Más de 300 beneficiarios del programa Ñangareko se aglomeraron en un centro comercial para cobrar dicho beneficio.
Esta mañana la fiscala Teresa Sosa se constituyó hasta el supermercado Luisito de Asunción, a los efectos de conocer el motivo de la aglomeración de personas en la citada sede comercial. La representante del Ministerio Público conversó con las personas, quienes le explicaron que llegaron en masa al pensar que tenían solo 48 horas para hacer uso del giro de uno de los programas que asiste el Estado por la pandemia del COVID-19.
Luego de conversar con las personas, varias regresaron nuevamente a sus hogares y aguardarán para poder efectivizar el importe acreditado por la Secretaría de Emergencia Nacional. Se solicita nuevamente a la ciudadanía tomar conciencia, buscar información adecuada y acatar las medidas restrictivas de circulación, contribuyendo entre todos por el bienestar general.
“Resulta que el comisario de la 18 Metropolitana, Víctor Barúa, informó al ministerio de la situación que se estaba planteando, donde personas desde las 5:30 estaban formando fila para usar el dinero que se le acredita en la billetera”, explicó Sosa.
La representante del Ministerio Público agregó que más de 300 personas que estaban formando fila son de los barrios Republicano y San Ana, respectivamente. Acotó que también el ministro de la SEN, Joaquín Roa, fue hasta el sitio y les explicó a todas las personas el mecanismo para retirar el dinero que se le acreditó. “Por suerte, muchas personas entendieron y se retiraron nuevamente a sus domicilios”, dijo finalmente la fiscala.
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Segunda colonia del Indert que llega al 100 % de titulación de tierras es Santa Rosa, de Itá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, informó que este domingo, se completó el 100 % de titulación de propiedades en Santa Rosa de Lima, en Itá.
Indicó que es la primera colonia totalmente formalizada en el departamento Central y es la segunda en el país en llegar al 100 % de regularización de las tierras, mediante el barrido predial masivo (BPM) llevado adelante por la institución.
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“Con la titulación de las tierras, que es una de las prioridades del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, le devolvemos la dignidad a los campesinos, porque les damos la oportunidad de avanzar en el desarrollo, mediante la inclusión económica y social”, enfatizó.
Con la entrega de más de 100 títulos en Santa Rosa se completa el 100 % de los títulos en esta colonia, tal como sucedió hace una semana en la colonia San Miguel, de Minga Guazú, recordó Ruiz Díaz, tras el acto en la fría jornada del domingo, que no fue un impedimento para desatar la alegría de los pobladores de Santa Rosa, que en un ciento por ciento de los beneficiarios participaron del evento.
“Es un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir y se cumplió”, expresó emocionada María Ruiz Díaz, una de las madres beneficiadas con el título de propiedad en la colonia Santa Rosa. “
“Estoy muy contenta con el trabajo que lleva adelante el presidente del INDERT”, dijo por su parte Alicia Leiva, otra de las beneficiarias. Mónica Benítez, exteriorizó su alegría y su agradecimiento porque con el acceso a la propiedad puede independizarse de sus padres.
“Yo me veía todavía viviendo en el terreno de mi mamá, por eso estoy muy feliz y muy contenta”, enfatizó la beneficiaria que puede de ahora en más brindar un techo a sus hijos.
“Esta es una política profundamente social del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, de promover el bienestar de la gente”, enfatizó el titular del INDERT tras la entrega de todos los títulos a sus beneficiarios.
El 70 % de los beneficiarios de la citada comunidad son mujeres jefas de hogar, que no pagan nada en concepto de interés por sus lotes, una medida adoptada por el gobierno actual a favor de las familias campesinas.
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Pensión tercera edad: quien cobró de forma indebida deberá devolver el dinero y podría ir a la cárcel
Este martes, tras una investigación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), salió a la luz que existen personas que seguían cobrando la pensión de tercera edad a nombre de personas fallecidas. Quienes cobraron indebidamente deberán devolver el dinero e incluso podrían ir a prisión.
El asesor jurídico de la institución, Alberto Lezcano, resaltó que se tratan de dos casos puntuales que cometieron hechos graves y que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que son varios casos en los que algún familiar seguía cobrando la pensión pese al fallecimiento del titular.
“Esto tiene una expectativa de pena de cinco años y el hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones está bien establecido. Además, deben devolver el dinero”, expresó Lezcano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Aseguró que más adelante estos casos ya no se van a dar, porque pediremos un control de supervivencia cada tres meses. “Concretamente son dos casos: uno que cobró G. 48 millones por una persona que falleció en Argentina, pero que era oriunda de Caaguazú, y otro caso en el que cobraron G. 45 millones en Alto Paraná”, señaló.
Indicó que estas personas sería familiares de los beneficiarios y que tenían sus tarjetas, por lo que siguieron cobrando la pensión por unos cinco años. “El cruce con el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones lo estamos haciendo rigurosamente, pero en estos casos no se comunicó el fallecimiento y creemos que fue de mala fe”, aclaró.
Manifestó que se tienen al menos 340.000 personas dentro del programa de la Pensión Alimentaria Adultos Mayores del Gobierno Nacional. Hoy, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna, en el que refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores fallecidos.
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Hasta el 3 de agosto, jubilados tienen tiempo para finalizar con censo digital
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.
El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.
Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.
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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.
Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.
Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.
De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).