Representantes de las empresas Imedic SA y Eurotec SA, dos de las mayores proveedoras de insumos médicos del país, rechazaron las afirmaciones que se dan en redes sociales y medios de comunicación sobre la existencia de un supuesto esquema para acaparar licitaciones del Estado.

Los voceros de las firmas aludidas, a través de un comunicado, explican que nunca recibieron sanciones y ni que tampoco cuentan con antecedentes en el sistema de contrataciones que pongan en riesgo el prestigio comercial de las mismas.

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En relación a la licitación con ID N° 382.317, adjudicada a ambas empresas para la provisión de insumos médicos en el marco de la emergencia sanitaria, se aclara en el texto emitido que fueron convocados por Salud Pública y señalan que los procesos fueron transparentes y abiertos a cualquier otra empresa oferente.

Por otra parte, aseguran que la gran mayoría de los precios ofertados en dicho proceso licitatorio se encuentra "muy por debajo los precios referenciales de Salud Pública".

"El propio Ministro Julio Mazzoleni certificó en las respectivas resoluciones de adjudicación, que en la licitación de referencia se “veló porque exista competitividad y razonabilidad de los precios adjudicados, puesto que los mismos no superan de forma exagerada las previsiones en cuanto refiere a los precios referenciales", dice el manifiesto.

Desde ambas empresas consideran que lo que se afirma y publica en redes y medios son “ataques que provienen del oportunismo existente”. Atribuyen esto a “ciertos competidores y sus vínculos políticos, que pretenden entorpecer el esfuerzo que realizan para financiar los insumos que tanto necesita el Paraguay”.

Mencionan además que deben lidiar con la fluctuación permanente de los precios y con la tendencia alcista de la tasa cambiaria. “Tenemos que poseer una enorme espalda financiera o endeudarnos críticamente para realizar los pagos al contado ya que ningún fabricante del exterior admite en esta coyuntura mundial pagos a créditos”, culmina.

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Esta situación se generó tras denuncias realizadas por el diputado Carlos Rejala, quien reveló supuestas sobrefacturaciones en la compra de insumos sanitarios por parte de la Dinac, lo que a su vez habría destapado un esquema mayor, en la que supuestamente empresas se organizan para acaparar millonarios contratos del Estado. El Ministerio Público ya se encuentra indagando al respecto.