adelantó el viceministro de Trabajo, César Segovia.
Actualmente, el reajuste del salario mínimo se define exclusivamente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo consideran que este indicador, si bien es útil para la política monetaria, no captura de forma adecuada el impacto real del encarecimiento de bienes esenciales en el bolsillo de los trabajadores.
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“El IPC es una herramienta válida, pero mide una canasta muy amplia que no necesariamente refleja lo que consume el trabajador en su día a día”, explicó Segovia a la 780 AM. En ese sentido, señaló que se analiza incorporar nuevas variables a la fórmula, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre las alternativas en discusión figura la posibilidad de combinar el IPC con otros indicadores, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB) o incluso índices vinculados al costo de alimentos. La intención es construir un mecanismo más representativo que permita ajustes salariales más acordes a la realidad económica.
El viceministro ejemplificó que, en un escenario donde el PIB crece 6,6 % y la inflación se ubica en torno al 3 %, un esquema que priorice el mayor de estos indicadores podría derivar en incrementos salariales superiores a los actuales. “Se podría plantear que se utilice el índice que más favorezca a un reajuste ordenado”, indicó.
No obstante, subrayó que cualquier modificación deberá surgir del consenso entre trabajadores y empleadores, en el marco de la mesa tripartita del Conasam. La convocatoria prevista para abril buscará avanzar en un proyecto unificado que eventualmente derive en un cambio legislativo.