Universitarios repudian declaraciones de Petta y piden su destitución
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Aseguran que los kits de alimentos escolares son un derecho adquirido y condicionar dicha entrega es criminal.
Ante las declaraciones realizadas en los últimos días por el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, en las que declara que si los padres o encargados no presentan las tareas de los estudiantes ya no se les entregarán los kits de alimentos, la comisión directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (Ceffuna) emitió un comunicado en el que manifiesta su absoluto repudio.
Expresaron que ante dichas expresiones consideran justa la inmediata destitución del titular de Educación, ya que esta actitud cínica y chantajista es solo una muestra más de la probada incompetencia para conducir la educación en nuestro país.
“Los kits de alimentos escolares son un derecho adquirido por los niños, niñas y adolescentes que acuden a las instituciones públicas, condicionar la entrega de los mismos a la presentación de tareas en plena crisis sanitaria es criminal, sabiendo que para muchas de esas personas este kit es el único alimento con que cuentan en todo el día. Más aún considerando que la situación económica de muchas familias se está viendo gravemente afectada debido a la cuarentena sanitaria”, aseguraron.
Mencionaron además que no todos los padres o encargados están los suficientemente capacitados para completar debidamente las tareas con sus hijos y que las indicaciones docentes por medios digitales o impresos no suplen de ninguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
El documento finaliza diciendo que desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNA entienden que la educación es un derecho fundamental para todas y todos los estudiantes, y esta debe ser pública, gratuita y de calidad.
El Salvador impone a estudiantes reglas de cabello corto y zapatos lustrados
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Los estudiantes de las escuelas públicas de El Salvador deben cumplir estrictas reglas disciplinarias desde esta semana: cabello corto, zapatos lustrados y uniforme limpio, en función de una orden de la nueva ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros. A la hora de entrada a clases, los directores inspeccionan en los portones de las escuelas que todos los alumnos cumplan la medida ordenada el 20 de agosto por la ministra y oficial de la Fuerza Armada para el “fortalecimiento de la disciplina”.
En el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) de San Salvador, que tiene un millar de alumnos, su subdirector, Otoniel Delgado, revisó este viernes de pies a cabeza a los estudiantes, quienes ahora además están obligados a saludar a los maestros antes de entrar a los salones de clase. Cada alumno debe tener “el uniforme completo, que incluye la camisa de uniforme con su respectivo monograma (insignia), nombre, sección, el pantalón (limpio), cincho (cinturón), zapatos lustrados, calcetines”, dijo Delgado a la AFP.
Si un director no hace cumplir esta orden en alguna de las 5.100 escuelas públicas del país se arriesga a ser sancionado, advirtió Trigueros -quien viste regularmente uniforme de camuflaje-, designada por el presidente Nayib Bukele como titular de Educación el 14 de agosto. “Para construir El Salvador que soñamos [...] debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, dijo el presidente, pero un gremio magisterial afirmó que se avanza hacia una “lamentable militarización” de las escuelas.
En la entrada del INTI se colocó un cartel con los cortes de cabello prohibidos y una foto del actor estadounidense Channing Tatum como ejemplo de “corte permitido”. Los varones no pueden lucir diseños en el cabello, aunque lo tengan corto, sino un corte sobrio al estilo “francesa oscura” (muy recortado, estilo recluta), explicó Delgado.
Las alumnas, en tanto, no pueden llevar maquillaje, uñas pintadas o postizas, ni cabello teñido. Tampoco falda corta, sino por debajo de las rodillas. “Si alguien no está cumpliendo se le da un aviso y se le anota que está fallando”, explicó Delgado a la AFP. Los infractores son castigados con cinco horas de trabajo en quehaceres del instituto.
Rubén Grijalba, padre de un alumno del INTI, dijo a la AFP que la medida ordenada por Trigueros le parece adecuada, pues la disciplina “se estaba saliendo de control” en las escuelas. “Me parece muy correcto lo que está haciendo la ministra”, afirmó Grijalba, mecánico de automóviles. Bukele goza de enorme popularidad en el país por reducir a mínimos históricos la violencia con su “guerra” contra las pandillas.
Intervenciones muestran que ninguna municipalidad escapa al control, dice Gamarra
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El diputado Rodrigo Gamarra, quien integró la comisión especial que analizó la intervención a la Municipalidad de Asunción, sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.
“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media.
El legislador señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor, Carlos Pereira, cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.
“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.
Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.
Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, donde en el primer caso el intendente Óscar Rodríguez renunció, mientras que en la comuna esteña se dio la destitución de Miguel Prieto, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.
Por último, el legislador colorado cuestionó la postura de la oposición, a la que acusó de aplicar una “doble vara”. “Cuando se trata de un colorado, piden destitución inmediata, pero cuando se trata de un aliado político, lo protegen. La ciudadanía ya se da cuenta de esa incoherencia”, afirmó.
Reportan invasión de termitas en la Escuela Pedro Juan Caballero
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Padres de alumnos de la Escuela Básica Capitán Pedro Juan Caballero exteriorizaron su preocupación por la invasión de termitas en las aulas de la institución, ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción.
Un árbol añoso se convirtió en el nido gigantesco del insecto que está destruyendo la estructura del establecimiento educativo. Las vigas y las paredes están siendo tomadas por el kupi´i y al parecer el problema se viene arrastrando desde hace varios años.
“Hoy llegando temprano a la escuela a dejarle a mis hijos veo en el piso lleno de termitas. Además le vi inclusive a dos profesoras que estaban pisando las termitas. Y vi las mesas que fueron donadas hace poco, estaban llenas de kupi´i”, señaló una mamá a C9N.
Comentó que hace un mes se pidió en el grupo de WhatsApp de padres las opciones para ir combatiendo las termitas. Dijo que algunos padres ya acudieron a fumigar las aulas pero hasta el momento no pudieron controlar las plagas.
Una empresa de fumigación también se ofreció para realizar el combate de los insectos pero pasó un costo de G. 11 millones por pabellón.
Se envió una nota a la Municipalidad de Asunción para que acudan a destroncar el árbol pero aparentemente es un tajy y este árbol está protegido por ley.
Los niños dieron clases fuera del aula el día de ayer jueves, hecho que preocupa a los padres y piden una intervención de las autoridades.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.