El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

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“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

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En el marco de la investigación del homicidio de un joven delivery en el barrio San Francisco, en medio de un asalto, efectivos del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción llevaron adelante un allanamiento que derivó en la detención de una mujer que estaría implicada.

La ahora detenida fue identificada como Nahir Sabrina Rodríguez, de 27 años; la misma sería la encargada de recibir el aparato celular, el cual aparentemente habría sido solicitado por su pareja, un hombre que se encuentra recluido en el penal de Emboscada.

“Hasta el momento todo nos conduce a que fue un reo el que orquestó todo esto, porque desde la cárcel de Emboscada sale la llamada de contacto con la empresa que vendía los aparatos celulares y cuyo pedido debía ser entregado por el joven delivery”, explicó el comisario Osvaldo Andino en conversación con la 1020 AM.

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El mismo remarcó que todo apunta a que el objetivo era realizar un asalto, pero que los autores se habrían asustado ante la resistencia que presentó el trabajador y que esto llevó a que la violencia escalara al punto en que le dispararon y huyeron sin llevarse nada.

“Sabemos que el comercio se puso en contacto con el delivery que le dio el contacto para la entrega que presumimos habría estado utilizando esta mujer para coordinar el momento de su llegada. Igualmente seguimos investigando todos los indicios que van surgiendo”, comentó el comisario Andino.

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Este martes salieron a la luz una serie de situaciones que involucran a la abogada María Fátima Muñoz Escobar, quien usara la sala de juicios como set para videos, una es representante de la mujer que sería cómplice en el asesinato al delivery en Asunción. La letrada también es defensa de los padres del sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez.

Además de su pasado turbio, en el que fue condenada por proxenetismo contra una menor y frustración de la persecución penal en el 2017, hoy se dio a conocer que Muñoz Escobar también es abogada de la Micaela Noemí Silvero, de 21 años. Esta joven había orquestado el crimen del delivery, Alfredo David Duarte, de 29 años, en el barrio San Francisco.

“En el caso del homicidio del delivery en Asunción, tuvimos un primer procesado que fue un menor y luego cae la señorita Micaela Silvero, el sábado 31 de mayo, esta abogada asume la defensa de la acusada que se encuentra en el penal de Concepción”, detalló el fiscal Aldo Cantero, en entrevista con la 1020 AM.

Explicó que la joven está imputada por homicidio doloso en calidad de cómplice en el hecho del crimen de delivery. “Esta señorita había participado en la organización y proveer el arma al menor. Además, probablemente estaría involucrada de que esta persona sea emboscada en el lugar”, puntualizó.

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Desde la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala de juicios. Esto luego de que se viralizaron dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala como set para grabar y promocionar sus servicios.

Hoy, la exministra de la niñez y actual directora de la Unidad de Trata, María Teresa Martínez, la abogada que se hizo viral por sus videos en redes sociales, ya había sido condenada por proxenetismo y frustración de la persecución penal. En aquel momento era estudiante de Derecho.

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El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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