El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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El albergue de la SEN recibió a 35 personas en la noche del lunes, la cifra más alta alcanzada hasta el momento en esta temporada. El frío intenso registrado en los últimos días eleva la demanda de refugio para personas en situación de calle.

El refugio, instalado en el marco del operativo Jaho’i, brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas. Los beneficiados en esta ocasión fueron 33 hombres y dos mujeres.

“Si bien es el punto más alto desde que iniciamos en mayo, la cifra es menor a la del año pasado, cuando en el momento más crítico llegamos a 60 personas, lo que demuestra que hoy estamos en los niveles normales de asistencia”, precisó el ministro Arsenio Zárate, en diálogo con la 650 AM.

Las personas recibieron cena, abrigo y un lugar seguro para descansar, además de desayuno al día siguiente. También se trasladó a un hombre hasta el Hospital de Barrio Obrero para una consulta médica programada.

Asimismo, equipos de la SEN recorrieron distintos puntos de la capital para asistir a personas expuestas al frío en la vía pública. Tres ciudadanos rechazaron ser trasladados al albergue, pero aceptaron frazadas para protegerse del frío, informó el titular de la SEN.

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Desde la institución recuerdan que la ciudadanía puede colaborar reportando casos de personas expuestas a las inclemencias del tiempo a través del número telefónico 0986 111 001, habilitado para recepcionar alertas y coordinar intervenciones.

La SEN cuenta actualmente con un albergue principal en la Costanera Norte y otro espacio de contingencia en la Costanera Sur, que puede ser habilitado cuando aumenta la demanda. También existen refugios disponibles en Limpio, Roque Alonso, San Lorenzo, Encarnación y Caacupé.

“Estamos instalando carpas en Asunción y el Área Metropolitana, y trabajando en conjunto con municipios como Caacupé, Encarnación, Concepción y Amambay, además de ciudades de Central como San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Limpio”, puntualizó Zárate.

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Escalofriante relato de hechos en el que el sospechoso para cubrir sus abusos amenazaba de muerte a sus sobrinos de 13, 11 y 8 años.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños cometido supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos puni­bles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma siste­mática desde principios de 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la colonia San Isi­dro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fis­cal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexual­mente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicar­las en las redes sociales y le entregó como regalo un apa­rato celular.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el sos­pechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la pri­mera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza, la niña reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocu­rrido, hechos que se repitie­ron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien pro­metió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo suce­dido. Finalmente, las vícti­mas contaron las agresiones que sufrieron y la familia for­malizó la denuncia.

La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.

“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.

Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.

“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.

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Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.

La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.

La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.

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