El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló este martes sobre el avance de la investigación en el caso Ueno Bank y descartó que haya habido lentitud en el trabajo de los investigadores. Al contrario, se siguieron los procesos normales, aseguró.

En ese sentido, recordó que la denuncia fue presentada prácticamente en la previa del juicio político y además se trataba de un hecho bastante grave. Por lo tanto, formaron varios equipos de trabajo, afirmó.

“Era bastante voluminoso y nuestra primera reacción fue crear equipos de trabajo. Nosotros debemos convertir en evidencias las manifestaciones que la gente denunciante hace normalmente, con algunos elementos que todavía hay que incorporar”, señaló en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Añadió que al crearse el equipo de trabajo, la organización y la tarea de llevar adelante la misma le corresponde al equipo fiscal. “Los agentes fiscales son independientes y autónomos en la investigación y tienen una coordinadora adjunta que es la encargada de controlar la agilidad de ese tipo de trámites”, explicó.

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Asimismo, se refirió a las dificultades afrontadas desde el principio. “En el curso del juicio político teníamos algunas dificultades todavía porque tenía que ver con la forma de terminación del juicio político. Si finalmente era destituido, tenía una respuesta. Y si tenía otra salida, tenía otras perspectivas”, indicó.

Por lo tanto, dependían del desenlace del juicio político para poder actuar. “Al hacerse lugar a la destitución, se presentó la detención y la imputación”, subrayó.

Sobre la figura de “asociación criminal” para Peña, señaló que se puede incorporar en el transcurso de la investigación de acuerdo a los elementos que se vayan consiguiendo para un eventual juicio oral.

“Estamos todavía en la etapa preparatoria. No es el acontecimiento o la hipótesis definitiva que está sosteniendo la Fiscalía. Simplemente son estos los elementos que tenemos como sospecha hoy”, precisó. Al respecto, dijo que tienen seis meses para ir sumando elementos acusativos

Por otro lado, no se descarta actividades relativas al narcotráfico porque existe una sospecha de que Sebastián Marset habría lavado gran cantidad de dinero a través del banco. “Evidentemente se trata de un caso en ciernes, probablemente tenga muchas aristas todavía por descubrir”, indicó el fiscal.

Además existen incorporaciones de denuncias nuevas de entes autónomos y autárquicos que tenía depositado sus inversiones en el banco, mencionó. “Así que está mucho por verse. Y a medida que las causas sigan apareciendo serán incorporadas a la investigación”, apuntó.

Sobre el destino o la ruta de la plata, sostuvo que se trata de un caso bastante complejo y que se extiende a nivel internacional. “Quizás el caso más denso que tenemos. No es tan sencillo, cada volumen de información, cada bibliorato contiene incógnitas que hay que sopesar y guarda relación con el sistema bancario. Ya hicimos contacto con nuestros pares de Luxemburgo”, remarcó.

Sobre la bóveda en la mansión del exmandatario en San Bernardino, dijo que trabajan con la Policía Nacional. “La intervención continúa hoy”, acotó. Finalmente, aseguró que tienen la mejor intención de que esto se resuelva lo antes posible.

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El presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Pedro Alliana, en uso de sus atribuciones ordenó una serie de cambios en la cúpula militar. Designó al Gral. Manuel Rodríguez Sosa, como comandante de las Fuerzas Militares en reemplazo del Gral. César Augusto Moreno Landaira, según la Orden General n.° 229.

Asimismo, mediante la Orden General n.° 230, fueron establecidos otros dos nombramientos:

El general de División Aérea Roberto José Idoyaga Benítez asumirá como comandante interino de la Fuerza Aérea Paraguaya, en reemplazo del general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes.

Ydoyaga había asumido el cargo en mayo de 2024, formando parte de la cúpula y el alto mando institucional de la aeronáutica militar en Paraguay.

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El general de División Alcides Lovera Ortiz fue nombrado comandante interino del Ejército Paraguayo, en reemplazo de Manuel Rodríguez Sosa.

Por otra parte, mediante la Orden General N° 228, el general de Brigada Fredy Roberto Oviedo Cáceres fue designado jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia de la República, en reemplazo de Alcides Lovera Ortiz.

Lovera venía desempeñándose desde hace hace seis años como jefe de Gabinete Militar.

La designación de nuevas autoridades militares forma parte de unos cambios en la cúpula de seguridad, tras la remoción -vía juicio político- del presidente Santiago Peña, por su presunta vinculación en el intervenido Ueno Bank, cuya resolución fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), debido a la falta de solvencia financiera.

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La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, anunció que este lunes a las 11:00 presentará ante el Ministerio Público una denuncia penal contra personas innominadas, exigiendo indagar sobre los retiros anticipados de dinero y las instituciones estatales que siguieron depositando fondos públicos en Ueno Bank.

“Estoy terminando de corregir el escrito para luego ir al Congreso Nacional y poner a disposición de los colegas para ser firmado y luego presentarlo a la Fiscalía. En la denuncia yo no establezco una mención a una persona en especial, pero sí vamos a agregar como documentos anexos las publicaciones que circulan en los medios referente a los retiros anticipados”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Agregó que “se debe avanzar con una investigación sobre aquellas personas que retiraron en condiciones y plazos diferentes sus depósitos ya a partir de lo que surge de la crisis”.

Vallejo también señaló que la Fiscalía debe ahondar sobre las instituciones del Estado que siguieron depositando los fondos públicos en Ueno Bank, pese a las alertas generadas, como por ejemplo el pedido de informes hecho por la Cámara de Senadores al Banco Central del Paraguay (BCP), respecto a la situación financiera de la entidad, el cual fue impulsado por legisladores del oficialismo colorado.

“Si yo fuese administradora pública, no hubiese colocado un solo centavo más en esa institución. El Ministerio Público debe corroborar cuáles fueron las instituciones públicas que siguieron depositando recursos, porque eso ya sería una lesión de confianza”, manifestó.

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La legisladora indicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) jugará un papel fundamental en las indagaciones. “Esta es una institución que puede pedir informaciones a nivel mundial a todas las unidades de inteligencia financiera sobre casos de lavados de activos y el Ministerio Público tiene que ampliar sus calificaciones jurídicas. Se deben incluir los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero”, refirió.

Señaló que “con eso se activarán los protocolos de la Seprelad de poder solicitar información a las otras unidades de inteligencia del mundo para poder cerrar el círculo de toda esta investigación. Esto es una asociación criminal de manual y de lavado de dinero; los hechos describen eso”.

Por otra parte, requirió a la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, realizar de vuelta una fiscalización sobre el valor real de la lujosa residencia de verano atribuida a Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera.

“La Contraloría debería retractarse e iniciar inmediatamente una verificación real de cuánto costó esa casa, ya que jamás pudo haber costado 1 millón de dólares por toda la calidad que tiene. Esta es otra de las miles de aristas que debe ser investigada”, puntualizó.

Vallejo añadió que “nos vamos espantando por todo lo que está sucediendo. Peña debería ser analizado a nivel siquiátrico y los expertos deben explicar qué tenía él en su cabeza, así como las personas que le rodeaban, para causar tanto daño a tantas personas en un contexto que evidentemente perseguía el dinero”.

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El procedimiento se enmarca en la pesquisa fiscal por los supuestos hechos de lesión de confianza y administración en beneficio propio.

Alrededor de las 19:00 de ayer domingo se supo sobre el alla­namiento realizado en el inmueble que sería propie­dad del expresidente de la República Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. El procedimiento fue enca­bezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Bení­tez y Elena Fiore, quienes se trasladaron hasta la locali­dad ubicada en el departa­mento de Cordillera.

Los intervinientes revisaron muebles, cajones y dependen­cia en busca de elementos que puedan ayudar a la investi­gación de la cual es objeto el exjefe de Estado, quien fue imputado por lesión de con­fianza y administración en beneficio propio. El procedi­miento tiene como objetivo avanzar en las diligencias en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank, informaron desde el Ministerio Público.

El operativo en el departa­mento de Cordillera se desa­rrolla bajo resguardo policial mientras la representación fiscal prosigue con las dili­gencias tendientes al escla­recimiento de los hechos y la determinación de las respon­sabilidades legales.

Según su declaración jurada, la propiedad está valuada en G. 7.750 millones. Además, la imputación fiscal menciona dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones.

Luego de haber estallado el escándalo del extinto banco que pertenece al Grupo Váz­quez, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en residencias, edificios y depen­dencias que tenían vincula­ción con este grupo empre­sarial. Desde la imputación al exjefe de Estado también se procedió a embargar sus bie­nes y el impedimento para enajenarlos. Misma suerte corrió el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo.

El exmandatario se encuentra imputado por lesión de con­fianza, en calidad de instiga­dor, y administración en pro­vecho propio. Actualmente, cumple prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial.

Por disposición del juez Otazú, el expresidente guarda reclusión en el Escolta Presidencial.

El expresidente Santiago Peña cumple su segundo día de prisión preventiva en una habitación común del Regi­miento Escolta Presidencial (REP), según informaron las autoridades del gobierno. El exjefe de Estado se encuen­tra en libre comunicación y posibilidad de recibir visitas, según indicó el ministro de Defensa, Óscar González.

El secretario de Estado recordó que en la citada uni­dad especial de las FF. AA. dedicada a la seguridad de autoridades del Poder Eje­cutivo no hay celdas. Gonzá­lez precisó que Peña está en “una habitación común des­tinada al personal militar” y aclaró que “el Regimiento no es una cárcel”. Señaló que se cumple una orden judicial que establece que ese es “el lugar adecuado para cumplir con su prisión preventiva”.

En declaraciones a la emi­sora Ñandutí 1020 AM, el jefe del Escolta Presi­dencial, Cnel. José Dayub, indicó de acuerdo al oficio judicial, Peña tiene “libre comunicación”, por lo que puede recibir visitas y usar teléfonos sin restricciones. “No se trata de un estableci­miento con celdas o espacios con rejas”, afirmó, y agregó que su familia le lleva las comidas.

Los datos se conocen el mismo día en que el presidente Pedro Alliana ordenó hacer cumplir la ley en las cárceles y aseguró que “ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial”.

La secretaría de Estado destacó la rápida resolución de la crisis generada por la caída de un ente bancario.

La Cancillería Nacional difundió ayer un comu­nicado en el que hace un balance de los hechos de las últimas semanas. Según el texto, la crisis financiera de ueno bank puso a prueba la solidez institucional del Paraguay.

El documento señala que el Congreso promovió, en el marco de la Constitución Nacional, un juicio político contra el entonces presi­dente Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones. El Senado resolvió su desti­tución luego de analizar la acusación formulada por la Cámara de Diputados y de escuchar los argumentos de la defensa.

A continuación, el Congreso tomó juramento a Pedro Alliana como presidente de la República.

Alliana completará el man­dato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. Para el mismo periodo, el senador Antonio Barrios fue electo vicepresidente y asumió el cargo.