El Gobierno realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a familias campesinas de distintas comunidades del país, algunas de ellas con décadas de espera para acceder a la regularización de sus tierras. La jornada representa un avance en la seguridad jurídica, la resolución de antiguos conflictos agrarios y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de las familias rurales.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este lunes el acto de entrega de aproximadamente 600 títulos de propiedad a familias beneficiarias de la reforma agraria de varias localidades del país. Destacó que esta acción de gobierno permite a los campesinos acelerar su propio desarrollo en el contexto de un Paraguay gigante que se levanta.

En su discurso, el presidente ratificó el compromiso de su gobierno con el desarrollo de las colonias campesinas, que tenían en la falta de regularización un importante impedimento para su progreso.

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“Aquí, el 15 de agosto del 2023, con mi compañero Pedro Alliana, dijimos que vamos a cambiar al Paraguay. Dijimos que íbamos a levantar a este gigante que por mucho tiempo estuvo dormido. Hoy podemos decir que este gigante está despertando gracias al trabajo que se está haciendo con ustedes, con los campesinos, con el pueblo paraguayo”, expresó el presidente.

Se refirió a los casos emblemáticos de conflictos por la posesión de la tierra que se solucionan mediante el trabajo articulado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Mencionó los casos de Marina Cue, Barbero Cue, Santa Teresita Itakyry, que hoy están terminando de regularizar la posesión de sus tierras para avanzar en el camino del desarrollo.

“Ese título es apenas el comienzo de la acción del gobierno, porque ese título le permite recibir financiamiento para invertir en la tierra, porque está demostrado que cuando el campesino tiene el título, el progreso se acelera”, manifestó Peña.

Refirió que, con el título en mano, las familias campesinas pueden acceder a créditos formales, además de acceder a la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería y fortalecer su acceso a los mercados. “El Paraguay que soñó Carlos Antonio López todavía lo estamos construyendo y lo estamos construyendo entre todos, pero principalmente con ustedes, con los campesinos, con los trabajadores, padres y madres que hoy están mirando el Paraguay con una esperanza”, expresó el mandatario durante el acto realizado en la fachada litoral del Palacio de López.

Señaló que su gobierno seguirá trabajando sin descansar hasta que cada campesino y familia trabajadora del campo pueda decir que algo de la patria les pertenece, que tienen un título de tierra que les permita sentirse orgullosos de ser paraguayos. “No vamos a descansar y seguiremos trabajando para que cada paraguayo pueda decir que nosotros también estamos mejor”, afirmó.

En el acto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz anunció que para diciembre de este año la institución tiene previsto finiquitar y entregar cerca de 1.000 títulos de propiedad más a beneficiarios de la reforma agraria.

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La Municipalidad de Asunción puso en marcha los trabajos de mantenimiento, limpieza y un refuerzo en la vigilancia preventiva para las conmemoraciones del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y del Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Las tareas se desarrollan en los cementerios del Sur, del Este y de la Recoleta, a cargo de funcionarios municipales que se desempeñan en esos camposantos, y el apoyo de las cuadrillas de Minga de Aseo Urbano, específicamente para las relacionadas a la limpieza y el acondicionamiento, a fin de mejorar las condiciones de estos espacios y recibir adecuadamente a las personas que acudirán a recordar a sus seres queridos.

Vale destacar que los trabajos de limpieza tienen como objetivo eliminar criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades vectoriales como el dengue, zika y chikungunya.

El jefe del Departamento de Necrópolis, Gerardo Arévalos, informó que los tres camposantos cuentan con personal permanente para las tareas de mantenimiento, aunque en estas fechas se refuerzan los trabajos debido a la mayor concurrencia de visitantes.

La preparación de los camposantos también contempla medidas preventivas para resguardar las instalaciones y garantizar la tranquilidad de los visitantes.

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Para ello, se solicitó el apoyo de la Dirección de la Policía Municipal de Seguridad y de las comisarías cercanas a cada cementerio, con el objetivo de reforzar la vigilancia tanto dentro como en los alrededores de los camposantos.

Cada cementerio municipal cuenta con una dotación aproximada de entre 10 y 12 personales de seguridad por cementerio, distribuidos en diferentes turnos, incluidos los nocturnos.

La vigilancia busca prevenir actos vandálicos, daños a las sepulturas y situaciones vinculadas con desafíos difundidos entre jóvenes, quienes en ocasiones ingresan a los cementerios durante la noche para grabar videos o realizar bromas, que puedan faltar al respeto debido en estos lugares.

Otro de los objetivos municipales es extender progresivamente a los demás cementerios el proyecto de iluminación implementado en la Recoleta, una medida que contribuiría a mejorar la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad.

El proyecto continúa vigente, aunque su ejecución depende de la coordinación con otras dependencias municipales.

La Recoleta, considerada uno de los espacios históricos más emblemáticos de Asunción, también mantiene su atractivo cultural y turístico mediante recorridos por su sector antiguo, impulsados por iniciativas como las visitas guiadas de la asociación Mandu’arã.

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Aproximadamente 5.000 familias ya están siendo afectadas por las inundaciones, de las cuales, aproximadamente 3.000 están damnificadas debido a que tuvieron que evacuar de sus viviendas anegadas por la crecida de ríos, según datos manejados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

“Tenemos 1.300 familias en los albergues, comprendidos por tinglados, vivienda temporal. Los que están en hogares de algún familiar o vecino tenemos 2.100 familias, aproximadamente, y 950 aproximadamente son las que permanecen en sus casas”, refirió este jueves el ministro Arsenio Zárate, ministro de la SEN, en el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970 AM.

Dichas cifras corresponden a los departamentos de Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú. Y para asistir a los perjudicados por el avance de las aguas, la institución tomó como línea de base lo que fue el fenómeno de El Niño 2018-2019, refirió el titular de la SEN.

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En ese contexto, mencionó que en aquella oportunidad, el Estado paraguayo asistió a más de 64.000 familias. Estiman que esa cantidad de población pueda ser afectada nuevamente en esta ocasión.

“Esa es nuestra base de cálculo, de los cuales se han construido 25.000 viviendas temporales, y al resto, 64.000 se le entregó ayuda humanitaria con kits de alimentos no perecederos”, precisó el funcionario.

La asistencia de la SEN es constante a los pobladores desplazados por el agua. “Mañana (viernes) vamos a llegar con toda la asistencia a Cerrito (Ñeembucú). Ya le asistimos a un 80% a ese municipio, pero nos falta un 20% que mañana vamos a completar. En igual sentido, ya le asistimos al municipio de Mayor Martínez, pero falta un 20% que fueron afectadas después de haber entregado las primeras ayudas”, informó el ministro.

Por otro lado, mencionó que el pronóstico y los estudios que ha hecho Itaipú binacional en base a años anteriores, indicaban que esta semana se tendría una disminución del caudal del río Paraná, y bajó.

“Ayer, por ejemplo, bajó casi 20 centímetros en toda la cuenca del Paraná. Pero las lluvias que se van a tener entre el miércoles y el sábado en Paraguay y las lluvias que se van a tener en la cuenca del Paraná, pero hacia el lado brasilero, y otros ríos que desembocan en el Paraná va a aumentar nuevamente el volumen del río”, explicó.

Y eso va a afectar nuevamente a todas las comunidades ribereñas. “Y probablemente, vamos a tener más familias afectadas”, apuntó. Esta situación se extendería hasta marzo de 2027.

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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.

La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.

Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.

En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.

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“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.

De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.

Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.

“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.

Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.

El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.

La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.

Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.

“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.

Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.

“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.

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