Lideresas comunitarias, indígenas y sindicales demandan protección social, condiciones de trabajo dignas, derechos y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad para avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el valor de su labor.

Dichas demandas fueron presentadas por trabajadoras del cuidado de la primera infancia y trabajadoras del servicio doméstico ante representantes de instituciones públicas a fin de avanzar en el reconocimiento y garantizar sus derechos en Paraguay.

Indicaron que la iniciativa surge en un contexto marcado por la precariedad laboral que enfrentan.

Las demandas fueron presentadas durante el foro “Más derechos, mejores cuidados. Realidades y desafíos desde las experiencias de mujeres trabajadoras del cuidado de la primera infancia”, realizado en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre.

El encuentro reunió a lideresas comunitarias, indígenas y sindicales, junto con instituciones públicas vinculadas al trabajo, la protección social, la educación, las políticas de cuidado y los derechos de la niñez. Las participantes compartieron experiencias y propuestas construidas colectivamente para impulsar respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

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Según resultados de la encuesta exploratoria de 2025, solo una de cada diez percibe el salario mínimo o cuenta con un contrato escrito, mientras que apenas el 10 % tiene cobertura del IPS.

Las jornadas extensas y la falta de descanso también forman parte de esta realidad: cuatro de cada diez encuestadas trabajan más de ocho horas al día y tres de cada diez no cuentan con días de descanso.

A ello se suman situaciones de violencia y acoso laboral, reportadas por el 20 % de las participantes. Sin embargo, solo el 7 % realizó una denuncia, principalmente por temor a perder su empleo.

Durante el encuentro, las organizaciones y lideresas participantes destacaron que garantizar los derechos de las trabajadoras del cuidado requiere políticas públicas que respondan a las distintas realidades de las mujeres, reconozcan el valor económico y social de su trabajo y promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.

Desde Conamuri, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, se destacó la necesidad de crear y fortalecer espacios de cuidado comunitarios e institucionales que respondan a las necesidades reales de las trabajadoras. Asimismo, se planteó la importancia de impulsar oportunidades de formación, certificación de competencias, protección social y mejores condiciones laborales.

Por su parte, las cuidadoras comunitarias de Mil Solidarios, del Bañado Sur de Asunción, exigieron salarios dignos, acceso a la seguridad social y programas gratuitos y permanentes de capacitación. También plantearon la necesidad de fortalecer los servicios de salud, mejorar el acceso al agua potable, el transporte y la infraestructura comunitaria, así como garantizar respuestas oportunas ante inundaciones y situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y familias.

En tanto, representantes de cuatro sindicatos de trabajadoras domésticas exigieron el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico, que reconoce sus derechos laborales y la igualdad salarial. Entre sus principales demandas destacaron facilitar el acceso al IPS mediante aportes compartidos entre empleadores para quienes trabajan en varias casas, fortalecer los controles para verificar que se respeten sus derechos y promover la certificación de sus competencias laborales. También solicitaron medidas para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.

Como resultado del foro, representantes de las instituciones públicas asumieron el compromiso de tomar en cuenta las demandas presentadas e impulsar acciones concretas que mejoren sus condiciones laborales.

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aprobó una medida para simplificar la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) y facilitar la participación de empresas nacionales en los llamados de adquisición del programa Hambre Cero.

Según informaron desde la cartera, las empresas que soliciten el CPEN para los servicios de almuerzo y cena deberán gestionar un solo certificado por servicio, bajo las modalidades de “cocinando en las escuelas” o “catering”, en reemplazo del esquema anterior de certificación por producto, denominado plato por plato.

Asimismo, para solicitar el certificado correspondiente al servicio de “almuerzo/cena” en la modalidad “cocinando en las escuelas”, las empresas deberán contar con el Registro de Prestadores de Servicio (Repse) vigente y declarar la actividad “Otros suministros de comidas sin los servicios de restaurante”, identificada con el código NSP 1.0301.29.

La disposición contempla procedimientos diferenciados según el tipo de servicio y los productos ofrecidos. Para almuerzos y cenas, el certificado se gestionará por servicio, mientras que para desayuno y merienda continuará la emisión por cada producto, con el correspondiente detalle de las materias primas e insumos utilizados.

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“Además, el establecimiento declarado deberá contar con el registro del establecimiento y el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por la autoridad competente”, mencionaron en el comunicado.

Para la emisión del CPEN de cada producto correspondiente a la modalidad “Desayuno/Merienda”, las empresas deberán contar con el Registro Industrial vigente. En este documento se deberá detallar el producto final que se desea ofrecer, así como las materias primas e insumos correspondientes a cada producto, con su respectiva nomenclatura arancelaria vigente.

Con esta disposición, el MIC busca simplificar el trámite de certificación para las empresas nacionales interesadas en participar en los procesos de adquisición del Programa Hambre Cero, de acuerdo con el comunicado institucional.

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Con Encarnación como principal polo de atracción, Itapúa apunta a diversificar sus propuestas, captar inversiones y extender el movimiento turístico a más distritos. El Carnaval Encarnaceno, que generó cerca de USD 20 millones en 2026, evidencia el impacto económico de una actividad con potencial para dinamizar la región durante todo el año.

El verano representa una de las principales oportunidades económi­cas para Itapúa. La llegada de visitan­tes dinamiza hoteles, restaurantes, comercios, transporte y una extensa red de emprendedores y prestadores de servicios.

Con miras a una nueva temporada, la Gobernación busca ampliar ese impacto más allá de Encarnación, mediante la promoción del destino y el desarrollo de experiencias que incentiven a los turistas a permanecer más tiempo en el departamento.

Desde la Secretaría de Turismo de la Gobernación, Verónica Stéfani explicó que el desafío no consiste solamente en atraer visitantes, sino en conseguir que recorran más localida­des, consuman productos regionales y generen oportunidades de ingresos para las comunidades. “Para ello, el trabajo conjunto entre instituciones públicas, municipios y sector privado resulta fundamental”, destacó.

Un movimiento que trasciende las playas. El peso económico del turismo tiene uno de sus ejemplos más visibles en el Carnaval Encar­naceno. Según estudios de la Univer­sidad Nacional de Itapúa difundidos públicamente, el evento generó un movimiento económico estimado en USD 16 millones en 2024 y USD 18 millones en 2025, mientras que en su edición centenaria de 2026 rondó los USD 20 millones.

Las cifras corresponden al car­naval y no al movimiento total de la temporada. Sin embargo, permiten di­mensionar el potencial de una actividad que también involucra alojamien­tos, gastronomía, entretenimiento y servicios complementarios.

Desde la Gobernación reconocen la necesidad de mejorar la medición del turismo departamental, incorpo­rando datos sobre la permanencia de los visitantes, sus hábitos de consumo y la distribución territorial del gasto, señaló Verónica. “Contar con infor­mación confiable permitiría orientar mejor las inversiones y evaluar el impacto económico de cada tempora­da”, expresó.

Diversificar para generar nuevas oportunidades. Aunque las playas de Encarnación constituyen uno de los principales atractivos, Itapúa cuenta con recursos para ampliar su propuesta. Las Misiones Jesuíticas, la tradición yerbatera, la gastronomía regional, el turismo de naturaleza y las colonias de inmigrantes ofrecen alternativas para captar distintos per­files de visitantes.

En esa estrategia se inscribe el proyecto Tesoros de Itapúa, que busca poner en valor elementos represen­tativos de los distritos. Una de sus iniciativas es la Tienda de los Teso­ros, impulsada por la Gobernación, el Consejo de Turismo de Itapúa, la Municipalidad de Encarnación y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El espacio permite comerciali­zar productos locales, artesanías y expresiones de la identidad regional, conectando a productores y visitan­tes. Además de generar oportunida­des comerciales, la propuesta puede despertar el interés por conocer lascomunidades de origen de esos pro­ductos.

La diversificación también abre posibilidades para pequeños negocios vinculados con experiencias rurales, circuitos culturales y actividades al aire libre, sin depender exclusivamen­te de grandes inversiones hoteleras.

Inversión y empleo más allá del verano. Para Verónica, el crecimiento turístico abre oportunidades para ampliar establecimientos, desarrollar servicios gastronómicos, incorporar propuestas recreativas y profesionali­zar experiencias locales. Sin embargo, explicó que el potencial económico requiere condiciones que acompañen las inversiones, como infraestructura, información accesible, capacitación y coordinación entre los sectores públi­co y privado.

En ese marco, resaltó que la Go­bernación apuesta por fortalecer la promoción digital del departamento y la articulación con los municipios y prestadores turísticos. “El objetivo es posicionar una oferta más amplia y conseguir que el movimiento genera­do por los principales eventos benefi­cie a otros distritos”, agregó.

Para Itapúa, el desafío es transfor­mar la temporada alta en una plata­forma de crecimiento sostenido. Más visitantes, mayor permanencia y una distribución más amplia del consumo pueden traducirse en nuevos ingre­sos, empleo y oportunidades para emprendedores. “La meta es que el turismo deje de depender exclusiva­mente del verano y se consolide como un motor económico durante todo el año”, concluyó.

“Un joven no vive dividido en ministerios. Es simultáneamente estudiante, trabajador potencial, miembro de una familia, ciudadano y persona con necesidades afectivas, económicas y de salud”, afirmó la Dra. María del Carmen Giménez, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS). Con esta premisa, la exviceministra de Educación Básica sostiene que la respuesta del país ante la transformación digital y la inteligencia artificial debe articular las áreas de educación, empleo, salud y protección social mediante un enfoque sistémico e intersectorial.

La especialista advirtió que, si bien la IA puede democratizar el conocimiento y acortar distancias, también conlleva el riesgo de profundizar las brechas de desigualdad existentes. Quienes poseen una base sólida aprovechan la herramienta para investigar y producir, mientras que los sectores vulnerables corren el riesgo de no poder evaluar críticamente los contenidos. En ese contexto, la educadora enfatizó la necesidad de fortalecer primero el pensamiento crítico y la comprensión: “Claramente tener acceso a tecnología no significa necesariamente saber utilizarla para pensar”, sostuvo.

Ante este panorama, la propuesta del IDPPS contempla una agenda estratégica de cinco a diez años enfocada en garantizar los aprendizajes fundamentales desde la primera infancia y en establecer mecanismos continuos de nivelación. Respecto a los procesos de acompañamiento académico y la prevención de la deserción escolar, Giménez subrayó la necesidad de aplicar una estrategia rigurosa y dinámica: “si un niño no aprende, lo detectamos; si lo detectamos, intervenimos; si la intervención no funciona, cambiamos la estrategia”, expresó.

Asimismo, el plan plantea el desarrollo de una estrategia nacional de capacidades para toda la vida, vinculando la formación técnica y universitaria con las demandas productivas del país. Sobre la jerarquización de las carreras operativas y tecnológicas, la profesional indicó que “la formación técnica debe ganar escala y prestigio”. Además, insistió en que el objetivo de las políticas públicas debe trascender la mera inserción laboral inicial: “No debemos preparar solamente trabajadores; debemos preparar personas capaces de construir una vida”, manifestó.

En cuanto al trabajo en el aula, la experta propone rediseñar los procesos pedagógicos para que la tecnología actúe como un insumo analítico y no como un sustituto del esfuerzo intelectual. Para guiar el uso responsable de la inteligencia artificial entre estudiantes y docentes, recomendó seguir un criterio metodológico claro: “primero pienso; después uso la herramienta; finalmente vuelvo a pensar sobre lo que la herramienta produjo”. Esta perspectiva busca que los estudiantes argumenten, diseñen y defiendan sus conclusiones de forma autónoma.

El instituto insta a las instituciones educativas y a la sociedad a evaluar el impacto real de la formación más allá de la obtención de títulos académicos. Para la doctora Giménez, el verdadero desafío radica en convertir las políticas en aprendizajes prácticos que doten a las personas de autonomía, habilidades digitales y criterio propio. “El desafío es responder con qué sale realmente una persona de aquí, además del título”, concluyó, reafirmando la necesidad de formar ciudadanos capacitados para resolver problemas y adaptarse activamente a un entorno global dinámico.