Aldo Benítez / @aldo_be / aldo.benitez@gruponacion.com.py

En cinco semanas de cuarentena, Paraguay se ubica entre los países latinoamericanos con menor número de infectados y de fallecidos por la pandemia del COVID-19 debido al aislamiento ordenado por el Gobierno. Para el sistema sanitario resultó un acierto, pero para las familias más vulnerables fue un golpe duro. La medida marcó aún más la desigualdad existente desde hace años. Hasta ahora, la solidaridad ciudadana salvó del hambre a mucha gente.

El COVID-19 sacude al país. Mueve todas las estructuras y en apenas un par de semanas sacó a relucir aquello que estaba muy bien escondido bajo esa alfombra llamada macroeconomía; el Estado fallido con un amplio sector de la gente. Con una gran parte de la sociedad paraguaya.

El Ministerio de Salud informó sobre el primer caso positivo de COVID-19 en Paraguay el 7 de marzo pasado. Fue un hombre, de unos 34 años, que llegó una semana antes de Guayaquil, Ecuador, país que a estas alturas atraviesa prácticamente una crisis humanitaria a causa del virus. Tres días después y tras el segundo positivo confirmado, el Gobierno anunció el inicio de la cuarentena para evitar una propagación masiva. En principio, la medida iba a regir hasta el 28 de marzo. Paraguay se convirtió así en el primer país en toda la región sudamericana en tomar una decisión de esta magnitud.

La determinación gubernamental del aislamiento se basó en la petición del Ministerio de Salud. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se ha volcado hasta ahora en escuchar a su ministro de Salud, Julio Mazzoleni -un hombre atípico en este Gobierno que se ha convertido en la cara visible de la lucha contra el virus- antes que a otros asesores.

Incluso, la cuarentena en Paraguay se adelantó y rompió el protocolo de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que había sugerido esperar más, según reveló en su momento el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria del ministerio. La restricción, que iba hasta el 12 de abril, se extendió por una semana más.

Por los datos, parece que la medida dio buenos resultados. Paraguay se ubica en los últimos lugares en cuanto a número de muertos e infectados por el COVID-19 en Latinoamérica, aunque esto también guarda relación con la cantidad de pruebas realizadas hasta el momento. El país alcanzó los 3.888 tests acumulados hasta este martes, superando recién en los últimos días las 200 pruebas diarias. Hasta el momento, registra 161 casos positivos y 8 fallecidos. El propio doctor Sequera había revelado que lo ideal es llegar a mil pruebas por día, pero que dicha situación está muy lejos de la realidad paraguaya.

En la región sudamericana, la situación hasta la última actualización habla de que Uruguay, país que por dimensiones y cantidad de habitantes es lo más cercano a Paraguay, ha realizado 9.909 pruebas, que dieron 533 casos positivos y 8 personas fallecidas. A su vez, Bolivia lleva 368 casos confirmados, 28 fallecidos y 2.310 pruebas.

Las dos potencias vecinas muestran una realidad dura: Argentina, que tiene una alta comunidad paraguaya, lleva más de 20 mil pruebas realizadas, con 1.736 casos confirmados y 95 muertes. Mientras que el otro grande, Brasil, tiene realizados poco más de 65.000 muestreos, de los cuales 20.904 han dado positivo y 1.736 muertes.

Esto de aparecer último en las tablas regionales ha sido casi una marca país en las últimas décadas para Paraguay. Se mantiene allí en cuanto a calidad de salud pública, inversión en educación, oportunidades para jóvenes y la lucha contra la corrupción. Justamente, esta situación fue lo que la pandemia vino a exponer y aquello que tenía que ser una lucha contra el virus también hoy se transformó en una carrera contra el hambre.

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El 30 de marzo, apenas dos semanas después de la cuarentena y en medio de casi una sicosis, me tocó ir al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para acompañar a mi abuelo, quien está internado. Creí que iba a encontrarme con una situación terrible, pero no. Muy lejos de lo que vemos en los vídeos virales de los hospitales desbordados de Italia, España o Ecuador, en IPS Central todo está tranquilo. De hecho, la cantidad de pacientes disminuyó. Esto debido a que se han suspendido todas las atenciones que no sean consideradas de urgencia o de extrema necesidad. Mucha gente dejó de ir a los hospitales.

Hospital IPS Central. Disminuyó notablemente la cantidad de gente desde la pandemia, por la suspensión de consultas.

Salvo aquello del uso de tapabocas en casi todas las personas y las medidas de limpieza al ingresar al edificio, este hospital parece no haberse enterado del coronavirus. Muy por el contrario de lo que se puede ver en las calles, donde predominan los negocios cerrados, vendedores ambulantes que no tienen de otra que salir. Estas otras víctimas del virus todavía no están llegando a los hospitales, pero ya están en sus casas, algunos en las calles, pidiendo ayuda. Están en el interior del país. En las comunidades campesinas e indígenas.

En el distrito de Teniente Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, a unos 389 kilómetros de Asunción, la comunidad indígena “La Armonía” no tiene centro de salud, ambulancia ni agua corriente. “Lo que tenemos es un dispensario médico que ahora no tiene nada. Por eso tenemos mucho miedo de que el virus llegue a la comunidad”, asegura Cándido Vinz, presidente de la Organización del Pueblo Enlhet Norte (OPEN), donde viven cerca de 175 familias.

En el departamento de Caaguazú, en la comunidad Che Iro Ara Poty, del pueblo Mbya Guaraní, la situación es similar, explica Concepción Aquino, comunicador de la radio local. “La situación ya es desesperante, pero gracias a Dios los hermanos menonitas nos dieron un poco de víveres, con los que se está aguantando”, comenta Aquino.

A su vez, Faldi Domingo, de la comunidad Casuarina, en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, también Chaco paraguayo, señala que el último fin de semana algunas familias de su comunidad tuvieron que merendar y cenar pomelo. No tenían otra cosa.

Comunidad Indígena Che Iro Ara Poty

Vinz explica que por la falta de agua corriente es difícil cumplir con las medidas del lavado de las manos en forma constante. En esta, como en otras comunidades, se las arreglan con agua de tajamar o de pozos. Los indígenas viven de la caza y pesca o trabajan en estancias. Pero desde la cuarentena, pocos son los que salieron a cumplir esas labores. Los líderes decidieron bloquear los accesos de sus pueblos para evitar que el virus llegue a sus localidades. Se organizan en guardias que van rotando en diferentes horarios. “Es la única forma de protegernos”, dice don Cándido Vinz.

Para muchas familias paraguayas el drama pasa por no tener alimentos para sus seres queridos. Cristina Ortiz es una madre soltera con dos hijos en edad escolar. Ella se dedica a la venta de juegos de azar en la calle en la ciudad de San Lorenzo y hasta ahora no ha recibido el subsidio para las familias más vulnerables. Lo que ya retiró fue el kit de alimentos de la escuela a la que van sus niños. Desde la cuarentena, la venta de sus “bingos” cayó y desde el aislamiento total ya ni siquiera sale a las calles a intentar vender.

Tras declararse las restricciones sanitarias, con un equipo de La Nación salimos a ver cómo hace la gente que vive del día a día para sobrevivir ante la situación. Los pequeños puestos de comida, los lustradores de zapatos, la gente que vende remedios yuyos. Los vendedores de hamburguesas y lomitos con sus puestos pequeños. Para todos ellos la cuestión es simplemente catastrófica debido a que la venta depende de que haya gente en las calles. Y Asunción en estos tiempos es una ciudad casi sin vida.

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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se basa en tres componentes para hacer su medición: salud, educación y bienestar. El máximo llega a 1 y el mínimo a cero. Hasta el 2017, Paraguay tenía un rango de 0,702, lo que lo ubicaba en el puesto 110 de entre 189 países. Sin embargo, al usar esta medición ajustada a la desigualdad, el nivel de Paraguay baja al grupo que la organización denomina “desarrollo humano medio”, ya que el nivel del país cae a 0,505 de acuerdo a la escala utilizada.

Más allá de estos guarismos, las calles del país son la muestra irrefutable de lo que pinta el PNUD con su tecnicismo. Gente esperando en las paradas de colectivo buscando ir al trabajo como sea. Familias enteras en los mercados populares tratando de vender a pesar de la prohibición de salir. “Qué voy a hacer, tengo que comer y darle de comer a mis hijos”, dice una vendedora informal del Mercado 4 en un canal nacional de televisión.

Según la Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos (DGEEC), en el país hay unas 335 mil personas viviendo en extrema pobreza y cerca de 1,6 millones de habitantes en la pobreza. Para intentar llegar a esta gente, el Gobierno habilitó dos programas de asistencia: Ñangareko (en guaraní significa cuidar), que ayudará a 330 mil beneficiarios con desembolsos vía billetera electrónica de G. 500 mil (US$ 78), y Pytyvõ (que en guaraní significa ayudarse) dedicado a personas que trabajan por cuenta propia o pequeños comerciantes que no estén registrados en el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con dos desembolsos de G. 548 mil (US$ 85).

Según el Ministerio de Hacienda, en el sistema Pytyvõ ya se inscribieron poco más del millón de personas hasta ahora y fueron excluidas del mismo 12.000 personas. De hecho, el sector de los cuentapropistas y pequeñas y medianas empresas registradas y no registradas con RUC es el generador de empleo más importante del país, abarcando el 79% de la mano de obra, según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2018. Mientras tanto, el IPS ya recibió 35.000 pedidos para suspender contratos de trabajo y Hacienda inyectó a esta entidad US$ 100 millones para pagar subsidios a estos trabajadores.

La pandemia obligó al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes y extremas. Entre ellas, presentar la Ley de Emergencia Sanitaria ante el Congreso para aprobar una línea de crédito de US$ 1.600 millones. De este monto, se destinaron US$ 500 millones para Salud. El Ejecutivo anunció igualmente una reforma total del Estado, apuntando a un mejor gasto estatal, eliminando lujosos privilegios y eliminando compras innecesarias. Sin embargo, ni el coronavirus ha logrado que este plan tenga respuesta favorable en el Congreso.

Realizan control de temperatura. Foto: Fernando Riveros.

Por de pronto, los congresistas ya vivieron un susto: una senadora que viajó al Perú en plena cuarentena dio positivo al COVID-19 y días antes de la prueba estuvo en el Parlamento Nacional. Las autoridades sanitarias establecieron cuarentena para todas las personas que estuvieron trabajando en el Congreso. Esta semana se define si la legisladora, que ya está investigada por la Fiscalía, pierde su investidura.

Dentro del plan de emergencia, iniciaron la construcción de dos hospitales de contingencia para albergar a los enfermos del coronavirus con 200 camas equipadas. Ambos edificios deben terminarse esta semana, según anunciaron. Antes de la pandemia, el sector público paraguayo tenía apenas 304 camas para terapia en todo su sistema. Los hospitales del interior, en algunos casos, no tenían ni siquiera ambulancia. Y muchos siguen en esa situación. La salud ha sido la deuda histórica del Estado paraguayo en manos del Partido Colorado, que es el oficialismo hoy día.

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El IPS Central es un hospital de referencia de Paraguay con cerca de 700 mil asegurados. Es, en efecto, el único nosocomio encargado de dar seguro social a trabajadores del sector privado formalizado. Desde hace años viene con una sobrecarga de pacientes y de un sinfín de casos de corrupción en su administración.

“No tengo de otra, porque solamente acá le van a atender bien a mi papá”, me dice Gustavo, que recorre los pasillos de este hospital hace 8 días. Él es de Puerto Casado, un distrito del departamento de Alto Paraguay, Chaco paraguayo, que está a unos 650 kilómetros de la capital paraguaya. Allí, la atención médica es casi un sueño.

Gustavo expresa que ya necesita trabajar, pero tiene que estar en IPS todavía para lograr una atención médica digna para su padre. Ruega, entre dientes, que el virus que tiene paralizado al país no llegue a su remoto pueblo. La realidad de Gustavo es la de miles de paraguayos que deben venir de sus lejanas tierras para tener una asistencia médica decente.

Cuando don Rubén me cuenta que se va a su casa, la cara se le ilumina. Después de 23 días de hacer de este minúsculo espacio su hogar de cuarentena, por fin puede llevar a su madre al hogar. Don Rubén es chofer de una unidad de transporte público. Perdió casi un mes de trabajo, desde que comenzó el aislamiento social en Paraguay, pero respira tranquilo aún. Debido a la disposición del Gobierno a causa de la pandemia, los buses de la empresa en la que trabaja no operan todos los días. Igual, para él lo más importante ahora es lograr que su mamá pueda volver. Y está volviendo a su casa con vida.

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Mientras la ayuda estatal no llega a los más necesitados, los grupos solidarios se han movilizado para ayudar de diferentes maneras. Las comisiones vecinales, organizaciones de iglesias y comunitarias, hacen rifas, arman kits, que van repartiendo en los sectores más carenciados.

En las barriadas se hacen ollas populares para que la gente pueda ir a conseguir al menos un plato de comida. Otros grupos también trabajan desde la plataforma de Twitter y Facebook con jornadas solidarias para ayudar a gente de barrios más pobres.

Marcelo Elizeche, un programador digital, creó la plataforma ayuda.py donde se puede dar ayuda, pero lo más interesante es ver quiénes necesitan y dónde están gracias a Google Map. Mediante este sistema muchísima gente salvó su comida del día. Los testimonios que recibe Elizeche o la gente que ayuda son desgarradores y pinta ese otro sector de la sociedad que no puede esperar en la casa.

Así, el país, cuyo Gobierno dice haber priorizado la salud por encima de la economía, se enfrenta ahora a otro desafío más inmediato y urgente: lograr que tanta gente que nunca fue prioridad para el sistema estatal termine esta cuarentena sin hambre.

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