PJC: Autoridades de salud esperan brote de COVID-19
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Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
Una treintena de personas en cuarentena y la espera de un mayor brote de la enfermedad es el negro panorama que se anuncia en Pedro Juan Caballero, tras el fallecimiento de un sexagenario a consecuencia del COVID-19.
La sospecha es que el hombre habría adquirido el virus de su hijastra, quien a mediados del mes de marzo llegó a Paraguay proveniente de España y no respetó la cuarentena impuesta por el Gobierno.
De acuerdo a los datos, desde que llegó al país la mujer mantuvo contacto con varias personas en la ciudad.
“Al llegar, ella vino a visitar a sus dos hijos”, reveló Gilson Bogado, ex pareja de la misma.
Dijo que incluso durante la visita, ella agredió físicamente a su actual pareja, por lo que todos fueron a parar en la comisaría.
“Vamos a esperar un brote de COVID-19, ojalá que no sea violento”, afirmó el director hospitalario, Nelson Collar.
Funcionario de la Gobernación
Según se supo, uno de los hermanos del sexagenario fallecido por coronavirus es funcionario de la gobernación de Amambay. El mismo, la semana pasada estuvo entregando kits de alimentos a varios pobladores de la ciudad en compañía del gobernador Ronald Acevedo (PLRA).
Al enterarse que su hermano murió a consecuencia del COVID-19, se autoaisló en una chacra ubicada en la colonia Potrero Sur, según se informó.
El fiscal Marco Amarilla confirmó que formulará imputación contra la compatriota que llegó desde España, por violar la cuarentena sanitaria.
“Será imputada por violar el decreto presidencial que dispone la cuarentena en todo el territorio nacional”, señaló el representante del Ministerio Público.
Se sospecha que la misma es portadora del COVID-19 y en ese sentido, transmitió el virus a su padrastro, quien falleció el fin de semana a consecuencias de la enfermedad. La imputación será formulada en el transcurso de las horas.
Detienen a tres personas por hurto y recuperan aparatos celulares
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La Policía Nacional detuvo a tres personas luego de una persecución, debido a que las mismas habrían hurtado dos aparatos celulares. Los detenidos fueron identificados como Patricio Samuel Silva Morel, de 20 años, Ruth Mabel Figueroa, de 18 años y Fernando Darío Benítez Bogado, de 24 años.
Durante el procedimiento fueron recuperados dos aparatos celulares, producto del ilícito. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 16ª de Asunción. Los aprehendidos y los objetos recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Ahora, el Ministerio Público tendrá que convocar a los detenidos para la audiencia indagatoria, donde los mismos tendrán derecho a declarar y defenderse. En caso que no lo hagan se dejará constancia y el fiscal del caso podría avanzar en el presente caso presentando la imputación, si se tienen los elementos de sospecha correspondientes.
En caso de presentarse la imputación, se tendrá que pedir una medida cautelar que podría ser la prisión preventiva de los aprehendidos. Luego los mismos deberán acudir al Poder Judicial donde se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.
Si el juez de turno decide decretar la prisión preventiva, la defensa de los imputados podrá apelar el fallo judicial y en caso de producirse eso será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si se ratifica la resolución de primera instancia.
Pedro Sánchez evalúa si renunciará a su cargo de jefe de gobierno español
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Madrid, España. AFP.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.
Mejora de panorama económico ayuda a reducir la morosidad
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La morosidad está mostrando una reducción de sus niveles y, pese a que se mantiene por encima del 3 %, al arranque de este año se aceleró la baja. Expertos exponen que este freno y caída podría estar explicado por un mejor panorama económico general que experimenta el país.
Según los indicadores financieros del Banco Central del Paraguay (BCP), la tasa de morosidad a febrero de este año se ubicó en 3,21 %; es decir, 0,16 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mismo mes del año anterior.
Según el análisis de la consultora Mentu, este dato es el más bajo desde el mes de diciembre y uno de los menores en los últimos años. Esto sucede en línea con la mejora del panorama económico, no obstante, también podría estar reflejando los ajustes de cartera.
COMERCIO, MAYOR MORA
El análisis de las tasas de morosidad por segmentos de crédito muestra un comportamiento mixto, siendo el comercio al por menor y el consumo los de mayor morosidad con más del 5,5 %. No obstante, estos sectores también mostraron un retroceso importante en sus niveles en comparación con el año anterior. En cuanto a los segmentos de crédito con aumentos en sus tasas de morosidad, se destacan la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, la construcción y la ganadería. En contrapartida, cayeron las tasas de morosidad de otros sectores económicos, agricultura e industria. Desde el BCP coincidieron en que el retroceso en el nivel de deudas incumplidas también está explicada por la mejora en la economía, además de un buen dinamismo que está teniendo la cartera de créditos del sistema.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.