El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El secretario general y director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, espera que, con la filtración de los documentos del exembajador Marc Ostfield, el gobierno norteamericano tome alguna medida al respecto y lo sancione, retirándolo al menos del servicio diplomático.

En comunicación con La Nación/Nación Media, González indicó que esta filtración confirma lo que ya venían denunciando: que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en contubernio con el exembajador Ostfield, operó para perjudicar a su adversario político, Horacio Cartes.

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“Lo mínimo que podría recibir es que se le saque del servicio diplomático, por su lamentable actuación, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir en el país”, sostuvo.

Sostuvo que todos estos hechos deben ser investigados acá en el país. Recordando que está en curso la imputación al expresidente Abdo y todos sus colaboradores que fueron ministros de la oposición en su gobierno.

“Este proceso tiene que llegar a su fin y que se haga justicia, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Esperamos que todo esto no queden en saco roto, para que nunca más ningún embajador vuelva a tener injerencia en asuntos internos del país”, acotó.

En otro momento de la entrevista, señaló que ni durante la pandemia las empresas del grupo Cartes habían sido tan afectadas como sí lo fueron con la sanción impuesta por Estados Unidos, durante el gobierno de Mario Abdo en alianza con el exembajador Marc Ostfield.

Ratificó que, con esta información, se confirma lo que ya venían sosteniendo sobre la utilización del aparato estatal para perseguir al enemigo político, y es lo que se conoce como terrorismo de Estado.

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Desde Tabacaleras del Este SA (Tabesa) señalaron que la persecución contra Horacio Cartes, materializada en sanciones derivadas de un operativo entre Mario Abdo y el exembajador Marc Ostfield, generó perjuicios económicos tremendos a la empresa, y colateralmente, el Estado se vio perjudicado luego de dejar de recibir enormes proporciones en concepto de impuestos.

De acuerdo a los datos expuestos en Unicanal, durante muchos años Tabesa fue el mayor aportante al fisco, y tiene un aporte histórico de USD 889 millones al Estado. En el 2022, la tabacalera aporta USD 40,6 millones al tesoro paraguayo; en el 2023, año de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) se redujo a USD 26,3 millones; en tanto, en 2024, esto bajo drásticamente a USD 7,3 millones y eso, sin mirar todos los daños colaterales a la pérdida de empleos, enfatizó Ortiz.

“Tan cretino es Mario Abdo Benítez que no tenía problema en que ocurran todas estas cosas, hay que pensar en las familias que viven de esto, los trabajadores tenían seguro privado, eran el sustento de sus hijos, pero nada de eso le importó a Abdo con tal de sacar ese odio y maldad, es una mala persona, porque es una persona que por un adversario político pierde la sensibilidad. Cartes y yo vamos a seguir viviendo bien, pero afectaron a esas personas que viven al día, la crueldad es inimaginable”, lamentó.

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Ortiz afirmó que el daño es invaluable, puesto que Tabesa tuvo que salir del mercado americano debido a las sanciones, pero no solo eso, sino también, esto perjudicó a toda la cadena de valor que depende de este negocio, proveedores, servicios y trabajadores tercerizados, y también al Estado, que perdió a uno de sus mayores aportantes.

El gerente de Tabesa también criticó que en el documento remitido por Ostfield al Departamento de Estado, incluye una defensa hacia Abdo, sin embargo, nunca le dieron la posibilidad de defenderse a Cartes de todas las acusaciones en su contra y menos de las sanciones que se aplicaron sobre su persona y sus empresas.

“A Cartes no le dieron la mínima posibilidad de defenderse, pero él (Ostfield) actúa de abogado de Mario Abdo, dejen de tratarnos de inocentes. Dijo que se atacaron a los colaboradores, de Ostfield y se refería a Arnaldo Giuzzio, que está directamente vinculado con Marcus Vinicius, que levantó los controles de la Senad en los puertos y empiezan a aparecer toneladas de droga en Europa enviadas desde Paraguay. Él no veía nada cuando eran los contrincantes de Horacio Cartes”, señaló.

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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, habló respecto al esquema montado contra su cliente, que quedó a la vista luego de que se filtrara el documento enviado al Departamento de Estado por parte de Marc Osfield durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Esto fue una asociación, no es que Ostfield solo se puso de acuerdo con una o dos personas. Mario Abdo encontró a un embajador que vino con una propia agenda, que se topó con una oposición férrea en Honor Colorado, pero encontró una asociación en el bloque opositor y los medios para incidir en las elecciones del Paraguay, esa es la motivación inicial. La tarea del embajador fue proveer y generar los vehículos con los que el gobierno pudiera afectar al enemigo político”, aseveró.

Las declaraciones del abogado se dieron en Unicanal, espacio, donde recalcó que el objetivo era dañar al Partido Colorado, al movimiento Honor Colorado y a su líder político, Horacio Cartes, y que esa meta querían lograrla a través de las elecciones y para esto, remitieron informes a Estados Unidos y filtraron informaciones a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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“Luego de que fracasó el operativo de vincular a toda costa a Cartes con Darío Messer, viene el embajador, y en enero de 2022 empieza esto, ahí comienzan las filtraciones, entran Arnaldo Giuzzio, Mario Abdo, Mauricio Espínola, Desirée Masi y otros y luego sale un informe íntegro en Abc y Última Hora”, precisó.

“Los reportes de operaciones sospechosas son publicaciones de Abc y Última Hora, sin ni una prueba, los bancos dijeron que las operaciones son lícitas y el informe se basa en declaraciones de Giuzzio publicados en estos dos medios, no hay ni una operación que ellos puedan señalar”, afirmó Ovelar, quien dejó en claro que todas las intenciones del gobierno de Abdo de propiciar un proceso en Estados Unidos no prosperaron.

El abogado cuestionó a Abdo y a sus exministros que hoy quieren alegar una persecución política por las investigaciones abiertas en su contra. “La víctima se llama Horacio Cartes y el verdugo es Mario Abdo, jefe de la gavilla que utilizó al Estado para crear una trama y relato, para perseguir, para mentir, para generar una falsedad y lograr sanciones que finalmente terminaron por dañar a una persona, a su familia y detrás de eso a unas empresas que daban sustento a familias paraguayas y de ingreso al fisco”, aseveró.

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